.png)
TEMAS CENTRALES
Por Miguel Tirado Rasso
El turno para que hablen unos,
los candidatos, y deban callar otros,
los gobernantes, de acuerdo con el
ordenamiento de la legislación electoral.
La madre de todas las elecciones, el mayor proceso por número de cargos de elección popular (20 mil 708) y de posibles electores (99 millones 23 mil 975) en la que, por primera vez, se realizarán elecciones simultáneas a nivel federal y estatal en las 32 entidades de la República, inició formalmente, en su etapa final, el pasado primero marzo, previo a la fecha de la elección, con el período de campaña. El turno para que hablen unos, los candidatos, y deban callar otros, los gobernantes, de acuerdo con el ordenamiento de la legislación electoral.
Porque en la muy reformada ley electoral vigente, a lo largo de los años se incluyeron modificaciones y ajustes a petición de las fuerzas políticas de la oposición que se sentían avasallados por un partido casi único, hegemónico, que se había mantenido en el poder a lo largo de siete décadas.
Los reclamos de piso parejo en la lucha por el poder llevaron a establecer límites y restricciones a los funcionarios de gobierno, para evitar el uso de los recursos públicos en apoyo a sus candidatos en tiempos electorales.
También lograron, los de la oposición de entonces, que se prohibiera al jefe del Ejecutivo intervenir de cualquier forma en los procesos electorales, incluso la promoción de obras de gobierno y expresiones relativas al proceso electoral, justo en época de campaña, por la influencia del peso del poder presidencial.
La ley quedó con restricciones extremas que, ahora en el gobierno quienes como oposición demandaron esas reformas, tratan de evadir su cumplimiento.
La más difícil de cumplir es la que prohíbe al Ejecutivo hablar sobre los comicios, apoyar a los candidatos de su partido, promover los programas sociales y obras del gobierno y descalificar a los candidatos de la oposición.
El anuncio de Palacio Nacional sobre la gira que realizará el jefe del Ejecutivo por 23 estados de la República, en coincidencia con el inicio del período de campaña electoral, es un mal mensaje.
Por lo pronto, los estados que piensa visitar son los gobernados por Morena y cabe el sospechosismo de que, más que supervisar la reestructuración del sistema de salud para dejarlo mejor que el de Dinamarca, según su afirmación, lo que revisará serán las estrategias de apoyo que darán los gobernadores a su candidata presidencial.
El presidente López Obrador no parece dispuesto a hacerse a un lado del proceso electoral. Menos en la etapa final. Está claro que el proceso de la sucesión presidencial se ha llevado a cabo de acuerdo a su diseño, que no tiene nada que ver con las formas ni los tiempos establecidos por la ley.
Para posicionar sin problemas a quién él había decidido postular, adelantó, por mucho, las fechas tradicionales del destape. En julio de 2019 anunció los nombres de las corcholatas que competirían por la postulación presidencial, lo que dio una muy conveniente ventaja para la autopromoción de quien sería la elegida.
El juego de la sucesión ha seguido la ruta trazada por el Ejecutivo. Al mejor estilo de los tiempos de la aplanadora priísta, la candidata oficial ha recibido los apoyos del sistema, con la diferencia de que en aquellos tiempos los candidatos presidenciales tenían libertad en el manejo de sus campañas y ahora prevalece la sombra del Ejecutivo.
El primer Mandatario interfiere con comentarios y ataques a la candidata opositora; con declaraciones que hablan de la continuidad de su proyecto político; con el envío de iniciativas de reformas constitucionales al cuarto para las doce y con recorridos “privados” por el país en tiempos de campaña. Todo para no perder protagonismo en la sucesión y, a su manera, guiar y controlar los pasos de campaña de su candidata.
Está visto que el Primer Mandatario no está dispuesto a acatar la ley que lo obliga a marginarse del proceso electoral. No quiere correr riesgos de una posible derrota y siente que su peso político y su popularidad son determinantes para asegurar el triunfo electoral de la candidata morenista, de quien duda pueda ganar sin su ayuda.
Seguirá violando la ley cuantas veces lo considere necesario para el apoyo de su causa, y si la autoridad se atreve a formular alguna medida cautelar en su contra, reaccionará con descalificaciones, considerándola enemiga de su gobierno y acusándola de tratar de boicotear la transformación del país.
Vaya tarea que espera a las autoridades electorales.
Marzo 7 de 2024
Comments