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Por Omar Garfias
@Omargarfias
Vivimos en el estado donde menos se detiene a los delincuentes, nos informa el INEGI.
En 2022, 146 mil 864 personas fueron presentadas ante el ministerio público en todo el país. De esas detenciones, sólo 169 sucedieron en Sinaloa.
Sí, ciento sesenta y nueve. El 0.11 por ciento. Una décima de punto porcentual.
En Campeche, el número de habitantes es la tercera parte del de nuestro estado y no tiene los problemas de crimen organizado que nosotros padecemos. Ahí fueron puestos a disposición del ministerio público 3 mil 61 presuntos delincuentes, 18 veces más que aquí.
En Yucatán, con una población 20 por ciento menor a la sinaloense y con el menor nivel de delincuencia del país, fueron presentados a la autoridad penal 4 mil 81 personas, 24 veces más que aquí.
En todos los estados con una cantidad de pobladores similares a la nuestra, hubo más detenciones que las 169 de acá. En Sonora, 1 mil 813; en San Luis Potosí, 11 mil 607; en Coahuila, 8 mil 129, y en Hidalgo, 4 mil 370.
El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal es muy contundente: somos el peor estado, donde menos personas se ponen a disposición del ministerio público.
Ni en los casos más impactantes que trascendieron la somnolencia pública hay detenidos.
Tampoco se sancionan las faltas cívicas.
Consumir bebidas alcohólicas en calles y lugares públicos; conducir ebrio o drogado; generar ruidos que alteren la tranquilidad o salud de los vecinos, reñir o escandalizar.
En 2022, en Sinaloa sólo se presentaron a 382 personas ante la autoridad de la justicia cívica. El 00.12 por ciento de las 319 mil de todo el país.
Muchas menos que las 9 mil 873 de Campeche; 14 mil 818, de Yucatán; 2 mil 354, de Coahuila; 4 mil 370, de Hidalgo, y 4 mil 97 de Durango.
La Guardia Nacional detuvo, en 2023, en todo el estado, a dos personas por faltas cívicas y a 16 por delitos. Sí, dos y dieciséis.
Insuficiencia, ineficiencia y corrupción privan en los cuerpos de seguridad que deberían protegernos y prevenir el delito.
En 2023, en promedio nacional, hubo un policía preventivo por cada 142 mil personas. En Campeche y Tabasco, un elemento por cada 66 mil ciudadanos. En Sinaloa, uno por cada 333 mil.
Ese mismo año, el presupuesto ejercido por las instituciones de seguridad pública estatales de Sonora y Yucatán fue de 3 mil 171 millones y 3 mil 634 millones respectivamente. En Sinaloa fue de 936 millones, menos de la tercera parte.
Un botón de muestra de una causa mayor de la inseguridad: un comandante de la Policía Ministerial era el jefe de seguridad de un importante capo, según él mismo nos informó.
Podemos ser víctimas de lo que sea.
Según el Censo de Procuración e Impartición de Justicia Estatal 2022 del INEGI y de solicitudes de información de la organización “México Evalúa”, el porcentaje de casos denunciados no resueltos en nuestra entidad, en homicidios dolosos es de 99.9; en feminicidio, 94; desaparición, 95 por ciento; extorsión, 99; violación, 95; robo simple, 96; despojo, 96; fraude, 97, y narcomenudeo, 100.
De todos los casos que conoció la Fiscalía sinaloense en 2022, el 96 por ciento no se resolvió; 5 puntos peor que en 2021.
En Sinaloa hay 101 agencias y/o Fiscalías del Ministerio Público. Somos el sexto estado con menos personal adscrito a estas áreas: 475 elementos. Ellos deben resolver los cerca de 30 mil casos (carpetas) que suceden cada año, más el rezago, calculado en 75 mil, sólo de los tres años anteriores.
En Baja California Sur y Tlaxcala, con un tercio de la población de aquí y menos carpetas de investigación, tienen 568 y 518 elementos investigadores respectivamente.
La Fiscalía General de Justicia del Estado cuenta con 1 mil 970 trabajadores, mientras que las de Sonora y Tabasco, con menos población, tienen más de 2 mil 540 cada uno.
Del fuero federal, los agentes o fiscales del ministerio público y fiscales federales tienen una carga de trabajo de 290 carpetas de investigación al año. Prácticamente, tienen sólo un día laboral para resolver cada caso.
No hay capacidad para combatir la delincuencia.
No se ha mejorado la capacidad para combatir la delincuencia en Sinaloa.
Se mantiene más débil que a otros al sistema estatal sinaloense, que enfrenta a una delincuencia muy poderosa.
Ni el gobierno del estado ni el gobierno federal han hecho algo eficaz que transforme la capacidad de combatir la delincuencia.
La reforma judicial presentada por el presidente no toca ninguna de las debilidades anotadas.
La política no ha generado una acción pública que nos asegure que no seremos víctimas, que nuestro patrimonio esté seguro y que, en la calle, nuestra familia pueda estar sin preocuparse.
Tampoco desde la sociedad se ha construido una agenda concreta, priorizada, de pocos puntos, consensuada, conocida y respaldada masivamente por las centenas de miles de los sinaloenses, que signifique una insoslayable presión social e indique detalladamente las responsabilidades de ciudadanos y autoridades.
No hay plan ciudadano alternativo.
Hemos normalizado el problema e implementado estrategias de adaptación. Vivir en privadas, pagar guardias, encadenar el tanque de gas, sonreírle al narco de la mesa vecina, festejar al familiar puntero, etcétera.
Mientras, en 2023 subieron 12 por ciento los homicidios dolosos; 15 por ciento el robo de vehículo; 39, el robo a casas; 43, el feminicidio; 94, el narcomenudeo; 133, el secuestro y 700 el robo a autotransporte.
Como dijo alguna vez José Emilio Pacheco: “Bajo el nombre del bien, el mal se impuso”.
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