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¡Qué hay de nuevo…Viejo!
Por Araceli Mendoza
@Arinmaldoza
En la aplicación de vacunas en la Ciudad de México para proteger de la COVID-19, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio cuenta del índice de envejecimiento más alto de la República Mexicana, con 90 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. De acuerdo con esto, 15.1 millones de personas de 60 años o más vivían en el país en 2020, lo que representa 12 por ciento de la población total.
También fuimos testigos de la carencia de infraestructura para los adultos mayores y para las personas con alguna discapacidad motriz: no hay rampas para las sillas de ruedas, islas para el ascenso y descenso de adultos mayores de los automóviles o taxis, para evitar congestionamientos de tránsito y situaciones de riesgo... y ya ni hablemos de las banquetas, que parecen campos minados.
La Asamblea de Representantes de la CDMX aprobó un dictamen para incluir la violencia institucional en la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores, y en el Sistema Integral para la Atención de la CDMX.
Dicho dictamen menciona que las instituciones y servidores públicos deberán dar garantía y un trato digno, con respeto, preferencial y libre de las agresiones que, sin duda, padecen los adultos mayores en distintas oficinas públicas.
Y como decía Santo Tomás: hasta no ver, no creer, para saber si serán adecuadas y con las condiciones necesarias para fomentar un entorno seguro y libre de maltrato.
Hay que considerar que muchas personas adultas Mayores han disminuido o perdido sus capacidades de audición y visión, y que su movilidad es lenta. Las oficinas deberán tener toda la adecuación necesaria, y considerar que las que presentan los mayores problemas en la atención al público son, sin duda, las Agencias del Ministerio Público.
Se dice que el personal administrativo deberá tener una formación y capacitación constantes en materia de derechos humanos, para que priorice a los adultos mayores. Sería conveniente que en esas capacitaciones participaran gerontólogos.
Qué lastima que este programa sólo se aplicará en las oficinas públicas, porque las instituciones bancarias también se deberían ajustar a él, ya que por esas deficiencias, las personas adultas mayores son presas de robos o extorsiones.
La propuesta de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, establece responsabilidad de quienes ejerzan maltrato, abuso o negligencia en perjuicio del bienestar de adultos de la tercera edad y les impida el pleno goce de sus derechos humanos. El documento plantea reconocer la violencia que sufre este grupo etário.
A las personas adultas mayores se les debe tener muchas consideraciones, y también considerar que su economía no es de las mejores, por lo que no pueden ir y venir varias veces a las oficinas gubernamentales para resolver los asuntos que deban tramitar.
La diputada Valentina Batres Guadarrama destacó que con esta aprobación se conceptualiza el término de la violencia institucional y se permite atender a la población sexagenaria.
Otra limitante que tienen los adultos mayores son las huellas digitales, las cuales se vuelven difusas y difíciles de escanear, porque los dedos de los viejos no son iguales que los de los jóvenes. En muchos trámites piden la huella y esto hace que el trámite se vuelva engorroso, en especial en los bancos, que han instrumentado estos sistemas tecnológicos.
Por tal motivo, la diputada Batres menciona que el objetivo de la iniciativa es reconocer la existencia de una violencia institucional y evitar que persista.
quehaydenuevoviejo760@yahoo.com.mx