Autonomía "razonable"

Temas Centrales

Por Miguel Tirado Rasso

mitirasso@yahoo.com.mx

Hay que entender que la jefa

del Ejecutivo es la presidenta

de todos los mexicanos,

no solamente de los de Morena

y sus partidos aliados.

Continúa el avance incontenible e irremediable de la propuesta de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum, en un alarde de autosuficiencia, decidió encargar a los más cercanos colaboradores de su gobierno y, para que no quedara duda sobre los contenidos, intereses y la línea que debía seguir la propuesta, denominaron “Comisión Presidencial para la Reforma Electoral” al grupo de trabajo conformado.

Eso refleja el concepto de pluralismo e integración que tiene el gobierno morenista cuando, para elaborar la propuesta que se enviará al Congreso, no incluyó alguna figura independiente, imparcial o experto en la materia que aportara “otros datos” que podrían enriquecerla. Lamentable, porque la reforma impactará en la democracia del país, con repercusiones en el futuro político, además de su obligatoriedad para todos los ciudadanos mexicanos, simpatizantes o no de la 4T.

Conviene recordar que si bien la presidenta obtuvo 35.9 millones de los 58.6 millones de votos válidos emitidos en la elección presidencial pasada, quienes votaron por otras opciones sumaron 22.7 millones, que no son pocos, de un padrón de 98.4 millones de posibles votantes. Hay que entender que la jefa del Ejecutivo es la presidenta de todos los mexicanos, no solamente de los de Morena y sus aliados.

Durante su campaña presidencial como candidata de Morena, sus discursos estaban dirigidos a sus partidarios y a convencer a quienes no lo eran. Esa era su tarea. Asumido el cargo, su responsabilidad es gobernar para todos, propios y extraños de la 4T, porque representa a México y a su población.

Por eso consideramos un grave error de origen que para elaborar la propuesta de reforma electoral, la presidenta de todos los mexicanos creara una comisión integrada únicamente por miembros de su gabinete, mostrando abiertamente una parcialidad incompatible con su cargo, al ignorar a los millones de ciudadanos en la oposición o que piensan diferente, como si no existieran. En el colmo, tampoco se incluyó a representantes de los partidos aliados a Morena, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

La experiencia histórica del estilo de trabajo legislativo en tiempos de la 4T ha mostrado que las iniciativas de Palacio Nacional son aprobadas por la avalancha de Morena y sus aliados, aprovechando su mayoría calificada en ambas cámaras, sin mover ni una coma.

La convocatoria al parlamento abierto que tanto presumen los dirigentes de las bancadas de diputados y senadores morenistas, sólo sirve para tapar el ojo al macho, pues de lo ahí dicho, como han reconocido algunos legisladores de ese partido: los oyen, pero no los escuchan, por lo que resulta un ejercicio sin  trascendencia. Inútil, pues, ya que nada de lo que ahí se dice se toma en cuenta.

La cerrazón oficial a las voces divergentes no se puede ocultar. La primera mandataria descalifica, sin mayores argumentos, propuestas de figuras opositoras que dice haber leído: la de Claudio X. González, “bastante mala”; la de Lorenzo Córdova, “no está muy buena”, y la del Instituto Nacional Electoral (INE), “larguísima”, aunque tiene algo interesante: “llevar la elección de jueces al 28 (2028) y no en 27 (2027) para que no quede todo junto, entonces habrá que considerarlo”. Al menos algo gustó en Palacio.

Cuando la presidenta del INE y varios de sus consejeros se reunieron con Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial, para entregar su propuesta de reforma electoral, el otrora destacado activista de oposición olvidó su pasado de lucha en contra de que el gobierno organizara, dirigiera y calificara el resultado de las elecciones y ahora, muy comprometido para quedar bien con la presidenta, aclaró su postura respecto de la autonomía del organismo: No puede ser autónomo, porque eso implicaría que pueda darse sus propias leyes y gobernarse por sí mismo, lo que no corresponde a un órgano administrativo del Estado, como es el INE, señaló.

La posición del titular de la Comisión Presidencial, generó una cascada de críticas, al grado de que la Presidenta tuvo que intervenir, asegurando que su reforma no quitará la autonomía al INE, ni busca un control político.

“No se trata de quitar autonomía al INE; no se la vamos a quitar…”, dijo, y hasta ahí todo iba bien, pero entonces decidió adjetivar la autonomía del Instituto: “…pero que sea algo razonable”, lo que dejó la interrogante de cuál será el parámetro y quién determinará lo razonable. Autónomo, entonces, pero nada más poquito.

Enero 22, 2026