¿Conexión mortal?

Temas Centrales de la política en México 

Equiparando acusaciones criminales

contra personajes morenistas

con ataques a la soberanía del país,

en Palacio Nacional reclaman supuesto

injerencismo de los estadounidenses.

Por Miguel Tirado Rasso

mitirasso@yahoo.com.mx

Parte 2 

Habría que considerar, en el origen de las estrategias anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos (EUA) en su lucha contra el narcotráfico, la persistencia que tiene el presidente Donald Trump en que México perdió el control de su territorio y los narcotraficantes son quienes mandan en el país. Y aunque dore la píldora al afirmar que la presidenta es una mujer maravillosa, poco favor le hace al afirmar que tiene miedo de enfrentar a los cárteles.

Estos comentarios son casi imprescindibles en los discursos del presidente norteamericano en entrevistas, ceremonias públicas o foros internacionales al referirse a nuestro país. Su insistente repetición da lugar a sospechar que no es una mera ocurrencia, sino una estrategia para crear un mal ambiente hacia México y quizá justificar alguna medida extrema que pudiera considerar llevar a cabo más adelante en el combate al narcotráfico.

A los comentarios negativos del mandatario le han seguido casi semanalmente, en coro, los de sus más altos colaboradores en materia de inteligencia y seguridad. De los más recientes y agresivos, en los que se hace referencia expresa a una connivencia entre gobierno y crimen organizado, destaca el de Terrance Cole, titular de la Administración del Control de Drogas (DEA), quien afirmó durante la Cumbre Estados Unidos libre de Fentanilo que existe una “conexión mortal” entre los cárteles del narcotráfico y el gobierno mexicano. Ambos son lo mismo e inseparables, dijo, y en la DEA son la prioridad número uno.

Y los de Sara Carter, la zarina antidrogas, quien señaló en una entrevista que con todo y que México ha colaborado como nunca antes, Estados Unidos seguirá apuntando a los funcionarios corruptos que apoyen a los cárteles en Sinaloa, y advertir que su gobierno va tras quienes “no quieran cooperar con nosotros”. Los vamos a atacar y se van a arrepentir, dijo recordando palabras recientes de su jefe.

Ante esto, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno mexicano? Por razones que no se entienden, la 4T ha optado por una actitud defensiva, un modo de negación y sobreprotección a políticos y funcionarios de Morena señalados por el gobierno norteamericano de supuestamente estar vinculados con el crimen organizado. Equiparando acusaciones criminales formuladas en contra de personajes morenistas con ataques a la soberanía del país, en Palacio Nacional reclaman a los estadounidenses por un supuesto injerencismo. Son campañas, dicen, de la ultraderecha norteamericana contra el gobierno porque no quieren que haya una buena relación y, en automático, desechan la posibilidad de que efectivamente pudiera existir complicidad de funcionarios públicos con el crimen organizado.

No hay pruebas, responde el gobierno de la 4T a la demanda de detención con fines de extradición de 10 funcionarios públicos y políticos de Sinaloa y, sin más, los pone a buen resguardo. Nadie sabe dónde se encuentran ni dan señales de intentar investigarlos.

Eso sí, algunos como el gobernador Rubén Rocha Moya tuvieron que solicitar licencia y sus cuentas bancarias han sido congeladas, a pesar de que oficialmente se insiste en que el gobierno americano no ha aportado pruebas que lo inculpen.

Una desafortunada actitud de pasividad y menosprecio a las denuncias del Departamento de Justicia estadounidense y sobreprotección incondicional cuando se trata de personajes de su partido. Con esto, los cuatroteístas del segundo piso sólo contribuyen a que la sospecha del contubernio entre políticos morenistas-cárteles del narcotráfico cobre más fuerza entre propios y extraños. Sobre todo cuando, en ciertos casos, sobrarían elementos para dudar de la probidad de algunos “destacados” morenistas.

Para colmo, algunos políticos del partido en el gobierno han comenzado a inquietarse por la decisión de la Casa Blanca de cancelar sus visas por actividades y relaciones sospechosas. Se rumora que algunos han buscado a las autoridades norteamericanas para que, a cambio de información, les repongan sus visas y otorguen cierta inmunidad.

El caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, es quizá el más notable por los dimes y diretes entre ella y Jaime Bonilla, su antecesor y acérrimo enemigo, a quien la gobernadora atribuye haberla hecho víctima de una emboscada, además de acusarlo de filtrar audios que la dejan muy mal parada al ofrecer información a supuestas autoridades de seguridad del vecino país del norte a cambio de que le permitan el cruce de frontera. La gobernadora se enreda cada vez más en su intento por aclarar lo que no quiso decir en su intento por negociar la reposición de su visa.

Para su fortuna, no importa qué tan graves pudieran ser los arreglos que pretendía lograr a cambio de cierta información sensible y que se escucha en la conversación de los audios difundidos, pues el blindaje que le da su morenismo la exculpa de cualquier duda o sospecha, en evidente contraste con lo que sucede a quienes militan en la oposición.

A los neoliberales y conservadores todo el rigor de la ley, aunque se carezca de pruebas. Con la sospecha basta y sobra. Al exgobernador panista Ernesto Ruffo se le vinculó a proceso por delincuencia organizada y huachicol fiscal, con prisión preventiva en un penal de máxima seguridad, ante la peligrosidad que representa un político de más de 70 años.

Así es la justicia del segundo piso de la 4T.

Agosto 5, 2026