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Por Omar Garfias
@Omargarfias
En 2014, el Gobierno federal transfirió 42 mil millones de pesos a los gobiernos locales de todo el país para mejorar sus policías.
Fue el mejor año de la administración anterior.
El presidente López Obrador redujo ese apoyo.
En 2019 y 2020 sólo envió 35 mil millones de pesos por año y en 2021 y 2022 sólo 28 mil millones.
Les ha quitado 42 mil millones de pesos en los cuatro años.
Son datos del propio gobierno, de Hacienda y de la Cámara de Diputados.
El Gobierno federal no cumplió el compromiso, establecido en la Constitución, de apoyar a las policías municipales y estatales para que pudieran encargarse de la seguridad pública en el año 2024.
El Gobierno federal dice que ahora sí va a cumplir. Pidió y consiguió una prórroga hasta el 2028.
Si de verdad quiere cumplir su compromiso debe empezar por, primero, reabrir el Programa de Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg) que estaba dedicado a ese propósito y desapareció en 2021.
Debe implementarse con mecanismos que eviten la corrupción en el uso de ese dinero.
Un error del trabajo del Gobierno federal para fortalecer los cuerpos de seguridad locales es que no tiene un diagnóstico de cuánto necesita para contratar más policías, dotarlas de armamento adecuado y capacitarlas.
Debe, segundo, iniciar ese diagnóstico para identificar la situación actual de los 2 mil 471 municipios y los 32 estados. Saber qué necesita cada uno, programar el presupuesto y definir el proceso para proveerlos. No es una tarea sencilla y rápida, pero es imprescindible.
Mientras tanto, para no perder tiempo, debe, tres, compensar en 2023 los recursos que no se invirtieron en los años anteriores, esto es, el Fortaseg del próximo año debe ser por un monto de 50 mil millones de pesos.
Son 42 mil millones para cubrir el retraso 2018 – 2022, y 8 mil millones que corresponderían al año 2023.
Los expertos han dejado claro que los países con buena seguridad pública tienen como base a buenas policías locales.
Las policías locales no pueden ser substituidas eficientemente con el Ejército. Hacen cosas diferentes, son complementarias más no sustituibles o intercambiables.
En este momento, la Guardia Nacional militarizada y el Ejército no detienen a los delincuentes que no capturan los policías municipales.
En el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal se registra que, en 2020, la Guardia Nacional militarizada puso a disposición del Ministerio Público a seis personas por el delito de homicidio doloso. En ese año hubo más de 36 mil asesinatos.
Esa es la efectividad de la militarización, 6 de 36 mil.
Estamos indefensos.
Veamos el ejemplo de las masacres, del asesinato de tres o más personas en un solo acto violento.
Ese acto se suele realizar con un vehículo donde viajan cuatro delincuentes.
La posibilidad de que un convoy militar coincida con ese vehículo en el momento que van a realizar la masacre es sumamente baja.
Es altamente improbable que los recorridos militares puedan evitar una masacre o capturar in fraganti a los asesinos.
Por eso llevan tan pocos detenidos por homicidio doloso.
Esas masacres se evitan y castigan mediante un trabajo policial que identifica los grupos en pugna, las zonas y lugares por donde se mueven, las tensiones entre ellos, las amenazas lanzadas, etc.; en otras palabras, se resuelven con el trabajo de investigación de cercanía que es propio de las policías.
Un experto contaba que autoridades municipales les dicen a los cuerpos militares “los reyes del perímetro”, porque nunca llegan cuando suceden las masacres y siempre informan que están en control del perímetro del evento.
De enero a agosto de 2022 en México han sucedido 342 masacres.
No estamos seguros.
Se necesitan buenas policías municipales y estatales, complementadas por el Ejército.
Los policías investigan y, si se trata de enfrentar a un grupo de delincuencia organizada, debieran ser acompañados del ejército.
Los complementan, no los sustituyen.
Por proporción de población, a Sinaloa le corresponderían 1 mil 170 millones de un Fortaseg que de verdad quisiera apoyar a los policías municipales y estatales para comprar mejor armamento, ser bien capacitados y contratar suficiente personal.
Si no se destinan 1 mil 170 millones en 2023 para las policías locales sinaloenses y se concluye el diagnóstico policiaco, toda la prórroga otorgada al Gobierno federal habrá sido un engaño más a Sinaloa, una farsa, una pantomima.
Seguiremos estando inseguros.
No nos matan porque no quieren, no porque no puedan.
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