Por: Fernando Silva
Toda circunstancia de inseguridad conlleva la inminencia de un sinnúmero de riesgos que generan calamitosas derivaciones o activan estados de crisis, lo que nos mueve a repensar qué lugar adquieren en el seno de las sociedades cuando se reservan para sí la alternativa de intervenir, disciplinar y ordenar las amenazas. Empero «ordenarlas» inevitablemente sugiere la noción de un gobierno. De ahí que las tensiones sociales se pueden abreviar en dos propensiones: Las acciones orientadas a declarar la capacidad de laudo en términos de la democracia y, por otra parte, la consolidación del conjunto de preceptos de operación de los poderes metaestatales, suscitados y maniobrados fuera de la expedita facultad que tienen los gobernantes de hacer algo, además de no ser reconocidos —a partir de disposiciones planteadas por las generaciones «Z» y «Millennials»— ya que tienen una aproximación distinta a la política, exigiendo renovados formatos, con nuevos líderes y retomando los valores universales, lo que significa un evidente choque con las estructuras sociales conservadoras, incapaces de reformularse a la velocidad de un jovial grupo que en 2025, supondrá el 75 por ciento de la fuerza laboral en el mundo. Este doble maniobrar nos ubica en un escenario que en sí mismo es una contravención y que teóricamente es una aporía.
En ese orden de ideas ¿hacia dónde se puede convulsionar a un país, cuando incontables decisiones esenciales para dirigir su destino son dictadas a distancia por la avaricia y soberbia de los poderes fácticos? ¿Cómo se puede declarar la soberanía de los pueblos, si cualquier asomo en este sentido se enfrenta a las reglas que las redes de criminalidad han acotado integrándose a través de podridas estructuras empresariales y corruptos servidores públicos para ejecutar mortíferos delitos con la intención de controlar específicas regiones? En tales escenarios, y más allá de nacionalidades e ideologías, lo contundente es que las normas del mercado capitalista y sus rancios enunciados liderados por corrosivas elites, se han encargado de pervertir la voluntad de políticos que teniendo la intención de cambiar para bien el destino de sus países, son amenazados y sujetos a presiones socioeconómicas para ser coaccionados, y si se niegan, simplemente son confinados o asesinados.
Por ende ¿cómo puede proceder cualquier gobierno si las manifestaciones sociales ponen en entredicho su potestad y su legitimidad? Quizás, partiendo desde una concepción antropológica para entender los conflictos y, así, estableciendo la compleja reconstrucción de las relaciones sociales y de poder a ellas asociadas, su correlación está presente de un modo transversal en los distintos ejes de la estructura política, económica y multicultural de cada país. Entonces ¿será que toda sociedad precisa de armonía y de discordia simultánea, de afecto y odio, atracción y repulsión? Por lo tanto, los elementos disociadores como la miseria y la avaricia ¿son una vía hacia la unidad y el conflicto es una distensión de las fuerzas de oposición? Ya que un grupo centrípeto y sin contrariedades, así como la coalición pura es empíricamente irreal. Si el antagonismo por sí mismo no constituye una socialización, es también importante decir que no está ausente de este proceso.
Lo contundente es que los datos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y la ausencia de respeto entre ciudadanos son alarmantes, como también el aumento de la delincuencia y la violencia, lo que engendra la cultura del miedo en entornos de vulnerabilidad, y en el que las prácticas sociales se guían por criterios de sospecha e intolerancia. Aquí el rol en la toma de decisiones es una de las causas trascendentales que crea riesgos indeseados, tanto por la simplificación como por su sacralización, por lo que buena parte de la humanidad tiende a manifestar malas determinaciones cuando sus diagnósticos no son racionales y ponderados.
En consecuencia, se hace vital una democracia preventiva que regule —por medio de las leyes locales e internacionales— las contingencias globales que producen serios conflictos con status público, ya que los países con alto poder económico y armamentista avasallan los derechos de otros, tanto en el plano mercantil-financiero como en lo geopolítico, lo que abre una paradoja, si partimos que la identificación de riesgos es una capacidad de soberanía de los pueblos que involucra a varios actores sociales, por lo que el manejo en materia de comunicación puede ser politizada en términos restrictivos. El ejemplo más claro es cuando un país —del mentado primer mundo— prohíbe la importación o exportación de alimentos y/o productos por supuestas condiciones de seguridad. Con tal imposición, su postura hegemónica —respecto a los medios tecnológicos aprovechables para ubicar las negativas circunstancias— lejos de democratizar la colaboración de otras naciones, construye muros entre los países. De ahí que la prevención y la democracia representativa aparentan no ser criterios perennemente factibles, dando paso a la aplicación de formas coactivas que mantienen un falso principio de inocuidad en lugar de apelar al bien común.
Lo incongruente del asunto es que lo que se entiende por «seguridad» está mayormente relacionado con políticas económicas y no con orientación socio-humanística. Por lo que si la capacidad productiva se compensa, incide sobre los requerimientos de entrada de capitales y su impacto en la generación de empleos y sobre la distribución de los ingresos de la gente. De ahí que las políticas y acciones de los gobiernos deben garantizar las condiciones de crecimiento basadas en la reunión de los valores humanos para cumplir con el objetivo de alcanzar tal seguridad. De lo contrario, se continuarán viendo amenazadas y comprometidas las garantías que brindan certeza y confianza por políticas económicas predominantes de liberalización y desregulación económica, que se han traducido en menor crecimiento e inapreciable garantía laboral. Tal estructura mercantil y financiera —de un estado u organización— no es neutra, ya que responde a intereses de grupos hegemónicos que realizan sistemáticamente prácticas que violan leyes e incumplen relevantes decisiones públicas que son legales y constitucionales, en desafío de las autoridades lícitamente establecidas, mismas a las que ignoran, neutralizan, las confrontan y hasta las doblegan; en concreto, las privan de efectividad a la legítima acción gubernamental. De seguir así, continuarán acentuándose la exclusión social, los escenarios de violencia y comprometiéndose la confianza, el respeto, la dignidad y la salvaguarda de todo ser humano.
En ese entendido ¿Los derechos civiles amparan una vida en libertad y respeto? Tener presente que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los estados miembros se aliaron para que el desconocimiento y desestimación de los derechos de toda persona no volviese a causar actos ultrajantes, según reza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para ello fue importante la acertada valoración de los derechos civiles y políticos para asegurar que las discrepancias ideológicas y políticas no acabaran generando conflictos que llevasen a confrontaciones, principalmente bélicas y, con ello, se resolviera con respeto la integridad física y la libertad de las personas. Pero 74 años después, y a pesar de los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo no tienen el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos de igualdad, que indudablemente son inalienables.
Entonces, si cada una de las garantías que se han firmado se cumpliesen, nuestras vidas serían pacíficas, seguras, cómodas y saludables; nuestros sistemas jurídicos serían justos y ofrecerían a todos la misma protección; asimismo, nuestros procesos políticos serían transparentes y democráticos sirviendo en bien común a los intereses de la humanidad y de los ecosistemas. Por lo cual, es necesario observar que por la falta de conciencia, empatía y solidaridad, prevalecen las injusticias que generan quienes integran los poderes fácticos y en ello se tiene la brutal falta de respeto a los valores y derechos que nos permitirían estar en paz. Hagamos reflexión en pro de ser más humanos.
Fernando Como siempre muy interesante tu artículo, muy bien planteado observando todas las circunstancias del momento al respecto de los Derechos civiles. Creo igual que tú que
la observancia de los valores es importante para la convivencia de una sociedad, pero difícil de creer que en la actualidad hasta el manifestarse Qué es un derecho no importando el motivo de la manifestación, en países de los mas, desarrollados y con economías amplias no sean respetados y los ciudadanos sean maltratados sin respetar sus derechos.