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Por Omar Garfias
@Omargarfias
Los datos son oficiales, no son de ningún poder obscuro financiado por el mal.
Son cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuya presidenta, Graciela Márquez Colín, fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de ser la secretaria de Economía de su gabinete.
Es información que arroja la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el primer trimestre de este año.
Casi siete de cada diez personas que trabajan por un salario (68.4 por ciento), tienen ingresos que no les permiten comprar una canasta básica para ellos y un dependiente económico. Los afectados son 22 millones 67 mil trabajadores asalariados.
Al inicio del gobierno del presidente López Obrador, el porcentaje era 64.1 y la cantidad de compatriotas agraviados, 19 millones 141 mil. Creció el problema en cerca de tres millones de personas.
Las familias mexicanas tienen un promedio de cuatro integrantes; si sólo trabajan dos asalariados, sus ingresos no les alcanzan para comprar alimentos.
En el mismo sentido, la mayoría de los mexicanos trabaja sin afiliación al Seguro Social (55.2 por ciento).
Los perjudicados son 30 millones 917 mil trabajadores. Sin jubilación, sin pensión en caso de cesantía; sin licencia por accidentes, sin permiso de maternidad y sin servicio médico.
Al inicio del gobierno del presidente López Obrador, el porcentaje era 56.6 y la cantidad de compatriotas, 29 millones 557 mil. Aumentó el problema en un millón 300 mil ciudadanos.
Esta información describe un cuadro de desgracias personales, enfermedad, pobreza, angustia, desazón y dolor, en el que vive la mayoría de los mexicanos. Nos pone frente a uno de nuestros peores fracasos como sociedad.
Los acertados incrementos al salario mínimo no han impedido que la distribución salarial se deteriore.
Los empleos que pagan hasta un salario mínimo crecieron en 6.6 millones de trabajadores; en contraste, se han perdido 2.8 millones de empleos en el rango de dos a tres salarios mínimos; 1.4 millones en el rubro de tres a cinco salarios mínimos, y 688 mil trabajadores que ganan más de cinco salarios mínimos.
Aumentaron el salario a quienes ganaban el mínimo, pero no a los que ganaban más de dos minisalarios.
El salario mínimo debe seguir aumentando, pero acompañado de una política de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para mejorar su productividad y que su modelo de negocio no se base en pagar salarios que mantengan en la pobreza al trabajador.
Si sólo se eleva el salario mínimo, que es necesario, las empresas ineficientes tendrán que cerrar.
La primera línea de solución es una política de financiamiento, acceso a los avances tecnológicos, formación de clusters, digitalización, acceso a mercados y acompañamiento empresarial a los pequeños comercios y talleres que emplean a buena parte de los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos y carecen de los servicios del IMSS.
La productividad laboral por persona empleada ha descendido de 52 mil 165 pesos en 2018 —al inicio de esta administración—, a 47 mil 948 en 2022. No existe una política gubernamental en esta materia fundamental para abatir la pobreza, generando riqueza.
No podemos limitarnos al, insisto, necesario incremento del salario mínimo, porque en el mercado laboral predomina la informalidad; estamos muy lejos de crear el millón de empleos anuales requeridos para los jóvenes que se incorporan a la fuerza de trabajo; prevalecen empleos con bajos ingresos y el subempleo afecta a más de cinco millones de trabajadores.
La segunda línea de solución es hacer universal el sistema de seguridad social, financiarlo con un impuesto y no con las contribuciones de trabajadores y patrones.
El esquema contributivo excluye a todos los trabajadores independientes (por su cuenta) y hoy es la principal carencia del país, que afecta a 52 por ciento de los mexicanos. Un esquema que deja sin protección a 66 millones de personas debe ser cambiado por otro. Servicio médico, pensión y apoyo en situación de incapacidad para todos los mexicanos.
Reorientar hacia ello los recursos de los programas sociales, establecer un adecuado proceso de transición y construir una reforma fiscal que grave ingresos y riqueza del 1 por ciento más rico. Sobre todo, gravar las fortunas de esas trece personas que aumentaron en 33 mil millones de pesos de 2018 a 2020.
El esquema contributivo fue inventado en el Siglo XIX, cuando surgió la industria y parecía que todos tendríamos un empleo en una empresa.
Eso no sucedió. Es hora de institucionalizar la solidaridad entre los mexicanos mediante mecanismos redistributivos para garantizar una seguridad económica básica: que no te hundas en la pobreza a pesar de que trabajes, ni cuando estés enfermo o viejo.
La tercera línea de solución es aumentar la inspección a las empresas boyantes para que otorguen los derechos de ley a sus trabajadores, además de un sueldo que les permita no ser pobres.
La vida laboral de los mexicanos no se ha transformado.
El salario no te saca de la pobreza; la mayoría trabaja sin seguridad social y el modelo de negocios de la mayoría de las empresas no se basa en la competitividad, sino en bajos salarios.
Necesitamos un gran acuerdo de unidad nacional. Incrementar la competitividad, la productividad y la solidaridad económica entre los mexicanos.
Un gran acuerdo para que nuestra economía genere más riqueza y se distribuya mejor.
Nos urge unirnos para que todos los factores colaboren para hacer un pastel más grande... y nos toque a todos una buena rebanada.
Solo así.
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