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Enfrenta México enormes riesgos en el sector energético


Foto: KAREN BLEIER/AFP vía Getty Images


El gas natural es la fuente de combustible predominante en México. Sin embargo, años de dependencia de los Estados Unidos para importaciones abundantes y baratas de gas han impedido que el país alcance el potencial de su industria nacional de gas. Esto expone a México a riesgos en forma de distorsiones geopolíticas y perturbaciones inesperadas en el suministro estadounidense.

También exacerba las profundas desigualdades entre los estados del norte y del sur de México, ya que los altos precios de la energía en estos últimos sirven para disuadir a empresas e inversionistas. Un informe analiza la intersección de la seguridad energética, el gas natural, el nearshoring y la migración, y describe áreas en las que México cooperará con los Estados Unidos para reforzar su sector energético nacional.

En el informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés), el director del Programa de las Américas, Ryan C. Berg; el investigador asociado Henry Ziemer y el pasante Emiliano Polo, evalúan los desafíos que enfrenta la seguridad energética de México y cómo una mayor producción nacional de gas natural puede ayudar a resolver sus desafíos energéticos.

El frágil status quo En febrero de 2021, la tormenta invernal Uri azotó América del Norte y generó un frío extremo al centro-sur de los Estados Unidos. Las temperaturas bajo cero en Texas provocaron cortes generalizados de energía, dejando a millones de personas sin calefacción y en riesgo de sufrir lesiones e incluso la muerte.

Los efectos de la tormenta no cesaron al norte de la frontera. La creciente demanda interna de calor y energía en los Estados Unidos provocó una reversión en el flujo de gas natural que iba a México. En unos días, las exportaciones de gas de los Estados Unidos a México se desplomaron de 6 mil millones de pies cúbicos por día (cf/d) a menos de 3,5 mil millones de pies cúbicos diarios.

Sumado a la falta de capacidad de almacenamiento de México, los estados del norte del país se vieron afectados por escasez de combustible y cortes de energía propios. A consecuencia de las temperaturas bajo cero provocadas por la tormenta invernal, al menos 14 personas en México murieron.

La tormenta subrayó la precaria situación de México en cuanto a seguridad energética, especialmente en gas natural, que representa el 48 por ciento de la matriz energética y es la mayor fuente de combustible del país.

Si bien el consumo ha aumentado constantemente, México no ha invertido lo suficiente en su producción nacional y ha dependido de las exportaciones estadounidenses para satisfacer alrededor del 70 por ciento de su demanda interna.

Algunas industrias, especialmente las cercanas a la frontera, dependen casi por completo de las importaciones para sus operaciones. Esta dependencia es especialmente notable a la luz de la política de “soberanía energética” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que ha llevado a México a rechazar la inversión de empresas extranjeras en Petróleos Mexicanos (Pemex). Estas vulnerabilidades en el ecosistema energético mexicano plantean desafíos que amenazan la vida de los ciudadanos y ponen en desventaja sistemática a áreas que no se benefician tanto de las importaciones baratas de los Estados Unidos, como en las entidades del sur, donde persisten grandes brechas en el desarrollo económico.

Si bien México tiene altos niveles de seguridad energética en general, aproximadamente 1,5 millones de personas siguen sin electricidad y segmentos de la población, especialmente en las zonas rurales, luchan por acceder a energía asequible y confiable. En medio de las interrupciones del suministro global y la transición acelerada hacia fuentes de combustible más limpias, el modelo actual de México corre el riesgo de volverse insostenible. Tanto la tormenta invernal Uri como la agitación en los mercados energéticos mundiales que se produjo tras la invasión rusa de Ucrania subrayan esta realidad. Esto último provocó un aumento en los precios del gas en todo el mundo, e incluso México, cuya industria petrolera lo hace relativamente resistente a las fluctuaciones en el suministro global, se vio obligado a reducir los subsidios al combustible en ciertas regiones.

Mientras tanto, a medida que los gobiernos y las empresas buscan cada vez más fuentes de combustible ecológicas, la actual estrategia de AMLO basada en el carbón y el petróleo para lograr la soberanía energética corre el riesgo de negar que México ha realizado importantes inversiones y que está perdiendo la oportunidad sin precedentes que ofrece el nearshoring.

A largo plazo, México necesitará aprovechar su potencial en el campo de las energías renovables, pero esto no será sostenible si excluye la inversión privada.

Un punto de partida para que México inicie el largo proceso para lograr una combinación energética más limpia, más eficiente y más segura, es explotar su considerable potencial de gas natural.


Si bien es un combustible fósil, el gas natural produce menos emisiones que el carbón o el petróleo y puede servir como parte crucial de la transición energética mientras México pone en funcionamiento más capacidad de energía renovable.

Además, incluso después de una década de caída de la producción, las empresas existentes y las asociaciones público-privadas tienen el potencial de expandir el sector nacional del gas e incluso aumentar la producción y aprovechar nuevas oportunidades.


Las apuestas Los peligros geopolíticos y del cambio climático han reiterado el papel de la energía como componente esencial de la seguridad nacional. Más que nunca, la seguridad energética se entrelaza con la prosperidad y el desarrollo de países enteros y debe evaluarse como un componente de la estabilidad regional y el desarrollo humano.

En el caso de América del Norte, la seguridad energética se cruza con tres áreas problemáticas críticas, tanto para México como para los Estados Unidos:

(1) el nearshoring;

(2) el desarrollo económico en el sur de México; y,

(3) abordar las causas fundamentales de la migración irregular.

Nearshoring La reubicación de operaciones comerciales de Asia al hemisferio occidental es un paso necesario para reducir los riesgos de interrupciones en la cadena de suministro.

Los cambios geopolíticos han subrayado la necesidad de una nueva resiliencia en la cadena de suministro. Con una frontera de 3,100 kilómetros, 40 cruces fronterizos y el tercer mayor número de aeropuertos del mundo, México tiene una posición privilegiada para beneficiarse de la reubicación de las capacidades de manufactura y producción y de los cambios masivos en el comercio mundial que han seguido a la pandemia de COVID-19.

Además de la geografía, las ventajas relativas de México para atraer empresas estadounidenses incluyen relaciones comerciales establecidas, una población trabajadora joven, zonas horarias compartidas, un mercado de consumo interno en crecimiento, una cultura integrada y acuerdos comerciales bilaterales con los Estados Unidos. Sin embargo, México y la comunidad norteamericana en general se encuentran en un punto de inflexión en lo que respecta al nearshoring. Aunque el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que la deslocalización cercana podría abrir 35 mil 300 millones de dólares anuales en nuevas oportunidades de exportación, el gobierno mexicano se ha visto lento y vacilante a la hora de capitalizar su potencial.

México necesita diseñar una estrategia integral para prepararse para los cambios en el comercio global que caracterizarán la era venidera. A pesar de la falta de una estrategia y de las deficiencias y falta de confiabilidad del sistema judicial y el marco legal interno, algunas empresas extranjeras han optado por sostener inversiones en el país, dado el compromiso con las disposiciones legales establecidas en el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC).

El T-MEC se destaca como uno de los acuerdos comerciales más modernos y ha beneficiado a todas las partes a través de sus disposiciones sobre derechos laborales, protección de la propiedad intelectual y mecanismos de resolución de disputas.

El nearshoring no sería posible sin el acuerdo comercial existente, pero las consideraciones jurídicas no son suficientes para aprovechar la oportunidad en su totalidad. La fiabilidad energética en particular será fundamental para que México aproveche el nearshoring, ya que las empresas sólo reubicarán sus operaciones si se les garantiza el acceso a energía constante y asequible, especialmente en industrias de uso intensivo de energía, como los sectores manufacturero o automotriz.

México debería modificar el papel del sector público en el mercado energético. Las empresas energéticas estatales mexicanas—específicamente Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)—tienen un historial deficiente en lo que respecta a la tecnología, el conocimiento y los recursos financieros necesarios para cerrar la brecha de los requisitos energéticos del nearshoring o proporcionar energía limpia a empresas y comunidades.

Esto se debe en parte a que no ha invertido lo suficiente en su sector energético; por ejemplo, Morgan Stanley estima que México necesitará 40 mil millones de dólares únicamente en energía para satisfacer las demandas del nearshoring en los próximos cinco años.

El sur de México Por razones contemporáneas e históricas, los estados del sur han quedado económicamente rezagados con respecto a los del norte. El sur tiene una desventaja geográfica agravada por el descuido político. Sólo en Chiapas y Oaxaca se encuentran 14 de los 15 municipios más pobres del país. Un estudio reciente que mide las ventajas comparativas de los estados para atraer inversión extranjera directa (IED) mostró una marcada división de la competitividad entre los estados del sur y los del norte del país. Guerrero ha estado en el último lugar durante más de 10 años, mientras Oaxaca y Chiapas se ubican cerca del último lugar.

La IED hacia las regiones centro y norte representa 88.9 por ciento del total nacional, mientras el sur recibe sólo uno de cada 10 dólares invertidos en el país.

Prácticamente, cualquier métrica de desarrollo económico o humano revela flagrantes inconsistencias entre los estados del sur y el resto de México. Una persona que vive en Chiapas gana un salario mensual promedio de MXN 5,209.($306.41), mientras que alguien en Baja California Sur gana más del doble, o MXN 12,934 ($760.81) en promedio. Mientras tanto, la esperanza de vida en Guerrero es de 73,6 años en promedio, frente a 76,8 años en la Ciudad de México.

Logísticamente, los estados más alejados de la frontera entre Estados Unidos y México enfrentan una ardua batalla para atraer empresas interesadas en la deslocalización cercana. Sin embargo, la geografía por sí sola no explica esta división. Un estudio del Banco de México encontró que las empresas enfrentaban obstáculos desproporcionados para obtener préstamos para inversiones en el sur en comparación con las regiones norte y noreste del país. Para que el sur se beneficie de la deslocalización, el gobierno y el sector privado deben implementar políticas y esfuerzos específicos, incluido el abordaje de barreras específicas, como la infraestructura inadecuada, la mano de obra insuficientemente calificada y el acceso a fuentes de energía confiables. Los estados del sur también deben ofrecer ventajas para fomentar la IED y contrarrestar el atractivo natural de los estados del norte y del centro.

Migración La migración es un tema polémico tanto en los Estados Unidos como en México, y gran parte de la atención se centra en los crecientes flujos hacia el norte desde El Salvador, Guatemala y Honduras, también conocido como el Triángulo Norte. En el año fiscal 2022, la Patrulla Fronteriza y de Aduanas estadunidense informó más de medio millón de encuentros con personas de países del Triángulo Norte. Las solicitudes de asilo también se dispararon en México, con un récord de 130 mil presentadas en 2021, la mayoría provenientes de personas originarias del Triángulo Norte. Tanto los Estados Unidos como México afirman haber alineado sus objetivos al tratar de abordar las “causas fundamentales” de la migración a través del desarrollo económico. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo firmaron una asociación que trabaja en el Triángulo Norte para ampliar el acceso a los programas sociales emblemáticos del gobierno mexicano, como "Sembrando Vida" y "Jóvenes Construyendo el Futuro".

Sin embargo, estas políticas no se han implementado ni diseñado con éxito, por lo cual han tenido una influencia limitada en la migración irregular. Las causas de la migración son más complejas que la falta de oportunidades económicas e incluyen factores como el desplazamiento forzado, la persecución política, el crimen organizado y el cambio climático.

Por ejemplo, los países del Triángulo Norte son algunas de las regiones más vulnerables al clima del mundo; Los fenómenos meteorológicos extremos pueden desplazar a decenas de miles de personas, como se vio tras los huracanes Eta e Iota , que azotaron la región a finales de 2020. Es necesario un compromiso más amplio del sector privado y la expansión de los esfuerzos de nearshoring en Centroamérica para abordar las causas profundas de la migración irregular y desplazar las medidas paliativas con eficacia discutible.

Estados Unidos lo ha reconocido con el lanzamiento de la Asociación para Centroamérica, que busca aprovechar empresas privadas clave para fomentar nuevas oportunidades económicas para la región. Sin embargo, queda mucho por hacer para crear un entorno propicio para el crecimiento económico y la inversión sostenidos. Las cuestiones mencionadas seguramente llamarán la atención, ya que tanto los Estados Unidos como México se preparan para elecciones presidenciales en 2024. A medida que los candidatos preparen sus plataformas, harían bien en examinar críticamente el potencial de una política energética más integrada.

El gas natural Cualquier estrategia energética de este tipo debería considerar cuidadosamente el papel desempeñado por el gas natural, que durante las últimas cinco décadas ha crecido de manera constante, al emerger como una fuente de energía crítica en el mundo.

El gas ofrece dos ventajas principales en la transición energética: emite la mitad de dióxido de carbono que el carbón y, en muchos casos, es más barato que el carbón o el petróleo como fuente de energía.

Estados Unidos es un estudio de caso instructivo sobre cómo estas ventajas pueden combinarse para generar beneficios. Según la Agencia de Información Energética de EE. UU., de 2005 a 2019 las emisiones de dióxido de carbono en los Estados Unidos disminuyeron alrededor de 30 por ciento, debido al cambio en la generación de energía estadounidense del carbón al gas.

En México, la demanda de gas natural ha subido de manera constante, desde poco más del 20 por ciento de la combinación energética del país en 1971, a casi la mitad en 2020. Las terminales de ciclo combinado, que usan turbinas de gas y vapor para generar energía, ahora proporcionan más del 60 por ciento de la electricidad consumida en el país. Se espera que la demanda de gas natural en México alcance su punto máximo en 2032 y sea la fuente preponderante de generación de energía hasta bien entrada la década de 2040.

Para varias industrias, es probable que el gas se mantenga o crezca como combustible preferido, debido a su abundancia y rentabilidad en relación con otras fuentes de energía.

Algunas industrias importantes de México, entre ellas la automovilística, la aeroespacial y la de equipos médicos, son grandes consumidoras de gas natural como fuente de energía y directamente para la fabricación de petroquímicos a base de gas.

Otros sectores, como el textil y la manufactura ligera, así como nuevas oportunidades, desde las telecomunicaciones hasta el comercio electrónico y otros negocios digitales, requieren una inversión renovada en la transmisión de energía, y el gas natural puede ser un actor importante. Con respecto a las energías renovables, el gas natural representa una importante materia prima para el hidrógeno, especialmente el hidrógeno azul, que se produce al mezclar gas y vapor, junto con la captura y almacenamiento de carbono, para formar una fuente de energía neta cero.

Estados Unidos ha logrado avances significativos en materia de hidrógeno azul por su abundancia de recursos de gas natural y su infraestructura preexistente. La Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura (IIJA) de 2021 asignó ocho mil millones de dólares para el desarrollo de centros regionales de energía limpia y recibió más de 20 propuestas, la mayoría para desarrollar o ampliar la producción de hidrógeno azul.

La experiencia de Estados Unidos puede servir como un caso instructivo sobre cómo los países ricos en gas pueden cambiar sus industrias de hidrocarburos de un marco de bajas emisiones a un marco de cero emisiones.

Algunos de los usos comunes del hidrógeno, como la fabricación industrial y el transporte de larga distancia, también deberían interesar a México. Sin embargo, es probable que falten algunos años para que tenga la oportunidad del hidrógeno azul y requerirá que primero aumente su capacidad de producción y distribución de gas antes de pensar en expandirse hacia centros de hidrógeno.

De hecho, el potencial interno de gas natural de México es mayor que sus medios actuales. De 2010 a 2021, la producción de gas disminuyó casi 50 por ciento. El país compensó el déficit al aumentar las importaciones, que hoy son el 70 por ciento del consumo interno.

Este acuerdo aparentemente iría en contra de la retórica de AMLO, pero la dependencia de las importaciones de los Estados Unidos ha aumentado desde que asumió el cargo, debido probablemente a que los recursos políticos y económicos se concentran en la industria petrolera y en Pemex, lo que retrasa las inversiones necesarias en la industria de gas natural. Finalmente, los proyectos energéticos requieren certeza a largo plazo y un entorno amigable para que las empresas puedan sobrevivir ilesas a través de diferencias ideológicas y regulatorias entre administraciones federales.

Esto fue más notable en el sector petrolero, donde AMLO anunció —poco después de su elección— una auditoría de 100 contratos firmados por petroleras extranjeras y la administración de Enrique Peña Nieto. Los inversionistas en gas y energías renovables tampoco se salvaron: la CFE declaró, en 2019, que los constructores de oleoductos de propiedad privada tendrían que renegociar sus contratos con el gobierno para seguir en funcionamiento.

Los proyectos de exploración de gas en la Cuenca de Burgos —uno de los yacimientos de gas de esquisto accesibles más grandes de México— también enfrentaron trámites burocráticos regulatorios y desafíos contractuales.

Sin embargo, muchos proyectos energéticos han continuado a buen ritmo, pero el progreso sobre el terreno no ha disipado las percepciones de incertidumbre, lo que dificulta que muchos operadores justifiquen su trabajo en México o recauden capital adicional.

Mientras tanto, los esfuerzos de AMLO para desarrollar la energía solar a través del llamado “Plan Sonora” y aprovechar las reservas de litio de México han avanzado a un ritmo glacial, mientras que la inversión privada en energías renovables ha caído precipitadamente.

Gas de México y Estados Unidos México tiene importantes reservas de gas natural, concentradas principalmente en el este del país y en el Golfo de México, pero el gobierno no ha implementado los modelos de negocios, las inversiones o los equipos necesarios para explotarlas res a través de sus empresas estatales.

La falta de planificación para desarrollar la producción nacional de gas se ha exacerbado aún más por el crecimiento exponencial del suministro de gas natural estadounidense, altamente competitivo desde la década de 2000. Mientras que en los Estados Unidos se han perforado alrededor de cuatro millones de pozos de gas natural, México tiene menos del 1 por ciento de esa capacidad, aproximadamente 32 mil pozos. Cuando Estados Unidos pasó de ser un importador neto de gas natural a ser el mayor productor del mundo, los bajos precios crearon en México una gran dependencia.

Las importaciones estadounidenses fueron, y aún son, en cierto modo, un acuerdo mutuamente beneficioso entre México y los Estados Unidos.

La abundancia de gas natural en la Cuenca Pérmica, junto con su sofisticada infraestructura de distribución, hace que las exportaciones de gas de Texas se encuentren entre las opciones más baratas y competitivas disponibles para México.

La conveniencia de este mercado natural no debería impedir que México diseñe un futuro más ambicioso y resiliente para su suministro energético. De hecho, incluso el gas barato sufre rendimientos decrecientes entre más tiempo viaje para llegar a los usuarios finales, una característica que, junto con la falta de infraestructura de gasoductos, exacerba los altos precios de la energía que se reportan en el sur de México. La revocación por parte de México de la reforma constitucional de 2013 al sector energético también es un factor potencial en la lenta adopción del gas natural. La priorización de la estatal CFE sobre las inversiones privadas en energía limpia ha generado consecuencias de largo plazo que desalientan la inversión, especialmente con las condiciones en países como Chile y Colombia, que quieren posicionarse como pioneros en la transición energética. Pemex, por su parte, ha sido arrastrado durante mucho tiempo en direcciones opuestas por las consideraciones políticas y las decisiones técnicas que deben prevalecer en una empresa. Como ocurre con muchas empresas estatales, las consideraciones ideológicas y políticas han prevalecido durante la mayor parte de la historia de México, con enormes recursos dirigidos a estas empresas con retornos dudosos. Hoy Pemex es la petrolera estatal más endeudada del mundo. Los analistas difieren sobre si es posible rescatar la empresa por completo o si sería mejor declararla oficialmente en quiebra y liquidar sus activos.

El gobierno federal ha aumentado su apoyo a Pemex, que asciende ya a 49 mil millones de dólares en asistencia desde que AMLO asumió el cargo, para que pague sus crecientes deudas. El gobierno está asumiendo la deuda y los riesgos de Pemex como pasivos y, en julio, Fitch Ratings Inc. rebajó la perspectiva de calificación de Pemex de “estable” a “negativa”, debido a los recientes accidentes en campos petroleros, así como a la inestabilidad financiera de la compañía y su incapacidad para pagar sus deudas. El debate sobre el apoyo público a Pemex seguramente resurgirá conforme se acerquen las elecciones presidenciales de 2024; La situación financiera de la empresa frustra los esfuerzos por destinar los recursos necesarios a la producción de energía y gas limpios y reducir la dependencia de la energía extranjera.

En el escenario actual, Pemex no está lista para invertir y desarrollar la producción de gas natural de manera sustentable y eficiente. Su producción de gas cayó casi un 30 por ciento entre 2011 y 2021, mientras que su participación continua en la quema de sus pozos petroleros y su calificación crediticia degradada sugieren que la compañía carece de los incentivos y la capacidad para impulsar significativamente la producción de gas por sí misma.

A pesar del modesto crecimiento en la producción de gas en los últimos años, las ventas de petróleo más rentables de Pemex actualmente superan y eclipsan los beneficios potenciales a largo plazo del gas natural. En cambio, la participación del sector privado es necesaria para promover e incrementar la seguridad energética y el desarrollo económico. La falta de inversión en otras fuentes de energía ha creado otra limitante: la baja capacidad de almacenamiento de México.

México sólo tiene capacidad de almacenamiento de gas natural en tres instalaciones para satisfacer la demanda de 2,4 días. La falta de almacenamiento hace que el país sea vulnerable a cambios repentinos en la demanda y en la oferta.

Países como Alemania, Austria y España superan los 34 días de capacidad de almacenamiento. Los recientes shocks sistémicos en los mercados energéticos mundiales han dejado claro que no es seguro depender de un proveedor único de energía, incluso si el proveedor es un país aliado. Diversificar la producción y el suministro de energía es benéfico para todas las partes en una economía integrada, ya que crea un futuro más estable y resiliente.


El aumento de la seguridad energética mediante el desarrollo inteligente y la diversificación de la industria del gas natural abre oportunidades en otras áreas. Incorporar al mercado de exportación de gas a México y Canadá, el último de los cuales posee prodigiosas reservas de gas natural, puede ayudar a satisfacer mejor la demanda europea y reducir la potencia de la guerra energética de Putin. Con la planificación y la inversión correctas, así como con operaciones eficientes, México podría proporcionar exportaciones de gas asequibles a Centroamérica y ayudar a abordar las causas fundamentales del subdesarrollo y la migración.

Interseccionalidad La seguridad energética se encuentra en la encrucijada de varios desafíos clave que enfrentan Norte y Centroamérica. En particular, las siguientes áreas se beneficiarán significativamente del desarrollo de políticas para ampliar el acceso a una energía confiable y asequible:

Energía y Nearshoring La capacidad de México para proporcionar energía confiable y rentable destaca como una condición previa para que el nearshoring despegue, y una condición en la que el país actualmente está rezagado. A medida que las empresas adoptan cada vez más estándares de gobernanza ambiental y social (ESG) para sus operaciones, la priorización del petróleo por el gobierno mexicano sobre las demás fuentes de energía ha disminuido el interés en la deslocalización. Mejorar el acceso al gas natural y la capacidad de almacenamiento será esencial para aumentar la capacidad para absorber y atraer inversiones de nearshoring y para restaurar la confianza de los inversionistas en el sector energético.

El gas natural permitiría a México aprovechar mejor sus ventajas en sectores manufactureros clave, así como ingresar a nuevos mercados altamente intensivos en uso de energía, como la fabricación de semiconductores.

El gas natural también ayudaría al progreso de México en la transición energética, incluso como una vía potencial para el desarrollo de centros de hidrógeno azul en el país, lo cual es particularmente benéfico para las corporaciones que intentan aprovechar oportunidades de nearshoring que necesitan considerar regulaciones y estándares ambientales como las certificaciones de emisiones de carbono.

Los beneficios de la deslocalización cercana pueden, a su vez, generar dividendos para los Estados Unidos y Canadá en forma de cadenas de suministro más seguras, una integración económica más estrecha de América del Norte y asociaciones comerciales más confiables.

Hacer hincapié en el gas natural también conlleva el potencial de restablecer las relaciones de América del Norte en materia de política energética, las cuales han sido empañadas por las disputas del T-MEC y las consultas formales sobre las regresivas reformas energéticas de AMLO y el desprecio por el estado de derecho.

Una nueva perspectiva de la política energética, centrada en el potencial del gas natural, presenta una oportunidad para cultivar un interés compartido entre los dos países. Los objetivos energéticos deben basarse en la colaboración y los beneficios mutuos, en vez de causar tensión y división en las relaciones regionales. Sin embargo, la energía es sólo una de las muchas barreras existentes para aprovechar los beneficios del nearshoring. La reasignación de las cadenas de suministro también requiere generar confianza a través de marcos regulatorios estables.

Los sistemas legales impredecibles aumentan los riesgos para los inversores, como señala Guillermo García Sánchez, profesor de Derecho de la Universidad Texas A&M: "Las empresas tuvieron que sentarse a negociar directamente con el presidente y nadie sabe cuáles son las reglas".

Esta inestabilidad, agravada por consideraciones políticas prevalecientes más que técnicas, debe revertirse para eliminar el clima poco atractivo para la inversión extranjera en México. La Coparmex, la cámara empresarial mexicana, destacó recientemente cómo inversionistas de países como Canadá, Alemania, España y Estados Unidos retienen aproximadamente 35 mil millones de dólares en inversiones, hasta que el marco legal sea claro y represente menos riesgos. Los recientes enfrentamientos entre los Estados Unidos y Canadá por las reformas energéticas de AMLO han añadido más incertidumbre en un momento en el que la estabilidad es sumamente necesaria.

El comercio y la inversión de América del Norte también se han visto perjudicados por incautaciones de propiedades comerciales o procesos de expropiación, incluida la reciente de una línea ferroviaria privada por parte de las fuerzas armadas mexicanas, lo que desalienta inversiones extranjeras significativas al aumentar los riesgos de las inversiones a largo plazo en México. Desde 2018, las reformas legales han cercenado el poder de las agencias gubernamentales técnicas autónomas, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), reduciendo el papel del sector privado en la transición energética y los esfuerzos de México para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

La reversión de la reforma energética de México de 2013, que abrió el mercado energético de México a la participación privada, requerirá de voluntad política significativa para reformarla. Además, los resultados de los últimos años han dejado en claro que a pesar de los esfuerzos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para reducir la complejidad regulatoria, es esencial una participación adicional y responsable del sector privado. Finalmente, la economía nunca está separada por completo de la seguridad. Los crecientes niveles de inseguridad vinculados al crimen organizado presentan desafíos significativos para la deslocalización, ya que los niveles alarmantes de delitos violentos amenazan todas las políticas destinadas a atraer inversión extranjera y empañan la reputación de México a nivel internacional. México registra más de 156 mil homicidios desde diciembre de 2018, y el mandato de AMLO está por convertirse en el más sangriento de la historia de México. El crimen organizado es un factor adicional que las empresas deben considerar al tomar decisiones para reasignar operaciones.

Un hecho especialmente preocupante para las empresas que participan en el comercio bidireccional es el creciente número de robos a camiones de carga. Desde el inicio de la actual administración se han registrado más de 76 mil 599 secuestros de camiones, un promedio de 50 incidentes por día. Hacer frente a estos riesgos genera mayores gastos para las empresas, como utilizar carreteras de peaje, obtener seguros costosos y contratar seguridad privada. Esa inseguridad también pone en peligro los esfuerzos por desarrollar el suministro energético fiable necesario para respaldar la deslocalización. Las empresas criminales se han expandido significativamente hacia el robo de combustible o huachicoleo. AMLO hizo de la lucha contra el huachicol una prioridad durante el inicio de su administración, al cerrar oleoductos y enviar militares a proteger secciones estratégicas. Si bien el gobierno informó posteriormente de reducciones sustanciales en el robo de combustible, los avances se han revertido a medida que disminuye la presión.

Pemex informó que se triplicaron las pérdidas por el huachicoleo en el tercer trimestre de 2022 respecto al año anterior. Además, una consecuencia no deseada de esta estrategia es que las bandas criminales pasaron del robo de petróleo al robo de gas natural, que aumentó hasta en 126 por ciento en 2022. Los plazos son fundamentales cuando se trata de nearshoring. México tiene una ventana de oportunidad que no estará abierta indefinidamente. Los riesgos de seguridad, operativos y regulatorios son parte de lo que las empresas deben equilibrar al tomar decisiones para invertir en México.

Las empresas extranjeras no deberían quedarse solas si México quiere aprovechar plenamente el potencial de la deslocalización. Las operaciones comerciales son amenazadas por problemas de seguridad energética, riesgos regulatorios y una violencia cada vez mayor. Por lo tanto, sigue siendo muy necesario un plan de nearshoring más completo para América del Norte.

Energía y sur de México Los esfuerzos de AMLO para reducir esta brecha cada vez mayor en el sur de México no han dado resultados. En algunos casos, estos esfuerzos han profundizado la desconfianza entre los inversionistas extranjeros debido a la motivación ideológica de AMLO para llevar a cabo proyectos de infraestructura en la región a pesar de las preocupaciones técnicas y financieras.

Megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) han enfrentado oposición local y parece poco probable que logren la transformación que prometen.

La refinería de Dos Bocas, en Tabasco, merece un examen especial. Si bien se pretende que sea una obra que defina el legado en el estado natal de AMLO, la refinería enfrenta sobrecostos, retrasos en la construcción y preocupaciones ambientales y laborales. Para aprovechar plenamente el potencial económico del sur de México se requiere la participación del sector privado. Los megaproyectos y la financiación del sector público pueden tener un impacto, pero no sustituyen la inversión sostenida, diversificada y a gran escala que el sector privado puede aportar. Un ambiente acogedor para las empresas privadas, certidumbre jurídica, seguridad y el Estado de derecho son necesarios para un sur de México más integrado y próspero. El acceso desigual a la energía, y especialmente al gas natural, empeora y sostiene las disparidades entre las regiones del norte y del sur de México. Si bien los estados del norte se benefician de una mayor infraestructura de oleoductos e importaciones baratas de los Estados Unidos, sólo existe un oleoducto importante entre Yucatán y Campeche: el Oleoducto Mayakán, capaz de transportar actualmente sólo 250 millones de pies cúbicos por día, cuando se estima que la demanda de energía de la península de Yucatán alcanza los 900 millones de pies cúbicos diarios. Además, la política de AMLO de centrarse en proyectos petroleros para estimular el crecimiento económico en el sur no conducirá a los cambios estructurales necesarios para abordar el subdesarrollo multifacético.

A pesar de las importantes inversiones públicas, proyectos gubernamentales como la refinería de Dos Bocas serán cada vez menos relevantes, manteniendo cada vez menos empleos a medida que la región haga la transición hacia la energía limpia.

Sin proyectos más ambiciosos para abordar la inseguridad energética en el sur de México, las realidades geográficas seguirán representando obstáculos apremiantes para atraer inversiones.

Energía y Migración Los países del Triángulo Norte tienen algunos de los precios de electricidad más altos de América Latina, lo que disuade la externalización y deja a partes sustanciales de los países sin acceso confiable a la energía. Los países del Triángulo Norte han invertido en energía hidroeléctrica como medio para apuntalar la seguridad energética interna, pero la creciente inseguridad hídrica puede alterar la confiabilidad en el futuro. Los países del Triángulo Norte han tomado medidas para incorporar gas a sus combinaciones eléctricas en los últimos años, pero dependen principalmente de los Estados Unidos para las importaciones. La expansión de la producción interna de México puede tener implicaciones a nivel internacional, especialmente para los países del Triángulo Norte. El Salvador, Guatemala y Honduras sufren de una excesiva dependencia de las importaciones estadounidenses, y El Salvador se ubica como el país con mayor inseguridad energética de Centroamérica, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Si bien Centroamérica ha logrado avances en el marco del Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de Centroamérica (SIEPAC), sufre de una baja inversión en infraestructura de transmisión, así como de crecientes desafíos derivados del cambio climático y el clima extremo, que interrumpen el acceso constante a la energía.

En 2019, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de EE. UU. anunció más de 600 millones de dólares en inversiones para ayudar a desarrollar un gasoducto que haría circular gas natural por el sur de México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Sin embargo, el futuro del proyecto es incierto porque la administración Biden busca retirarse por completo de las inversiones en combustibles fósiles. Se necesitan fuentes de energía estables para atraer inversiones y negocios tanto al sur de México como al Triángulo Norte. Por lo tanto, un esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado para desarrollar la industria del gas natural en el sur de México podría tener importantes ramificaciones para el desarrollo social y la migración. La inversión en la industria energética moderna en el sur de México puede ayudar a reemplazar los actuales programas subóptimos de transferencia de efectivo con empleos bien remunerados que fomenten habilidades técnicas en la población trabajadora y creen inclusión financiera en una región profundamente afectada por problemas de larga data con el trabajo informal.

Por ejemplo, Guerrero, el estado que ocupó el puesto más bajo en competitividad para atraer IED durante los últimos 11 años, mostró la tasa más alta de migración neta en 2023, con 0.8 por ciento de la población desplazada. Las oportunidades de empleo formal conllevan beneficios como seguridad social, atención médica y protección bajo las leyes laborales. En el futuro inmediato, los factores mencionados sugieren que hay pocos sustitutos para reforzar la capacidad interna de gas natural de México si el país quiere aprovechar las oportunidades relacionadas con el nearshoring, reducir los desequilibrios económicos entre el norte y el sur y responder a las causas profundas de la migración irregular.

Recomendaciones de política El gas por sí solo no resolverá los desafíos energéticos de México. Adoptar un enfoque holístico del sector del gas natural de México puede ayudar a generar una serie de vías a través de las cuales el país puede fortalecer la seguridad energética de sus ciudadanos, mejorar la competitividad y ayudar a contribuir a la transición energética global. Por lo tanto, un enfoque integral para fortalecer la industria del gas natural de México debe considerar las siguientes cinco áreas: producción, distribución, almacenamiento, exportación y transición.

  • Producción: Un paso crítico hacia la realización del potencial de gas natural de México radica en poner en funcionamiento producción adicional. México debería renovar las rondas de licitación para hidrocarburos. Implementado tras la reforma energética de 2013, en el proceso de licitación las empresas presentaron propuestas a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para obtener derechos para desarrollar campos de petróleo y gas. Los proponentes atribuyeron a las rondas de licitación el mérito de abrir el sector de hidrocarburos de México a una mayor inversión privada y ayudar a mejorar la transparencia en la adjudicación de contratos. Al asumir el cargo, AMLO canceló el proceso de rondas de licitaciones para asignar mayores recursos y concesiones a Pemex en interés de la soberanía energética mexicana. Es probable que Pemex siga siendo el actor predominante en el espacio petrolero, pero una reanudación del proceso de licitación, específicamente para el gas natural, podría ayudar a atraer el interés del sector privado en la perforación de nuevos pozos y el aprovechamiento de las reservas de gas de México al sur del país, como el campo Ixachi en Veracruz y los campos Quesqui y Pokche en Tabasco, para acercar la producción adicional a los consumidores y mejorar la eficiencia de la infraestructura energética de México.

  • Distribución: A medida que aumente la producción nacional, México necesitará fortalecer sus redes de oleoductos. El sur de México debería ser una prioridad, con nuevos gasoductos que podrían reducir el costo de la energía y crear oportunidades atractivas de nearshoring. El Centro Nacional para el Control del Gas Natural (Cenegas) debería lanzar una nueva licitación de inversión privada para estimular la inversión en el sur y sureste. Las asociaciones público-privadas (APP) también serán clave, especialmente para orientar las respuestas locales y comunitarias al desarrollo de infraestructura adicional de oleoductos. Garantizar consultas abiertas e informadas con las comunidades afectadas será vital para su éxito. Proyectos de distribución de energía existentes.

  • Almacenamiento: La capacidad de almacenamiento es vital para la seguridad energética general de México y la capacidad de su red para capear las interrupciones a nivel nacional o en relación con las importaciones estadounidenses. Recientemente se han logrado avances, como el anuncio de Cenegas de su primera licitación para un proyecto estratégico de almacenamiento de gas en junio de 2023 en el campo Jaf. Si se pone en funcionamiento, podría ofrecer hasta 17 mil millones de pies cúbicos de almacenamiento, suficientes para satisfacer el consumo interno de gas durante cuatro días. La adjudicación de esta licitación debería producirse rápidamente y ser seguida por proyectos posteriores para aportar capacidad adicional. El campo Brasil, en Tamaulipas, también ha sido identificado como otra área con un potencial de almacenamiento aún mayor, ubicada cerca de gran parte de las industrias ávidas de gas en los estados del norte. Estados Unidos y Canadá, por su parte, deberían reforzar la cooperación técnica con México para identificar posibles lugares de almacenamiento subterráneo de gas. Estos esfuerzos podrían aprovechar los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Líderes de América del Norte (NALS) de 2023 para fortalecer el intercambio de información geológica y el mapeo de minerales críticos, ampliando dichos esfuerzos para incluir la identificación de posibles sitios de almacenamiento de gas.

  • Exportación: En medio de las perturbaciones globales en el mercado energético, las exportaciones de GNL se destacan como uno de los sectores potenciales de alto crecimiento para la industria nacional del gas. Europa busca nuevos proveedores para compensar la dependencia de Rusia y reducir la influencia de Vladimir Putin. Si bien Estados Unidos ha reorientado gran parte de sus exportaciones para cubrir las brechas en el suministro energético europeo, aprovechar a América del Norte como bloque podría ofrecer un suministro más diverso y proporcionar recursos adicionales para mejorar la resiliencia energética. El Sudeste Asiático es otra región que busca nuevas fuentes de gas natural para fortalecer su desarrollo industrial, y otro mercado potencial para el GNL mexicano. Esto es doblemente importante, ya que las terminales de exportación de gas estadounidenses están agrupadas alrededor de la costa del Golfo de México, lo que deja al Pacífico abierto a proyectos como la terminal Costa Azul, en Baja California, para dar a México una ventaja competitiva en el mercado de exportación de gas GNL. Finalmente, México puede desempeñar un papel vital en el suministro de gas al Triángulo Norte. Para ello, Estados Unidos debería impulsar la integración del sur de México al SIEPAC. La DFC también puede proporcionar financiamiento para finalizar un oleoducto que conecte a México con los países del Triángulo Norte para fortalecer la seguridad energética y desbloquear la capacidad de la región para atraer mayores inversiones de nearshoring.

  • Transición: El gas natural puede ser de gran ayuda para el desarrollo de México en el corto y mediano plazos, pero las energías renovables ayudarán a asegurar estos beneficios en el largo plazo. Una vía a seguir podría ser reinvertir los ahorros del gas natural barato en el desarrollo de infraestructura adicional de energías renovables. En el sur de México, con un potencial significativo para la energía eólica y solar costera, las inversiones en gas natural deberían ir de la mano de las energías renovables como medio para expandir la seguridad energética más rápidamente y mejorar el atractivo de los estados del sur para la deslocalización cercana. Además, la implementación del mercado norteamericano del hidrógeno también puede incentivar que México comience a desarrollar sus propios centros de hidrógeno, aunque esos proyectos deben moderarse en el entendido de que la producción, el transporte y el almacenamiento de gas a nivel nacional deberán ampliarse antes de que surjan las iniciativas de hidrógeno azul.

Para que México obtenga seguridad energética, capture inversiones de nearshoring y libere el potencial de sus estados sureños, necesitará desarrollar sus recursos de gas natural.

Para que Estados Unidos restablezca la conversación sobre política energética, fomente cadenas de suministro más resilientes y aborde las causas profundas de la migración, también debería fomentar un sector energético interno más sólido en México.

Para ambos países, el compromiso con el gas natural es sólo una parte del rompecabezas, pero es una pieza que abre varias oportunidades que, de otro modo, permanecerían ocultas.

Ryan C. Berg es director del Programa de las Américas y jefe de la Iniciativa Futuro de Venezuela en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, D. C. Emiliano Polo es pasante del Programa de las Américas del CSIS. Henry Ziemer es investigador asociado del Programa de las Américas del CSIS. Este informe fue posible gracias al apoyo de Jaguar Exploración y Producción.


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