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Ese recalcitrante odio de los clasistas, racistas y aporofóbicos



Texto e imagen de Fernando Silva


Hay gente tóxica con la que no es conveniente compartir ni siquiera la mirada, en concreto, simplemente hay que ignorarlas, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de dañar el entendimiento, la capacidad de razonar y, por ende, hasta perder la sensatez y la sensibilidad, ya que esos predadores que corroen el alma, carcomen nuestra energía e intervienen de manera negativa en actividades esenciales en la vida de quienes tienen el desazón de tratarles. Por ello, es preciso ser asertivos teniendo la suficiente inteligencia emocional para tomar juiciosa decisión y guardar apropiada distancia de esos oscuros seres. También, es aconsejable saber que nuestras emociones cumplen funciones que nos confieren utilidad mientras nos permiten ejecutar con eficacia las reacciones conductuales apropiadas y, ello, con independencia de la cualidad hedónica que generan, incluso, la manera en que nos comportamos ante un desagradable impulso, ya que desempeñan cualidades importantes en la adaptación social y el ajuste personal.

En ese sentido, es vital saber que el derecho a la libertad de expresión, así como vedar la incitación al odio, lo encontramos en la mayoría de las constituciones y, si no existe, en el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) se establece que:

  1. Toda propaganda a favor de la guerra está prohibida por la ley.

  2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

«…conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana».

Por consiguiente, contra el odio, en cada sociedad es necesario fortalecer las garantías establecidas en pleno Estado de Derecho con el razonable objetivo de contribuir a la conciliación social y emprendiendo la judicialización de los casos de discriminación, asegurando la protección efectiva de las víctimas. De manera obvia, ese vil sentimiento de rechazo o repugnancia no sólo afecta la dignidad de los integrantes de colectivos históricamente desfavorecidos, sino que fomentan su aislamiento y deshumanización, razón por la cual urge que los poderes públicos se doten de mecanismos legales y justos para combatirlo. Lo lamentable es que, al parecer, no hay unidad de acción global, pues algunos sistemas de justicia tienen deficiencias y no se atienden de la misma manera los límites jurídicos, sobre todo en los casos en que no se centran en el resarcimiento de los daños causados, particularmente, los morales.

De ahí la importancia de observar y reconocer este tipo de delitos motivados por la estupidez y la ignorancia supina, mismos que se manifiestan de múltiples formas, abarcando desde el insulto verbal-gestual hasta el asesinato. Tales agresiones invariablemente envían un mensaje de exclusión a los afectados, a sus comunidades y al conjunto de la sociedad, poniendo de manifiesto tendencias más amplias de intolerancia como las que abanderan grupos oligárquicos, conservadores, fanáticos extremistas, grupos fascistas violentos que, aglomerados, exaltan las nociones de patria o raza en detrimento de las minorías, los extranjeros y todo aquel considerado diferente por tono de piel, etnia, doctrina, costumbres, nacionalidad, escolaridad, estatus económico, origen familiar…

Ante el irracional proceder de ese sector de la humanidad que carece de valores, al resto nos corresponde elevar la voluntad y la voz en pro del bien común. Tenemos tanta fuerza en la representación social a partir del pundonor y la honra que fácilmente podemos detener tal zafiedad, así como generar las condiciones para lograr alta calidad de vida en paz, integrando en la educación conceptos de bienestar general —desde los hogares—, respetando a nuestros semejantes con el digno ejemplo, calidad humana y obteniendo logros afectivos, materiales y profesionales sobre la base del meritorio denuedo. Hay que considerar como fundamental el cómo construyen los menores de edad su conocimiento sobre la realidad social —de la que forman parte—, así como los procesos de interiorización de la misma y alguno de los medios de los que se sirven para ello. Por ende, tal objetivo se puede concretar en la praxis, sólo si se consolidan los derechos y valores universales dentro de la estructura cognitiva en cada familia, como consecuencia del proceso de objetivación y de la puesta en práctica de los principios humanistas que, dicho sea de paso, son los que apoyan el trabajo vivencial en la clarificación y eficacia o virtud de las cosas definiendo la moral en términos del justo y razonado comportamiento —objetivos y explicables— independientemente de cualquier estimación de intencionalidad o sentimientos respecto a las normas culturales establecidas en cada sociedad.

Ese espléndido proceso de aprendizaje que se inicia desde el nacimiento y que ininterrumpidamente se continúa durante todo nuestro ciclo vital, nos brinda continua y progresiva adaptación al medio que nos rodea, que es básicamente social, además de la responsabilidad individual de aproximarnos al conocimiento e información confiables durante toda nuestra existencia. Entonces, la incorporación a la sociedad supone una constante educación y formación durante la cual interiorizamos y asimilamos una serie de erudiciones relativas a nuestra esencia personal, familiar y social. Por lo cual, el desarrollo humano como un método general para establecer el bienestar de todos debe ser fuente de análisis y debates en los ámbitos académicos, sociales y políticos, enfatizando la importancia de poner las necesidades, aspiraciones y capacidades de cada persona en el centro del progreso individual y colectivo en respeto y derecho a la seguridad social.

Sobre el particular, aunque están detallados los sistemas de protección y bienestar general en los instrumentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un derecho fundamental, tan sólo el 20 por ciento de la población mundial tiene cobertura adecuada en esta materia; asimismo, quienes constituyen la economía informal no disponen de ninguna forma de protección por parte de la mayoría de los gobiernos; por lo tanto, no están amparados, aún más, si pensamos en términos de su vejez. Esto nos hace cuestionarnos ¿qué hace entonces la ONU? Y si a esto le agregamos los conflictos bélicos y el brutal genocidio que, en documento «no vinculante» del pasado 13 de octubre de 2023, el Ministerio de Inteligencia israelí propuso un plan de «transfer» o expulsión forzosa a 2.3 millones de palestinos de Gaza, es decir, la limpieza étnica de toda la población palestina en dicho territorio.

Tal grado de antipatía y aversión fomentada por el mezquino interés de naciones como los Estados Unidos de América que, en doble moral, envía bombas a Israel mientras aumenta la presión para que se negocie un alto al fuego. Al respecto, es tanto inaudita como paradójica la memoria del pueblo de Israel. Lo sucedido en el holocausto, el genocidio realizado por el régimen de la Alemania nazi contra los judíos de Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, también conocido como Shoá por su término hebreo, sinceramente ¿ya se les olvidó?

Francamente, es inexcusable su recalcitrante odio, escoltado por alto grado de clasismo, racismo y aporofobia. Obviamente, esto no puede ser tolerado por quienes nos reconocemos inteligentes y conscientes. Es momento de hacer un alto, recapacitar y actuar en bien de todo ser viviente y de nuestra Madre Tierra.

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