

Por Omar Garfias
@Omargarfias
Héctor, su hijo, escribió: “Reconocer el cuerpo de mi padre ha sido una de las experiencias más dolorosas que he vivido. Su rostro de viejito hermoso, con un agujero de circunferencia casi perfecta a un lado de la nariz, debajo del ojo izquierdo, interrumpía la paz de su expresión.
A mi padre me lo mataron de un balazo, sólo un balazo. La bala viajó desde su rostro, atravesando su cerebro y salió por la parte de atrás del cráneo, y se perdió en el infinito, llevándose la vida del Chuparroso mayor.
¡Qué vida la de la bala! Sólo un instante. Si la bala hubiera sido lúcida, quizás habría tenido el viaje más espectacular a través de una mente devoradora de clásicos, enamorada de Cervantes, especialmente del Quijote.
Si alguna vez tuvieron una plática seria con Don Jorge, me entenderían. Eran así sus palabras: formaban el viaje más increíble, con ingredientes de Homero y Cervantes, desmenuzando con claridad los actuales problemas geopolíticos y locales, con una comprensión profunda de las causas que los originaban.
¡Qué vida la de la bala! ¡Qué vida la que se llevó!”
Los primeros días de octubre, el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del estado dijo que ya había tomado las medidas adecuadas para controlar el delito de despojo de automóviles.
Aseguró que, gracias a las medidas que había tomado, la normalidad estaba muy cerca.
Mientras el secretario hablaba de “control y normalidad”, le robaban su camioneta a la entonces presidenta electa de Mazatlán.
El 25 de octubre, los estudiantes Jason Zavala y Yukhie Adaly Lee murieron al ser perseguidos por sicarios que pretendían despojarlos violentamente de su carro.
De acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado, en octubre pasado fueron robados 661 automóviles en Sinaloa, un promedio de 21 diarios, lo que significa un crecimiento del 52 por ciento del problema.
La realidad desmintió al secretario: no tenía control.
El jueves 29 de agosto hubo enfrentamientos y quema de vehículos en el Limón de los Ramos y Jesús María.
Al otro día, el gobernador Rubén Rocha sostuvo: “Está tranquilo Sinaloa, fue un incidente sin más consecuencias”. Después vendría una larga cadena de días de terror que aún no termina.
Un mes más tarde, el 29 de septiembre, en El Rosario, dijo: “La violencia va a la baja, sólo hay brotes controlados”.
El 18 de octubre dio el mismo diagnóstico: “Estamos cuidando bien. Y los hechos que han ocurrido han estado afuera de la ciudad, y más bien han tenido que ver con civiles enfrentando a la autoridad, pero fuera de la ciudad. Controlado todo”.
“Control y normalidad”, repite y repite.
Desde el día que el gobernador sostuvo que Sinaloa estaba tranquilo, han sido asesinadas más de 350 personas, y al menos 280 ciudadanos más han sido declarados como desaparecidos, según datos oficiales.
La realidad lo desmiente.
Don Jorge Peraza Bernal creyó en el gobierno.
Luego de que le quemaran su restaurante fue al Congreso del estado.
La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC) de Culiacán cedió a los diputados el honor de entregarle un reconocimiento de la organización empresarial. Los diputados se tomaron muchas fotos con él.
En su discurso, la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política volvió a hablar de “control y normalidad”.
“El sector restaurantero cuenta con el apoyo de la 65 Legislatura”, proclamó.
Don Jorge Peraza Bernal fue asesinado cinco días después.
“No había solicitado protección”, explicó el secretario de Seguridad Pública.
La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC) de Culiacán hizo una publicación donde no exigió justicia por el asesinato; sólo expresó “un sentido pésame por el fallecimiento”.
Días después se sumó a un escrito, un tanto menos condescendiente, junto con otras organizaciones empresariales.
La Fiscalía General del Estado es la responsable de investigar los más de 600 casos de personas asesinadas y desaparecidas desde septiembre en la catástrofe de inseguridad que vivimos.
La Fiscalía es una institución tronada.
Sonora y San Luis Potosí tienen una cantidad de población ligeramente menor que Sinaloa. Las fiscalías de sus estados ejercieron, en 2023, un presupuesto de 1 mil 962 millones y 1 mil 206 millones, respectivamente, mientras que la de nuestro estado sólo 821 millones.
Todavía peor, el presupuesto invertido en 2020 en la fiscalía sinaloense, antes de que iniciara el actual gobierno, fue de 846 millones. Esto es, lejos de aumentar, los recursos para investigar y perseguir el delito, disminuyeron.
Estos son datos oficiales del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal.
La Fiscalía de Sonora cuenta con 2 mil 526 servidores públicos. La Discalía de Sinaloa sólo con 1 mil 867.
El año 2023 inició aquí con 7 mil 258 órdenes judiciales pendientes de cumplimiento y cerró con 7 mil 195. A ese ritmo, en 114 años se abatiría el rezago.
En Sinaloa, el índice de impunidad para asesinatos fue de 99 por ciento en 2023.
¿Habrá justicia?
¿Los asesinados merecen justicia?
¿Los sobrevivientes podemos vivir bien sin justicia?
¿El gobierno quiere hacer justicia?
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