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Por: Fernando Silva
Uno quiere pensar que el principal tema de atención en las actuales agendas en cada nación sea el del consumo ilegal de las drogas, principalmente, cuando se trata de menores de edad, así como de los espacios de divertimento y convivio entre adolescentes y adultos. En esa relación, se ha condenado —de diversas maneras— la práctica del uso de sustancias químicas que modifican el funcionamiento de nuestro cuerpo al grado de generar dependencia, por lo que uno de los estereotipos es considerar a los consumidores como delincuentes y/o maleantes. En ese sentido, al examinar el asunto desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud se podrían considerar cinco áreas de análisis: la coyuntura y la condición socioeconómica; la exposición diferenciada a los factores de riesgo; la vulnerabilidad; las derivaciones de la deficiente atención a la salud de las poblaciones y las violentas relaciones. Durante el siglo XX, la investigación científica acerca de las drogas y su consumo se desarrolló en muchos casos a la sombra de mitos y conceptos erróneos sobre la naturaleza de la adicción. En la década de 1930, al estudiarse tal comportamiento, se pensaba que quienes se encontraban en esa circunstancia carecían de moral y de fuerza de voluntad, lo que ocasionó que el resto de la sociedad les mirara con desdén sin considerar que en buena medida fue —desde entonces— un problema de salud pública, lo que enfatizó el castigo en lugar de la prevención o su tratamiento. Actualmente y gracias a las ciencias sociales, médicas y naturales, la opinión sobre la mayor diversidad de trastornos por el consumo de drogas ha cambiado radicalmente, lo que ha revolucionado nuestro discernimiento sobre el consumo compulsivo de la mayoría de las sustancias que alteran el razonamiento, el juicio de valor de cualquier persona y que le pueden conducir a graves riesgos en su salud física y/o mental.
Al respecto, el aumento en el consumo de alcohol, nicotina y otras drogas «blandas» como la cannabis, los esteroides o los mentados «Poppers» relacionados con la ingestión o inhalación intencional de productos de nitrito para uso recreativo, llegan a comercializarse como: ambientadores, incienso líquido, desodorizantes, limpiadores de cuero, cosméticos, solventes y quitaesmaltes de uñas; incluyendo aquellos para mejorar la experiencia sexual, que suelen envasarse en botellas similares a los productos de bebidas energéticas y que se venden en línea o en tiendas de novedades para adultos. Si a esto le sumamos el extendido mercado negro de la heroína, cocaína, dietilamida del ácido lisérgico (LSD, por sus siglas en inglés), mezcalina, fenciclidina, metanfetamina, psilocibina, ácido gamma-hidroxibutírico... y los medicamentos recetados, observamos enorme negocio para malhechores, tanto de los que se asumen lícitos, como los que proceden de manera ilegal.
Siendo un asunto algo más que inquietante ¿sería posible identificar los factores socioculturales y políticos que expliquen las consecuencias del problema, así como las diferencias socioeconómicas de los países y los tipos de consumo? Por ejemplo, existe notoria inequidad al observar la deficiente atención hacia las personas que padecen adicciones, cuando se les compara con el cuidado que se brinda a pacientes con otras enfermedades. De esta manera, las personas que pertenecen a comunidades marginadas o que adolecen de enfermedades mentales, son mayormente discriminados y con menor acceso a tratamientos por instituciones públicas y privadas. Ante este deplorable fenómeno, pareciera que las autoridades no tienen clara idea de cómo manejar la situación, ya sea por la carencia de inventiva en el diseño de estrategias acordes a la realidad social en la que está inmersa buena parte de consumidores que habitan, particularmente, en las ciudades; o por la presión que ejercen pérfidos empresarios y farmacéuticas para que se autoricen sus productos, como fue el caso en los Estados Unidos de América, cuando incontables médicos recetaron sin chistar Oxicodona para el tratamiento del dolor intenso, provocando alta adicción en los pacientes. Lo terrible es que tan sólo en el año de 2017, poco menos de 50 mil estadounidenses murieron por sobredosis de opiáceos y, de ese total, 14 mil 500 se atribuyen al «medicamento» de la farmacéutica Purdue Pharma, que fue la substancial vendedora de analgésicos. Su principal producto, el OxyContin, más potente que la morfina, lo puso al mercado en 1996 utilizando como publicidad que una dosis era suficiente para vivir 12 horas sin dolor, el doble que con un genérico. Y de acuerdo con la denuncia presentada por Nan Goldin, fundadora del movimiento Prescription Addiction Intervention Now, aseveró «Construyeron su imperio con la vida de cientos de miles de personas». Por su parte la familia Sackler, propietaria y legalmente autorizada para fabricar el letal fármaco y, hasta febrero de 2022, había ofrecido pagar hasta seis mil millones de dólares a las víctimas de opioides en los Estados Unidos para resolver la avalancha de demandas. Un dato interesante es que la miniserie Dopesick presenta —con un gran elenco encabezado por Michael Keaton— la escandalosa historia, así como la epidemia de adicciones que desató la ambición de estos ruines empresarios.
Sobre el particular, nos dice Ben Westhoff en su libro La fiesta se acabó «¿Quién puede parar el avance de las drogas sintéticas? Nadie, porque la química va más rápido que la ley. ¿Qué pasa cuando un gobierno legaliza la producción y comercialización de drogas sintéticas, pero un científico ambicioso aprovecha la oportunidad para cambiar las reglas del juego en el mundo entero? Pues lo que ha ocurrido en silencio durante los últimos seis años: drogas nuevas e imposibles de rastrear están llenando las calles y fiestas de decenas de países».
Al respecto, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe correspondiente a 2022 menciona «Garantizar la disponibilidad para fines médicos y científicos de sustancias sujetas a fiscalización es uno de los objetivos generales de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972 y del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. No obstante, la disponibilidad de sustancias sujetas a fiscalización internacional y el acceso a ellas para fines médicos y científicos siguen siendo desiguales, a juzgar por la disparidad de los niveles de consumo lícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas dentro de una misma región y de unas regiones a otras. […] El informe también pone de relieve la aparición de opioides sintéticos de gran potencia no relacionados con el fentanilo, a los que se atribuye un número cada vez mayor de muertes por sobredosis. Esto ha agudizado la crisis de sobredosis de opioides, que hasta ahora se había relacionado principalmente con el consumo de fentanilo de fabricación ilícita. La JIFE está ayudando a los Estados Miembros de la ONU a hacer frente a este problema mediante las actividades del Programa Mundial de Interceptación Rápida de Sustancias Peligrosas (GRIDS), lo que incluye el apoyo prestado por la red de oficiales técnicos regionales y algunas herramientas, como el Sistema de Comunicación de Incidentes del Proyecto Ion (IONICS), que facilita el intercambio de información en tiempo real entre las autoridades nacionales». En el lamentable escenario, resulta que sale al mercado «Naloxona», otra droga, que afirman tiene el poder de revertir la sobredosis de opioides. Entonces, que se sigan drogando; total, ya hay «remedio». Siendo realistas, simplemente extienden el brutal y genocida negocio.
Para entender y atender la epidemia mundial de las drogas, hay que observar que las tendencias de su uso adoptan ciclos en el que las pautas de consumo reaparecen en diferentes momentos y/o en distintas regiones, promovidas no sólo por el crimen organizado, traficantes o delincuentes callejeros, sino primordialmente, por las protervas y ambiciosas cúpulas de multimillonarios empresarios que dirigen la legal industria farmacéutica. Comprender y denunciar esas predisposiciones y sus dinámicas subyacentes, contribuye a mejorar las políticas de respuesta y a reaccionar con presteza ante la reproducción de tan grave y degradante manifestación del comportamiento humano.