La política pasa del argumento al insulto

Los líderes improvisados

descubrieron que

el resentimiento

moviliza más que las ideas.

La política contemporánea atraviesa una de sus etapas más pobres en términos intelectuales. Gobernantes, legisladores y dirigentes partidistas parecen haber renunciado al debate de ideas para refugiarse en el territorio más cómodo del poder: el insulto. La diferencia ya no se confronta con argumentos, sino con descalificaciones. El adversario pasó de ser interlocutor a enemigo útil.

Lo preocupante no es el deterioro o la pérdida del lenguaje público, sino la normalización social de la degradación. Hoy, buena parte de la clase política gobierna desde la confrontación emocional. Alimenta resentimientos, exacerba divisiones y convierte la agresión verbal en espectáculo cotidiano. La lógica es sencilla: dividir genera aplausos rápidos; razonar exige profundidad. Y la profundidad rara vez produce viralidad.

Las agresiones verbales se producen en la calle, en las tribunas legislativas y en los atriles de discurso en eventos masivos. No llaman a las ideas, llaman al pleito, a la venganza, al arrebato.

El fenómeno no distingue ideologías ni fronteras. Ocurre en gobiernos de izquierda, de derecha y en los híbridos oportunistas que utilizan cualquier bandera que les garantice permanencia. No importa si es un país poderoso, mediano o pobre, un avión presidencial o la fallida mañanera. El debate público fue sustituido por competencias de sarcasmo, burlas y ataques personales.

La política dejó de aspirar a convencer. Ahora busca humillar.

México no es ajeno a esa tendencia. Desde la tribuna presidencial hasta las cámaras legislativas (cada vez con menor credibilidad e influencia), el discurso desciende a terrenos donde predominan la caricatura del adversario, la insinuación y el desprecio. Se desacredita más de lo que se explica. Se acusa más de lo que se argumenta. En medio de esa dinámica, la discusión pública pierde altura, seriedad y capacidad de reflexión.

Y la gente común, el pueblo, compra el mal ejemplo, lo hace suyo.

La paradoja es inquietante: gobiernos que prometieron transformar la vida pública terminaron por empobrecer el lenguaje político. La “cercanía con el pueblo” se confundió con la vulgaridad discursiva. Como si hablar con simpleza implicara necesariamente hacerlo con pobreza conceptual. No es lo mismo.

El insulto tiene una ventaja estratégica para quienes ejercen el poder: evita pensar. Argumentar exige datos, contexto, preparación y capacidad para sostener contradicciones. Agredir verbalmente requiere apenas una consigna y una audiencia predispuesta al aplauso fácil. El problema es que esa dinámica termina por erosionar no sólo a las instituciones, sino a la cultura democrática.

Cuando la política acostumbra el agravio cotidiano, la sociedad empieza a degradar sus mecanismos de convivencia. La discrepancia deja de entenderse como parte natural de una democracia y comienza a asumirse como traición, amenaza o perversión moral. Desaparecen los matices. Todo se reduce a bandos.

El ciudadano deja de ser receptor de argumentos para ser consumidor de emociones. Se le alimenta con indignación permanente porque un ciudadano irritado reacciona impulsivamente. Un ciudadano reflexivo cuestiona. Pocos gobiernos disfrutan ser cuestionados desde la razón.

Si no estás conmigo, estás contra mí.

Tal vez el problema más grave no es que los políticos insulten. El riesgo aparece cuando las sociedades normalizan que el poder sustituya las ideas por agresiones. Ahí es donde la democracia deja de ser conversación para convertirse en confrontación administrada.

El reto es lograr que la gente común sea la sensata y los ponga en su lugar.

¿Habrá cómo hacerlo?