Lección de culiacanazos: refundar el CESP

Por Omar Garfias

@Omargarfias

“Somos la voz que representa legal y legítimamente a la ciudadanía en materia de seguridad”, proclaman en su página electrónica.

Me refiero a la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CGCESP). Funciona desde 1999, establecida por ley.

No es la única institución que no ha dado resultados significativos, pero sí es una de ellas. La responsabilidad mayor de garantizar la seguridad pública es del gobierno, pero definitivamente la CGCESP es corresponsable, en proporción mucho menor, del deterioro que deriva en el terrible momento que padecemos.

Necesitamos analizar para corregir lo que no ha funcionado; ojalá que de esa institución surgiera una autocrítica y un plan de refundación.

Revisemos su página de “logros”.

Dicen: “a propuesta de la Coordinación General se realiza una mesa de trabajo semanal con autoridades de todos los niveles, organismos de la sociedad civil, cámaras empresariales y representantes legales de corporativos, abonando a mejorar la coordinación entre instituciones y reducir la incidencia delictiva”.

Realizar reuniones no es un logro; tener reuniones con resultados sí lo sería. En la ciencia de la administración pública ha quedado establecido, desde hace muchos años, que los indicadores de gestión, lo que haces, debe tener un nivel secundario, mucho después de los indicadores de resultados, lo que obtienes.

Resaltan “logros históricos”: “A lo largo de dos décadas hemos propuesto programas que en su momento se aplicaron con efectividad y generaron impacto”.

“Uno de ellos es el Programa de Orden y Respeto, el cual busca que se cumpla sin distingo con los Bandos de Policía y Reglamentos de Tránsito, bajo la premisa de que la falta de respeto a las leyes y reglamentos crea una cultura de desorden que agrede a los ciudadanos pacíficos”.

“Otro programa es ‘Conductor Amigo’, que surgió como un esquema de participación ciudadana para mejorar la convivencia vial”.

“Como parte de nuestras propuestas, también se creó una ventanilla única para trámites por robo de vehículo, y aunque ya no opera, se busca implementarla nuevamente en la Unidad Especializada en Atención a Robo de Vehículo”.

Los “logros históricos” que señalan no abordan el problema central de Sinaloa: el crimen organizado. No hay evidencia de que por esos programas o reuniones se haya obtenido algo, sólo lo suponen. ¿Cuánto mejoró la convivencia vial?, no lo saben; ni siquiera tuvieron trascendencia, pues hasta desaparecieron.

Sostienen: “incidimos a impulsar” el Centro de Control de Confianza, ese que no fue útil para solucionar el examen a la policía municipal. Agregan que “abonan” a que existan cifras más reales de incidencia delictiva, lo que es muy bueno, y que propusieron la Unidad Antisecuestros, aunque esa versión se contrapone a la de las autoridades de la administración 1999-2004.

Como funciones de ley, sintetizan: “Evaluamos, proponemos y damos seguimiento de manera objetiva y transparente a las políticas de seguridad pública y justicia en Sinaloa, así como al marco jurídico en la materia”.

En 25 años, esas funciones no se desempeñaron de forma que se hubiera evitado el deterioro de las instituciones de seguridad pública en materia presupuestal; de falta de policías; de cooptación por el crimen organizado; de sueldos y pensiones; de protestas del personal; de falta de agencias del ministerio público; de servicios periciales desatendidos y un largo etcétera de insuficiencias.

Somos el estado que ocupa los últimos lugares de presupuesto y personal de instituciones municipales y estatales de prevención del delito y de fiscalías para investigar y perseguir la delincuencia, y la CGCESP no fue un factor que lo impidiera.

A propósito del actual culiacanazo, Javier Llausás sostiene: “Las decenas de muertos, desaparecidos y vehículos robados desde el 9 de septiembre, no es más que la consecuencia de no contar con una sociedad organizada”.

Esa es una función, no explícita en la ley pero indicada en su motivación, que el CGCESP debió hacer y no hizo: la construcción de una movilización social en pos de una agenda puntual de seguridad pública basada en evidencia que motivara la participación organizada de la sociedad.

Un primer paso es reconocer que es parte de lo que tiene que cambiar.

No pudieron impedir el deterioro de la seguridad pública; hay que cambiar lo que evitó que pudieran.

No caben los autoengaños. Los descensos habidos en los indicadores delictivos más importantes de Sinaloa no se derivan del establecimiento del Estado de Derecho ni de la recuperación de territorios. Se deben a la pax narca donde un grupo dominó o acordó con otro y, teniendo el poder, deja de tener necesidad de cometer algunos delitos. Los descensos en la percepción de inseguridad también tienen como causa la normalización que hacemos de la violencia y el adormecimiento del estado de alerta que todos necesitamos para sobrevivir.

Necesariamente, el CGCESP debe cambiar su composición; debe integrarse por personas con distinto acercamiento a la inseguridad; señaladamente debe incorporar a las víctimas, como las buscadoras y los desplazados.

Debe convertirse en el detonante de la deliberación pública sobre los temas de la seguridad pública, el impulsor de seminarios, congresos, cátedras, pruebas piloto, para llegar a propuestas, presupuestos, calendarios, mediciones, leyes, etcétera.

Debe dejar de ser un círculo de idénticos para convertirse en una red grande que incluya la pluralidad de nuestra sociedad.

Debe ser el contrapeso ciudadano científico y movilizante.

Debe dejar de ser un avalador de vicefiscales reprobados.

Medir su trabajo, abrir sus puertas y exigir seguridad pública.