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No mejorarán las policías locales ni la seguridad



Por Omar Garfias

@Omargarfias


Nuestra seguridad depende de cuerpos policiacos municipales y estatales a los que quitan presupuesto para equipo y capacitación.

En 2020, Sinaloa recibió del gobierno federal 305 millones de pesos de dos fondos con los cuales las policías locales pueden ser fortalecidas.

Había el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) y el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública de los Ayuntamientos (FORTASEG)

En el último año del gobierno de Peña Nieto, las policías locales recibieron 336 millones de pesos de esas bolsas de recursos.

En 2021, el presidente López Obrador desapareció el FORTASEG.

Ese año llegaron solo 216 millones del FASP para equipar y capacitar a las policías responsables de la seguridad pública.

Para 2023 únicamente habrá 246 millones del FASP.

Hay menos presupuesto para apoyar a las policías municipales y estatales.

Hay menos presupuesto para la seguridad pública de nuestras familias.

Es 20 por ciento menos recurso que los que daba López Obrador al inicio de su gobierno, y 27 por ciento de lo que enviaba Peña Nieto.

Los políticos que votaron a favor de la militarización nos prometieron que habría más recursos para las policías locales.

No se cumplió esa promesa.

Nos prometieron que las policías locales fortalecidas substituirán a los militares en 2029.

Difícilmente sucederá.

Nuestra seguridad depende de cuerpos policiacos municipales con menos policías.

El INEGI indica que en 2010 había en Sinaloa 5 mil 666 policías y personal de mando y oficina adscrito a las instituciones municipales de seguridad pública.

En 2020, esa cantidad se redujo a 4 mil 345 policías y administrativos: 24 por ciento menos.

Culiacán tiene un déficit de al menos mil policías municipales, según reconoció el propio alcalde, pues tiene sólo 600 elementos en activo.

En cuanto a los policías estatales, la situación empeora.

En Yucatán existen 1.4 policías estatales por cada mil habitantes; en la CDMX, 3.7.

En Sinaloa, la cifra es de 0.3 por ciento.

Ocupamos el lugar 27, somos de los menos protegidos.

En total, en la calle hay 3 mil 719 policías municipales y estatales cuando debería haber 5 mil 400 según el estándar mínimo establecido por el gobierno federal.

El monto del presupuesto ejercido por la institución responsable de la seguridad pública estatal de Sinaloa fue, en 2021, de los más bajos del país, el lugar 29 del escalafón nacional.

Las policías locales no pueden ser sustituidas eficientemente con el Ejército. Hacen cosas diferentes, son complementarias, más no sustituibles o intercambiables.

En el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal se registra que, en 2020, la Guardia Nacional militarizada puso a disposición del Ministerio Público a seis personas por el delito de homicidio doloso. En ese año hubo más de 36 mil asesinatos.

Esa es la efectividad de la militarización, 6 de 36 000.

Estamos indefensos.

Veamos el ejemplo de las masacres, del asesinato de tres o más personas en un solo acto violento.

Ese acto se suele realizar con un vehículo donde viajan cuatro delincuentes.

La posibilidad de que un convoy militar coincida con ese vehículo en el momento que van a realizar la masacre es sumamente baja.

Es altamente improbable que los recorridos militares puedan evitar una masacre o puedan capturar in fraganti a los asesinos.

Por eso llevan tan pocos detenidos por homicidio doloso.

Esas masacres se evitan y castigan mediante un trabajo policial que identifica los grupos en pugna, las zonas y lugares donde se mueven; las tensiones entre ellos, las amenazas lanzadas, etc. En pocas palabras, se resuelven con el trabajo de investigación de cercanía, propio de las policías.

No estamos seguros.

Necesitamos buenas policías municipales y estatales.

Complementadas por el Ejército.

Los policías investigan y, si se trata de enfrentar un grupo de delincuencia organizada, debieran ser acompañados por el Ejército.

Los complementan, no los sustituyen.

No hay apoyo federal efectivo para equipar y capacitar a las policías locales.

Además de ser afecto a la militarización, el presidente López Obrador parece no querer que existan gobiernos locales fuertes, sino un poder central poderoso.

Una herramienta de esa centralización del poder es que las policías locales sean débiles y la fuerza militar prive, porque sobre esa tiene el mando desde la CDMX.

La falta de recursos de los policías locales son un caldo de cultivo para su corrupción.

Expertos como Ion Grillo estiman ingresos de 30 mil millones de dólares anuales para los narcos mexicanos y consideran que dedican mil 500 millones de dólares a corromper los cuerpos de seguridad y justicia locales.

Esta cantidad de dinero significa triplicar el sueldo de todos los policías municipales y estatales.

Los gobiernos regatean recursos mientras la economía ilegal es generosa.

No es difícil imaginar las consecuencias.

Ante la debilidad policiaca, algunos ciudadanos pagan seguridad personal; otros, seguridad privada y alarmas. Hay quienes ponen rejas, bardas, protecciones, herrería, cadenas, candados...

Muchos pagarán esta falta de seguridad perdiendo propiedades y hasta la vida.

Todos lo pagamos con miedo.

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