¿Por qué México lleva ocho años estancado?

Temas Centrales de la Política en México

Cuatro razones, entre muchas

Por Miguel Tirado Rasso

mitirasso@yahoo.com.mx

El fundador de Morena decidió imponer un estilo sui géneris de gobernar, por decir lo menos, basado en cuatro principios.

En materia de seguridad, tema sensible, delicado y complejo, aplicó una especie de amnistía a la delincuencia organizada. Una tregua de abrazos y no balazos, con lo que fortaleció a los cárteles, que aprovecharon la oportunidad para extender sus dominios territoriales a sangre y fuego. El incremento de homicidios dolosos durante el gobierno morenista refleja las consecuencias de semejante ocurrencia.

Gobernar es muy sencillo, no tiene ciencia, decía el de Macuspana. Basado en esa hipótesis, formó un equipo de trabajo con elementos cuyo requisito fundamental era su lealtad, aunque su ignorancia en los temas de las responsabilidades de los cargos asignados fuera evidente. Noventa por ciento de lealtad y diez por ciento de experiencia, era el requisito para ocupar un cargo público. Los resultados de asignar tareas delicadas y de alta responsabilidad a quienes carecían de conocimientos, experiencia y preparación académica, son el mejor ejemplo del desastre de un gobierno improvisado y mediocre.

Obras sin planeación, inconclusas, mal diseñadas y absurdamente costosas. El Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” —AIFA—, que no avanza por problemas de conectividad, falta de vialidades de acceso, altos costos de transporte y largos tiempos de traslado; un Ferrocarril Transoceánico con graves problemas operativos y estructurales que han provocado ya varios descarrilamientos, uno con pérdidas humanas. El trazado original, que data de principios del siglo pasado, no se corrigió y subsiste el riesgo de más accidentes.

El Tren Maya, construido contra la opinión de organizaciones ambientalistas por los daños ecológicos irreversibles que significó la obra, cuyos cimientos, pilotes para el tramo elevado, son preocupación permanente de sus operarios; con daños a acuíferos y cenotes y la tala de más de 11 mil hectáreas de selva, se impuso la voluntad presidencial. La obra, interminable, es además económicamente insostenible.

Una refinería, Dos Bocas, construida contra la opinión de expertos en un lugar inadecuado —Paraíso, Tabasco—, con problemas técnicos, operativos y de seguridad, por lo que incendios y accidentes ya no sorprenden a nadie.

“Vamos a combatir la corrupción como se barren las escaleras: de arriba para abajo”, repetía el mandatario tabasqueño a la menor provocación. Por lo visto faltó escoba o no hubo voluntad para cumplir con la promesa de campaña y de gobierno. La opacidad en la asignación de los contratos para las millonarias obras de gobierno dio lugar a grandes negocios y jugosas fortunas de parientes y amistades, quienes no tuvieron empacho en ostentar, en medios públicos, su nuevo status económico y social.

Sólo en el caso del huachicol fiscal, según datos del propio gobierno, el daño patrimonial ascendió a 600 mil millones de pesos, sin que hasta la fecha se haya informado de avances en la investigación. Por el monto defraudado, las autoridades aduaneras, de la Marina, del Ejército, fiscales, agencias aduanales y corporaciones policíacas encargadas de vigilar el tráfico de mercancía en las fronteras, son quienes podrían ser los presuntos responsables por comisión u omisión.

Derivado del malestar que le causaba la independencia y autonomía de un Poder Judicial, con una Superma Corte de Justicia de la Nación (SCJN) empeñada en cumplir su función de guarda y respeto del orden constitucional y contrapeso de los excesos del Poder Ejecutivo, la Presidencia aceleró una reforma constitucional para desparecerlo, con el argumento de que estaba viciado por la corrupción, el nepotismo y el influyentismo, sin ordenar nunca una investigación que sustentara los dichos de Palacio.

Se decidió entonces que la justicia deberían aplicarla jueces elegidos “democráticamente” por el pueblo bueno y sabio. Una justicia popular con jueces comprometidos con el Ejecutivo, al convertirse en juzgadores a modo pues, a final de cuentas, el cargo se lo deben a quien los seleccionó.

En la precipitación por poner en práctica semejante reforma, y ante lo complejo del proceso electoral judicial, los morenistas decidieron no correr riesgos e idearon un sistema a base de acordeones, donde se mencionaban los nombres de los aspirantes por quienes deberían votar los electores. Curiosamente, los que el gobierno había seleccionado.

La consecuencia de tan brillante idea fue la desaparición del Estado de Derecho, un clima de inseguridad jurídica que hasta ahora es la principal razón de la falta de inversiones extranjeras y locales. Nadie quiere arriesgar sus capitales en un país donde la justicia depende de lo que decida el Ejecutivo.

Al tener el control de los poderes Legislativo y Judicial, el Ejecutivo acabó con la división de poderes, con todo y lo que eso significa.

Y todavía nos preguntamos ¿por qué México lleva ocho años estancado?

Julio 24, 2026