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Por Omar Garfias
@Omargarfias
Hemos hecho mal en resignarnos a no tener seguridad pública.
Los culiacanazos han demostrado que es un error pensar que se puede cohabitar con un alto nivel de violencia y con la falta de estado de derecho.
Pánico en tu familia y daños económicos padecen los menos afectados. Muerte y robos, los menos afortunados.
Hemos hecho mal en conformarnos con acciones y programas ineficientes y lentos.
Nos equivocamos en pensar que no se puede tener seguridad pública.
Otras sociedades han podido: Coahuila, con problemas idénticos a los nuestros; San Salvador, Medellín, Bogotá, Santiago de Chile…
Su éxito no es casual: invirtieron en prácticas basadas en evidencia y comprobadas en su efectividad. No siguieron por la simple inercia y costumbre, como aquí.
Las acciones aisladas no funcionan, sólo las políticas públicas de seguridad ciudadana bien analizadas, planeadas, financiadas, programadas y evaluadas.
Hemos hecho mal en no invertir y no construir programas eficaces de prevención del delito y de mantenimiento del orden público.
En 2023, en promedio nacional, hubo un policía preventivo por cada 142 mil personas. En Campeche y Tabasco, un elemento por cada 66 mil ciudadanos. En Sinaloa, uno por cada 333 mil.
Ese mismo año, el presupuesto ejercido por las instituciones de seguridad pública estatales de Sonora y Yucatán fue de 3 mil 171 millones y 3 mil 634 millones, respectivamente. En Sinaloa fue de 936 millones, menos de la tercera parte.
Hemos hecho mal en no invertir y no construir programas eficaces de investigación y persecución del delito.
En 2022, a la Fiscalía de Sonora le aprobaron un presupuesto de 58 mil 647 pesos por ciudadano. A la de Sinaloa, sólo 28 mil 441 por cada uno de nosotros.
Muy lejos de los 80 mil 177 de la Ciudad de México; de los 67 mil 342, de Nuevo León; 57 mil 661, de Guanajuato, y 54 mil 369, de Baja California.
Hemos hecho mal en no invertir y no construir programas eficaces de participación ciudadana.Los culiacanazos han demostrado que no hay una estructura territorial ni por sectores para transmitir información verificada a los ciudadanos ni para generar una reacción colectiva adecuada.
Las instancias actuales no han inspirado ni estructurado una movilización social, sino la han pretendido sustituir y, las más veces, suplantar.
Lo que se ha hecho hasta ahora no ha sido eficiente ni eficaz.
En 2022 fueron presentadas 146 mil 864 personas ante el ministerio público en todo el país. De esas detenciones, sólo 169 sucedieron en Sinaloa.
El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal es muy contundente: somos el peor estado, donde menos personas se ponen a disposición del ministerio público.
Según el Censo de Procuración e Impartición de Justicia Estatal 2022 del INEGI y de solicitudes de información de la organización “México Evalúa”, el porcentaje de casos denunciados no resueltos en nuestra entidad en homicidios dolosos es de 99.9; en feminicidios, 94; en desapariciones, 95 por ciento; en extorsión, 99; en violación, 95; en robo simple, 96; en despojo, 96; en fraude, 97 y, en narcomenudeo, 100 por ciento.
Padecemos un nivel de violencia e inseguridad de trascendencia mundial.
Es imprescindible que los presupuestos de seguridad pública dejen de ser los más bajos del país y se realice una programación paulatina para que, en cinco años, sean el número uno per cápita nacional.
Es imprescindible que el número de policías sea suficiente para alcanzar progresivamente, en 2029, una tasa de uno por cada 50 mil habitantes y tengan el salario, la capacitación y el equipamiento de mayor nivel internacional.
Es imprescindible que la Fiscalía cuente con el personal en cantidad suficiente, con la capacitación profesional necesaria, el salario y la tecnología más avanzada que permitan las calificaciones más altas del plano global en un lustro.
Es imprescindible conformar instancias de la sociedad civil con la representatividad y vinculación permanente con la población, que funcionen como contrapeso efectivo: vigilen, controlen, evalúen y corrijan a las instancias gubernamentales de modo, por ejemplo, que eviten que vicefiscales reprobados se conviertan en fiscales.
Es imprescindible establecer instancias de participación ciudadana que entreguen información, recojan opiniones y propuestas y acuerden acciones conjuntas de forma sistemática con las comunidades de colonias urbanas, poblaciones rurales, universidades, agricultores, comerciantes, restauranteros, adultos mayores, mujeres y demás sectores de la sociedad.
Es imprescindible definir un verdadero programa de prevención social del delito que detone el desarrollo regional de las zonas más proclives a vincularse con el crimen organizado, y de desarrollo humano de personas vulnerables para impulsar sus capacidades de generación de ingresos, la superación de adicciones y la resolución pacífica de conflictos.
Es imprescindible no confundir la seguridad ciudadana con la reducción de indicadores en forma aislada, tenue y coyuntural que se origina, incluso, por malas razones: porque la gente no sale a la calle o por el mismo dominio criminal. Necesitamos un índice local analizado profundamente.
Seguramente habrá quien insista en decir: ¡no se puede! A veces como disculpa del fracaso de su partido; a veces porque ya interiorizaron el miedo; a veces por desconocimiento; a veces por impaciencia; a veces porque creen ser amigos de “pesados”; a veces porque ya están derrotados.
Para ellos hay una opción: comprar chalecos antibalas para sí mismos y sus familias porque, si no cambiamos de ruta, allá vamos a llegar.
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