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Por Omar Garfias
@Omargarfias
Irregularidades por más de 9 mil millones de pesos encontró la Auditoría Superior de la Federación en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en 2019 y 2020.
En lugar de castigo, su director, Ignacio Ovalle, recibió otro puesto en el Gobierno federal: director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que Delfina Gómez descontó 10 por ciento de su sueldo a 550 trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, y que parte de ese dinero se destinó a pagar proveedores de su siguiente campaña política.
En lugar de castigo, Delfina Gómez recibió un puesto en el Gobierno federal: secretaria de Educación Pública, y actualmente es promovida para ser gobernadora del Estado de México.
La Secretaría de la Función Pública abrió una investigación por denuncias recibidas en contra de la entonces directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Rocío García Pérez, acusada de obligar a empleados a entregar parte de su salario como condición para mantener su empleo.
En lugar de castigo, García Pérez recibió otro puesto en el Gobierno federal: subsecretaria de Bienestar.
La empresa Servicios Logísticos HMC Negrete ha sido identificada por la actual administración del SAT como simuladora de operaciones, esto es, facturera o fantasma.
En lugar de castigo, los contratos de esta empresa con Morena y con gobiernos de este partido han superado los 30 millones de pesos.
La Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la empresa de León Manuel Bartlett (hijo de Manuel Bartlett Díaz), Cyber Robotic Solutions, por 24 y 27 meses. Bartlett vendió ventiladores al IMSS para tratar a pacientes con COVID-19 a un precio fuera del rango del mercado, no cumplió las especificaciones técnicas y entregó información falsa para ganar los contratos.
En lugar de castigo, de enero a agosto de 2021, Cyber Robotic Solutions recibió al menos siete contratos por parte de la administración pública federal, los cuales suman 66 millones de pesos. Entre estos contratos sobresale el que la Sedena le adjudicó de forma directa por 31 millones de pesos para surtir material de cirugía robótica.
Hay muchísimos más casos como estos.
La frecuencia con que suceden indica que no se trata de hechos aislados, sino que son parte de la forma de gobernar.
La cuarta transformación es corrupción e impunidad.
No procura justicia, la negocia.
Como antes.
México ha padecido muchos gobiernos así.
Seguir padeciendo corrupción e impunidad desde la administración pública significa menos calidad de vida y menor crecimiento económico para nosotros.
El dinero para las obras necesarias se lo quedan los pícaros.
Las empresas que prosperan son las de los transas.
Todo es más difícil para los eficientes, los trabajadores y los honestos.
Desde el poder, desde el gobierno, se emite un código de conducta, una lección de valores, un consejo pragmático: sé corrupto.
No hay nada más corruptor para nuestra niñez y juventud que la pedagogía de impunidad que pueden presenciar en la arena de la política pública.
Los gobiernos corruptos requieren ser autoritarios, necesitan eliminar contrapesos que los controlen y vigilen.
No sólo se quedan con los recursos públicos, sino van limitando la libertad ciudadana porque significa una amenaza contra su apropiación indebida.
El circo de la ilegalidad contiene farsa, burla y sometimiento.
Los gobiernos deben tener contrapesos para que no puedan libremente hacer mal uso de los recursos públicos.
Los partidos, los especialistas, los ciudadanos, los medios de comunicación, deben ejercer su función de denuncia.
Deben existir y funcionar instituciones autónomas que conozcan al detalle el manejo del presupuesto y sancionen irregularidades.
Deben existir y funcionar instituciones que permitan a todos acceder a la información gubernamental.
Ahí está la forma de evitar que se roben el dinero de todos.
No es confiando ciegamente en quien dice que no roba, no miente y no traiciona.
“No hay corrupción, aunque les dé coraje a los conservadores, ya se acabó. Porque el presidente no es corrupto y no tolera la corrupción”, dijo el propio presidente el 11 de marzo de 2021.
El INEGI va, cada cuatro años, a las casas de los mexicanos a hacer una encuesta sobre el tema.
En 2017, cuando gobernaba Peña, la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó algún acto de corrupción, fue de 14 mil 635 por cada 100 mil habitantes.
En 2021, ya con AMLO, la tasa de incidencia fue de 14 mil 701 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes.
Tenemos un gran problema.
También tenemos una tarea.
Fortalecer contrapesos.
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