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Por Omar Garfias
@Omargarfias
Debo iniciar con establecer rotundamente que no deseo que suceda un desastre natural. Este es un análisis con propuestas para prevenir y tener resiliencia, capacidad de superar los daños. El deseo es que no cueste una sola vida y, tampoco, daños materiales. Inicio con una buena noticia: de aquí a la siguiente temporada de huracanes tenemos siete meses. Es tiempo suficiente para hacer un plan de prevención y resiliencia, empezar las acciones más urgentes y programar las de mediano y largo plazo. Prevenir El Centro Nacional de Investigación Atmosférica de los Estados Unidos señala que por cada grado Celsius que se calienta la Tierra, la proporción de huracanes de categoría 5 aumenta un 30 por ciento. El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU ha advertido que los huracanes serán cada vez más potentes y frecuentes, y las temporadas más extensas. Según estudios de la Secretaría de Turismo, la vulnerabilidad de la costa sinaloense es muy alta por inundación, tanto a causa de marea de tormenta como por desbordamiento de ríos. Para conocer la intensidad y dirección de los ciclones que se dirigen a México es necesario, dicen los especialistas, tener 30 radares y un avión cazahuracanes. Sólo tenemos seis radares y ningún avión. Dependemos abrumadoramente de los Estados Unidos. La falta de datos locales ha provocado errores en la predicción, como pasó en Acapulco. El presupuesto del Centro Nacional de Prevención de Desastres bajó de 115 millones de pesos, que tuvo en 2018, a 79 millones en 2023. Para 2024 el gobierno federal solo plantea 81 millones. A la vigilancia meteorológica de la Semarnat le recortaron el 41 por ciento de sus recursos. Es impostergable invertir suficientemente en el conocimiento de los fenómenos meteorológicos que pueden golpearnos. La relación con el gobierno federal debe establecerse en términos de colaboración equitativa. El 5 por ciento de los impuestos que pagamos los mexicanos es recaudado por los gobiernos estatales y el 95 por ciento por el gobierno federal. Cuatro diputados federales de Morena proponen hacer recaer en los estados la responsabilidad de difundir las alertas tempranas. Esta iniciativa crearía una desproporción entre responsabilidades y recursos. Reducir el impacto en la población. Las condiciones de vulnerabilidad deben considerarse una emergencia. En Mazatlán, hay 1 mil 589 casas con techo de cartón o lámina, en 743 de ellas también los muros son de material endeble; 27 mil personas viven en viviendas precarias. Son trampas mortales ante vientos mayores a 252 kilómetros por hora. En Navolato, 2 mil 718 casas son de cartón, según el más reciente reporte del INEGI. En Culiacán 3 mil 451 viviendas tienen muros endebles; 2 mil 780, techos precarios, y 1 mil 495 padecen ambas carencias. En Ahome, 24 mil personas viven en una casa muy vulnerable; en Guasave, 22 mil; en Angostura, 2 mil; en Elota, 7 mil; en San Ignacio, 2 mil; en Rosario, 6 mil, y en Escuinapa, 10 mil. Son, todos ellos, víctimas potenciales, tragedias evitables. Un estudio de 2015 de la Junta Municipal de Agua Potable de Mazatlán ubicaba en 2 mil millones de pesos los requerimientos para sostener los sistemas de saneamiento y agua potable. Esa es una infraestructura básica para soportar que caiga, en unas horas, la misma cantidad de lluvia que cae en un año y medio. Además, es necesario reforzar las redes de suministro eléctrico, hidrocarburos, gas y telecomunicaciones, y los servicios de seguridad pública, abasto, salud, educación, rescate y emergencias. Los sistemas de protección civil, con base en los Atlas de riesgo y las Guías de Resiliencia Urbana, deben incidir en los presupuestos municipal y estatal, deben tomar un protagonismo que ahora no tienen. Hacer que se termine de construir el muro del arroyo Jabalíes, por ejemplo. La recuperación El presidente López Obrador envió, el pasado tres de octubre, una iniciativa de modificación de ley para transferir a los estados la obligación de proveer recursos para atender a la población y contratar seguros ante casos de desastres y emergencias. El gobierno federal no debe evadirse ni ausentarse. El presupuesto de la Coordinación Nacional de Protección Civil disminuyó de 304 millones, en 2018, a 191, en 2023. El gobierno estatal no apoya a damnificados con becas a niños, ni empleo a jóvenes, ni apoyo para reconstruir locales ni préstamos a empresarios como sí lo hace, históricamente, el federal, ya que este tiene más recursos, nuestros impuestos, en sus manos. A daño igual debe corresponder atención igual; no estar sujeto a qué orden de gobierno te atiende ni si las autoridades locales prefieren "no molestar al jefe". El dinero para ayudar a los damnificados debe estar listo para ser usado inmediatamente y ser suficiente. Una lección de Acapulco es que sustituir el esquema del fideicomiso por el de programa ocasiona que se anuncien los apoyos una semana después de que ocurre la tragedia. El dinero en el fideicomiso está en el banco; en el programa, hay que esperar a que Hacienda tenga dinero. En un fideicomiso se pueden acumular recursos de diferentes años; en un programa, se regresa el dinero no ejercido. Si hay corrupción en el manejo del fideicomiso, hay que meter a la cárcel al delincuente, encargarlo a un honesto y reforzar la transparencia, vigilancia y control. El ex director del Fonden durante el gobierno de Enrique Peña Nieto no está en la cárcel. José María Tapia Franco es proveedor multimillonario del actual gobierno federal y aspirante a la Presidencia municipal de Querétaro por Morena. Nos urgen acciones para que nadie muera ni pierda su patrimonio.
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