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Ni siquiera pueden proteger sus cámaras de videovigilancia


Por Omar Garfias

@Omargarfias


Ciento catorce videocámaras fueron destruidas a balazos en las primeras dos noches del año en Culiacán.

No hay detenidos.

El simbolismo es claro: no hay límites, pueden hacer lo que se les antoje. No estamos seguros, protegidos, en paz ni tranquilos.

En 2023, el segundo año del gobierno estatal actual, asesinaron a 532 personas; esto es, una cantidad mayor a la de 2022, el primer año, cuando mataron a 476.

El feminicidio también aumentó, de 23 a 33 víctimas.

Son datos de la Fiscalía General del Estado.

No hay reducción de la violencia.

Otro momento icónico: miles de disparos se escucharon la noche de año nuevo. Ocho personas fueron heridas por “balas perdidas”. Tampoco hay detenidos.

También el año pasado aumentó la extorsión, la violación sexual, el robo a casas y el robo de vehículos.

La política obradorista para darnos seguridad pública fue, centralmente, crear la Guardia Nacional.

El pueblo de México tiene como ángel de la guarda a la Guardia Nacional, declaró el presidente el pasado 20 de noviembre.

En 2022, según datos del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sucedieron 32 mil 223 asesinatos y se denunciaron 3 millones 349 mil delitos.

La colaboración de la Guardia Nacional fue poner a disposición del ministerio público a 2 mil 814 presuntos delincuentes.

El promedio de efectividad fue de 45 guardias trabajando un año para atrapar a un posible transgresor de la ley.

Con quienes sí fueron implacables fue con los migrantes.

Atraparon a 177 mil de esas mujeres, niños y hombres que huyen de la miseria y la violencia de sus países.

Un dato a recordar es que, en 2018, a solicitud de Donald Trump, el gobierno obradorista dejó de recibir con mariachis a los migrantes latinoamericanos

Un indicador reportado por el INEGI es el número de llamadas de auxilio a la Guardia Nacional. En 2019 hubo 330 mil llamadas. En 2020, 280 mil; en 2021 el número descendió, otra vez, a 228 mil, mientras que en 2022 se registraron únicamente 184 mil llamadas.

No es sólido pensar que en esos años bajó la necesidad de auxilio de los mexicanos, lo más probable es que disminuyó la confianza en que la Guardia Nacional es capaz de ayudarlos.

Otra estrategia morenista fallida fue usar programas sociales para alejar a los jóvenes de los cárteles.

No priorizaron a los pobres y el rezago educativo, entre 2018 y 2022, creció en 2 millones 400 mil muchachos, según datos del mismo gobierno, del CONEVAL. Se alejaron de las escuelas, no de los delincuentes.

Podemos y queremos vivir seguros.

Una acción fundamental es abatir la impunidad; que quienes cometen conductas antisociales sepan que serán castigados.

La capacidad de investigación, persecución y castigo debe fortalecerse. Invertirse en ella.

La suficiencia de personal es baja: 2.42 policías ministeriales por cada 100 mil habitantes, mientras el promedio nacional es de 9.93; en número de ministerios públicos, la tasa estatal es de 8.76 y la del país es de 9.60; respecto a la cantidad de peritos, 0.03 es la tasa de Sinaloa y 2.37 la de México.

Nuestra capacidad institucional para impartir justicia y prevenir y castigar los delitos es débil, por debajo de los promedios nacionales y muy menores a la de las sociedades que gozan de seguridad pública y un estado de derecho.

No solo es necesario invertir suficientemente sino también debe hacerse bien.

Las malas policías municipales no se compensan con el Ejército; su función es diferente.

En 2013, las transferencias del gobierno federal para la seguridad municipal fueron de 21 mil 600 millones de pesos, mientras en 2022 fueron de sólo 8 mil millones.

La experiencia más exitosa de esta época en México es la recuperación de la región de La Laguna, que comparten Durango y Coahuila.

En 2012 la tasa de homicidios dolosos fue de 95; en 2013, de 52; en 2014, de 26; en 2015, 17; en 2016, de 12.

En La Laguna invirtieron el proceso de elaboración de la política de seguridad pública. En lugar de juntar a unos pocos ciudadanos para que ayudaran a implementar las políticas definidas en la CDMX, pusieron a una gran cantidad de gente a diseñar programas adecuados a la realidad concreta de la región y pidieron a las autoridades del centro que se sumaran.

El factor clave fue dialogar y responder las peticiones de todos los actores sociales locales. El resultado fue: el mejor modelo de seguridad en México.

Se puede vivir seguro.

Invirtiendo en el combate a la impunidad.

Reconstruyendo las policías municipales y estatales.

Construyendo soluciones locales.

Apoyando a los jóvenes más necesitados.

No cabe ningún triunfalismo, proclamar que estamos bien.

No pueden ni proteger las cámaras de afuera de su oficina.

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