.png)
Los casos judiciales por el cambio climático se han más que duplicado desde 2017 y van en aumento en todo el mundo. Estos hallazgos, publicados hoy por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Centro Sabin para la Ley de Cambio Climático de la Universidad de Columbia en el Reporte del Litigio Climático Global: Revisión de estado 2023, muestran que los litigios climáticos son parte integral para asegurar la acción y la justicia climáticas.
El Informe se basa en una revisión de casos centrados en leyes, políticas o ciencia sobre el cambio climático recopilados hasta el 31 de diciembre de 2022 en las bases de datos del Centro Sabin de Litigios sobre Cambio Climático Global y de Estados Unidos, que se publica un día antes del primer aniversario de la declaración de la Asamblea General de la ONU del acceso a un medio ambiente limpio y saludable como un derecho humano universal.
“Las políticas climáticas van muy atrasadas sobre lo que se necesita para mantener las temperaturas globales por debajo del umbral de 1,5°C, con fenómenos meteorológicos extremos y un calor abrasador que asan el planeta”, afirmó Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA.
“La gente recurre cada vez más a los tribunales para combatir la crisis climática, donde sostiene que los gobiernos y el sector privado son responsables y hacen del litigio un mecanismo clave para asegurar la acción climática y promover la justicia climática”.
El informe da una visión general de los casos clave de litigios climáticos de los últimos dos años, incluidos avances históricos; como aumentan en frecuencia y volumen, el cuerpo de precedentes legales crece y forma un campo del derecho cada vez mejor definido.
El número total de casos se ha más que duplicado desde el primer informe sobre el tema, al pasar de 884 en 2017 a 2 180 en 2022. Si bien la mayoría de los casos se han presentado en los EE. UU., el litigio climático se arraiga en todo el mundo, y alrededor del 17 por ciento de los casos ahora se notifican en países en desarrollo, incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Estas acciones legales se iniciaron en 65 órganos en todo el mundo: en cortes, tribunales, órganos cuasijudiciales y otros órganos judiciales internacionales, regionales y nacionales, incluidos los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y los tribunales de arbitraje.
"Existe una brecha preocupantemente creciente entre el nivel de reducción de gases de efecto invernadero que el mundo necesita para cumplir con sus objetivos de temperatura y las acciones que los gobiernos toman para reducir las emisiones, lo que inevitablemente llevará a más personas a recurrir a los tribunales. El informe será un recurso invaluable para quienes deseen lograr el mejor resultado posible en los foros judiciales y comprender lo que es y lo que no es posible allí”, indicó Michael Gerrard, director de Facultad del Centro Sabin.
El informe demuestra cómo las voces de los grupos vulnerables se escuchan en todo el mundo: 34 casos han sido presentados por y en nombre de niños y jóvenes menores de 25 años, incluidas niñas de siete y nueve años en Pakistán e India, respectivamente, mientras en Suiza los demandantes presentan su caso basándose en el impacto desproporcionado del cambio climático en las mujeres mayores.
Casos notables han desafiado decisiones gubernamentales basadas en la inconsistencia de un proyecto con las metas del Acuerdo de París o los compromisos de un país para lograr emisiones cero netas.
La creciente conciencia sobre el cambio climático en los últimos años también ha estimulado la acción contra las corporaciones, que incluyen casos que buscan responsabilizar a las empresas de combustibles fósiles y otros emisores de gases de efecto invernadero por el daño climático.
Según el informe, la mayoría de los litigios climáticos en curso cae en una o más de seis categorías:
1) casos que se basan en los derechos humanos consagrados en el derecho internacional y las constituciones nacionales;
2) desafíos a la no aplicación nacional de leyes y políticas relacionadas con el clima;
3) litigantes que buscan mantener los combustibles fósiles bajo tierra;
4) aboga por mayores divulgaciones climáticas y el fin del lavado verde (greenwashing);
5) reclamos que abordan la responsabilidad corporativa y la responsabilidad por daños climáticos; y,
6) reclamos que abordan fallas en la adaptación a los impactos del cambio climático.
El informe demuestra cómo los tribunales encuentran fuertes vínculos entre los derechos humanos y el cambio climático, lo cual conduce a mayores protecciones para los grupos más vulnerables de la sociedad, así como a una mayor rendición de cuentas, transparencia y justicia, lo que obliga a los gobiernos y corporaciones a perseguir metas más ambiciosas de mitigación y adaptación al cambio climático.
Hacia el futuro, el informe predice un aumento en el número de casos relacionados con la migración climática; casos presentados por pueblos indígenas, comunidades locales y otros grupos desproporcionadamente afectados por el cambio climático, y casos que abordan la responsabilidad por eventos climáticos extremos.
El informe también anticipa desafíos en la aplicación de la ciencia de la atribución climática, así como un aumento en los casos de “reacción violenta” contra los litigantes que tienen como objetivo desmantelar las regulaciones que promueven la acción climática.
Los casos y asuntos cubiertos en el informe incluyen :
El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluye por primera vez que un país ha violado el derecho internacional de los derechos humanos a través de la política climática y la inacción climática, y encuentra que el gobierno de Australia viola sus obligaciones de derechos humanos con los isleños del Estrecho de Torres;
la Corte Suprema de Brasil sostiene que el Acuerdo de París es un tratado de derechos humanos que goza de estatus “supranacional”;
Un tribunal holandés ordenó a la empresa de petróleo y gas Shell que cumpla con el Acuerdo de París y reduzca sus emisiones de dióxido de carbono en un 45 por ciento, con respecto a los niveles de 2019, para 2030. Esta fue la primera vez que un tribunal determinó que una empresa privada tenía una obligación en virtud del Acuerdo de París;
el tribunal de Alemania anuló partes de la Ley Federal de Protección del Clima por ser incompatibles con los derechos a la vida y la salud;
Un tribunal de París sostiene que la inacción climática de Francia y el incumplimiento de sus objetivos de presupuesto de carbono han causado daños ecológicos relacionados con el clima;
Un tribunal del Reino Unido encontró que el gobierno no había cumplido con sus deberes legales en virtud de la Ley de Cambio Climático de 2008, al aprobar su estrategia de cero emisiones netas;
Los esfuerzos para obtener opiniones consultivas sobre el cambio climático de la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar han sido iniciados e impulsados por los pequeños Estados insulares en desarrollo.