El asesor presidencial que no sabe leer los momentos
Un presidente no necesita
asesores que le den la razón;
necesita asesores capaces
de evitar que cometa errores.
Hay trabajos que parecen sencillos hasta que se comprende la responsabilidad que implican. Uno de ellos, envidiable sin duda, es asesorar a la Presidencia en México.
No están para llenar carpetas, preparar tarjetas informativas ni encontrar argumentos para responder a los adversarios políticos. Mucho menos para buscar todos los días aquello que permita golpear al gobernador incómodo, al analista crítico, al político que piensa distinto o al periodista incisivo.
El verdadero trabajo de un asesor presidencial debería ser mucho más difícil: decir qué se sabe, qué no se sabe, qué está comprobado y qué necesita ser más investigado.
Una cosa es equivocarse en una conversación privada y otra, muy distinta, hacerlo desde la principal tribuna de la República. Ya no digamos en “La mañanera del pueblo”, que es una vitrina totalmente abierta.
El reciente caso del estado de Querétaro ofrece un buen ejemplo:
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente que el gobernador Mauricio Kuri hubiera invitado al embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, a la colocación de la primera piedra de una Academia Internacional de Capacitación Policial, sin informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni al Gabinete de Seguridad.
Horas después apareció un oficio fechado el 23 de septiembre y recibido por la Cancillería el 25 —ocho días antes del evento—, en el que el gobierno de Querétaro notificaba la visita del embajador y el para qué.
La SRE confirmó posteriormente haber recibido el documento, aunque sostuvo que no planteaba la existencia de un mecanismo de cooperación internacional en materia de seguridad y que el proyecto de la academia requería otro procedimiento. Pifia argumentativa que terminó por convertirse, nuevamente, en un error de respuesta.
El asunto presenta aristas jurídicas y administrativas que deben resolverse, pero hay otro sesgo, más importante para la comunicación presidencial: ¿qué información recibió la presidenta antes de hablar?, porque ahí se subraya la responsabilidad de los asesores.
La presidenta es sometida diariamente a una extraordinaria cantidad de información: datos oficiales, reportes de seguridad, documentos diplomáticos, opiniones políticas, análisis periodísticos, redes sociales, versiones de funcionarios y, también, ruido: chismes de aquí y de allá.
Precisamente por eso necesita tener filtros profesionales.
El asesor no está para confirmar lo que políticamente conviene escuchar, sino para advertir: “Presidenta, esto no se ha comprobado”.
El asesor debe preguntar, antes que afirmar. Debe buscar los documentos originales antes de asumir como verdadera la versión de una sola parte. Debe conocer la respuesta del señalado antes de convertir una acusación en un argumento presidencial.
Sobre todo, debe entender algo elemental: la palabra de la presidenta no funciona como la de cualquier otro actor político. Una declaración presidencial tiene consecuencias. Se convierte en titular, en posición política, en referencia diplomática, y algunas veces en conflicto.
Por eso el asesor que solamente sabe decir que “sí” puede ser políticamente cómodo, pero es profesionalmente peligroso.
La solución tampoco requiere crear una enorme estructura burocrática. Necesita establecer un procedimiento sencillo y obligatorio: antes de cualquier señalamiento presidencial, separar con claridad los hechos comprobados, las versiones de las partes, las interpretaciones y las opiniones. Y cuando la información no alcance, decirlo.
La presidenta no necesita saber todo. Debe saber qué está comprobado y qué no.
La credibilidad presidencial no se recupera al ganar cada discusión de la mañana. Se recupera cuando la sociedad puede confiar en que, antes de hablar, alguien hizo bien su trabajo.
El asesor no está para ayudar a ganar una discusión, sino para evitar que se pierda la credibilidad por una información mal procesada.
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