El pueblo juzga a Rubén Rocha

Por Omar Garfias

@Omargarfias

Advertencia: la información que leerá a continuación es oficial, de un organismo del Estado mexicano cuya presidenta fue designada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien fue secretaria de gabinete. Son resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El INEGI da cuenta de lo que sucedió en Sinaloa entre diciembre de 2021 y diciembre de 2025. Registra los hechos de cuatro años del gobierno de Morena en el estado y en la mayor parte de los municipios.

En 2025, la tasa de trámites donde la población tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 31 mil 995 por cada 100 mil habitantes. Esto es, 10 mil 930 más que en 2021.

Hoy hay subrayadamente más actos de corrupción en los trámites de gobierno que antes de que el rochismo asumiera el Gobierno del estado.

La tasa de víctimas de corrupción aumentó de 16 mil 537 a 19 mil 836 por cada 100 mil habitantes.

El porcentaje de personas que percibió que los actos de corrupción son “muy frecuentes” en Sinaloa se elevó notablemente de 43 a 51.8.

La percepción de corrupción, específicamente en el gobierno estatal, escaló de 71.5 a 84.8.

Eso, además, es 11 puntos porcentuales más que el promedio nacional. Sinaloa es el segundo lugar en ese rubro, sólo superado por una décima por Michoacán. Morena prometió acabar con la corrupción y con esa bandera arribó al gobierno estatal. En ningún estado subió tanto la percepción de que la corrupción es “muy frecuente”.

Sumadas las percepciones de corrupción “frecuente” y “muy frecuente”, Sinaloa ocupa el cuarto lugar.

El debate sobre si la administración de Morena y el rochismo son corruptos ya tiene un veredicto popular: son lo peor, desde que lo mide el INEGI.

Los tres sectores con mayor frecuencia de corrupción son las policías, el gobierno estatal y los partidos políticos.

Resalta que la percepción de corrupción en la Guardia Nacional, universidades públicas, ayuntamientos y diputados es notoriamente más alta en Sinaloa que en el promedio nacional.

El INEGI no sólo reporta un imperio de transas, sino también de ineptitud.

El suministro constante de agua potable bajó de 70 a 67.7 por ciento. Hubo más personas sin agua en algún momento del día.

El porcentaje de población que contaba con conexión y descarga de drenaje adecuados cayó de 92.8 a 86.2 por ciento. El mantenimiento descendió de 33.4 a 27.6 por ciento.

Para obras de agua y drenaje el gobierno estatal y los ayuntamientos recibieron, en el periodo medido por el INEGI, alrededor de 6 mil millones de pesos de fondos federales, además de sus propios presupuestos.

La satisfacción con el servicio de alumbrado público disminuyó de 44.8 a 41.5 por ciento. Sólo 56 por ciento de la población considera vivir con iluminación adecuada en las calles, plazas y parques, y únicamente 35 por ciento indica que la reparación de fallas es inmediata. Esta carencia es una de las condiciones de la inseguridad pública.

La proporción de ciudadanos que consideraron seguros los parques y jardines en términos de delincuencia descendió de 40.2 a 34.9 por ciento.

Sólo 35 por ciento de los sinaloenses expresa que la policía contribuye a generar sensación de seguridad, y apenas 29 por ciento están satisfechos con su servicio.

El porcentaje que califica las calles “en buen estado” disminuyó de 22 a 19.8 por ciento. Quienes consideran que la reparación de baches es inmediata bajaron de 17.9 a 14.4 por ciento. La satisfacción con el servicio de calles y avenidas aminoró de 36 a 32 por ciento.

La consideración de que las carreteras y caminos son seguras en términos de delincuencia se desplomó de 38 a 18 por ciento.

Quienes califican a las carreteras como “en buen estado” pasaron de 40 a 35 por ciento, y los satisfechos con el servicio, de 44 a 38 por ciento.

La disposición de medicamentos en el sector estatal de salud cayó de 50 a 42 por ciento, y la satisfacción con el servicio, de 75.4 a 65.9 por ciento. La decisión de transferir los servicios a la Federación fue muy perjudicial.

El 47 por ciento de los sinaloenses no está satisfecho con el servicio de transporte público.

El porcentaje de la población que refirió un nivel alto de satisfacción con los servicios públicos provistos por los gobiernos locales cayó 3.8 puntos porcentuales.

La confianza en el gobierno se desmoronó de 55.1 a 27 por ciento. Es la segunda peor consideración de un pueblo estatal a su gobierno.

Aún no sucedía la acusación de los Estados Unidos sobre el gobernador y otros funcionarios. Es probable que hoy el derrumbe sea mayor.

El agravio de Morena-Rocha al pueblo sinaloense es monumental.

No son sólo miles de asesinatos, desapariciones, robos y miedo, sino también corrupción. Se enriquecen mientras el pueblo pierde sus ingresos y sus vidas. También es indiferencia e ineptitud. Grandes sueldos a quienes empeoran las áreas bajo su responsabilidad.

Se cayó la máscara de la superioridad moral.

No hay pretexto. Los hechos son reportados por una institución oficial y el pueblo señaló sus carencias y dio su veredicto. El gobierno es una casta que roba, traiciona la confianza del pueblo y es acusado de vincularse con el crimen organizado.

A los sinaloenses les queda reconstruir su estado, sus familias y sus comunidades.

Construir contrapesos efectivos que impidan al gobierno abusar del poder: vigilarlo, denunciarlo, evaluarlo, bloquear sus malos actos desde los medios, organizaciones, instituciones y leyes.

Deben reconstruir instituciones capaces de combatir el crimen organizado, impulsar la creación de empleos y la generación de riqueza.

Seguridad y empleo son los mayores anhelos del pueblo sinaloense. Los conseguirá. Superará esta terrible etapa de su historia. La reconstrucción será su obra más gloriosa.