Lleva México a la COP31 una brecha de 225 millones de tons de CO2
Por Miguel Ángel de Alba
@migueldealba
México debe solventar una brecha de 225 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂E) para alcanzar su meta de reducción de emisiones a 2030, mientras los impactos económicos del cambio climático podrían equivaler a seis veces el PIB nacional de 2024.
Estas cifras presionan al país a un mes de la Conferencia de las Partes (COP31) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático /CMNUCC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que organizan Turquía y Australia en Antalya, Turquía.
Las cifras se dieron a conocer en la Pre-COP31, evento organizado por Iniciativa Climática de México (ICM), organismo especializado en impulsar políticas públicas para acelerar la acción climática en el país.
El encuentro destacó el reto de pasar de las palabras a los hechos, con inversiones, energías renovables y financiamiento capaces de acelerar la acción climática, temáticas clave para México.
La “Pre-COP31: de las metas a la acción” reunió a diplomáticos, autoridades, especialistas internacionales, academia y sociedad civil para analizar las prioridades de la cumbre climática, a celebrarse del 9 al 30 de noviembre en Antalya, Turquía, y los retos de México para cumplir sus compromisos de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático.
Los representantes de Turquía y Australia, países que presiden la COP31, destacaron la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, el financiamiento y la transición energética para acelerar la implementación del Acuerdo de París.
Adrián Fernández Bremauntz, director ejecutivo de ICM, aseguró que los dos temas que México debería anunciar en la COP31 son el impulso que el gobierno da a las energías renovables con esquemas de inversión privada y mixtos, y el proceso de preparación de una Plataforma País de inversiones que fije prioridades de financiamiento para avanzar en la implementación de las metas climáticas de México.
“Ha quedado claro que sólo hay una agenda que guíe los planes y oportunidades de México: la agenda de desarrollo y clima”, afirmó Fernández.
En el análisis de las prioridades y expectativas de la COP31, especialistas internacionales señalaron que deberá impulsar avances en financiamiento, adaptación, transición energética justa y reducción del uso de combustibles fósiles.
Destacaron que las iniciativas de implementación deben complementar las negociaciones formales, y que para América Latina será fundamental mejorar el acceso a los recursos y vincular la acción climática con el desarrollo económico y social.
“La acción climática avanza porque tiene pleno sentido económico: puede fortalecer la competitividad, generar empleos, promover la innovación y reducir vulnerabilidades. La sostenibilidad y la acción climática son fundamentales para cualquier estrategia de desarrollo de largo plazo”, señaló Patricia Espinosa, enviada especial para América Latina y el Caribe de la COP30.
Durante el evento se presentó el reporte "Rebasar 1.5°C", del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el que los especialistas advierten que superar este umbral de calentamiento global incrementa los riesgos de daños irreversibles para los ecosistemas y las sociedades.
En el caso de México, Francisco Estrada, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presentó estimaciones de los costos económicos de los impactos del cambio climático, que podrían alcanzar un monto equivalente a seis veces el Producto Interno Bruto (PIB) nacional de 2024 (201.6 billones de pesos, considerando que el PIB fue de 33.5 billones).
Los especialistas insistieron en que reducir las emisiones y fortalecer la adaptación es indispensable para limitar los daños y evitar mayores pérdidas económicas.
Por su parte, Mireya Atallah, del PNUMA, advirtió que “por cada dólar que se invierte en soluciones basadas en la naturaleza, se destinan 30 dólares a actividades que la destruyen. El problema no es sólo la falta de capital, sino a dónde se dirige”.
En materia de financiamiento, representantes gubernamentales y de organizaciones especializadas advirtieron sobre las dificultades de acceso a fondos internacionales y el predominio de préstamos que incrementan la deuda de los países en desarrollo.
Subrayaron la necesidad de alinear el presupuesto público con los compromisos climáticos de México, movilizar inversión privada y fortalecer los mecanismos para que los recursos lleguen a las comunidades y territorios donde deben instrumentarse las acciones de mitigación y adaptación.
En torno a la mitigación, Jorge Villarreal, director de Política Climática de ICM, señaló que México tiene una brecha estimada de 225 millones de toneladas de CO₂E para cumplir su meta de reducción de emisiones hacia 2030, según los modelos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).
Entre las medidas prioritarias para cerrar la brecha destacó el manejo forestal sustentable, la eficiencia energética, la electrificación y la reducción de emisiones en el transporte, la industria y el sector energético.
También se analizó el potencial de los mercados de carbono y del Sistema Nacional de Comercio de Emisiones para movilizar inversiones y acelerar la mitigación, siempre que estos mecanismos garanticen reducciones verificables y salvaguardas ambientales y sociales.
En la conferencia magistral “La ciencia climática como base para la toma de decisiones”, Andreas Fischlin, ex vicepresidente del Grupo de Trabajo II del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), advirtió que el calentamiento global incrementa el riesgo de daños irreversibles y de alcanzar puntos de inflexión en los sistemas naturales.
Destacó que la adaptación tiene límites y que las tecnologías de captura de CO2 todavía enfrentan desafíos de costos y escala, por lo que reducir las emisiones es indispensable, por lo que pidió fortalecer el vínculo entre la evidencia científica y las decisiones de política pública.
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