Pax narca
Temas Centrales de la Política en México
¿Habrá quién pueda explicar
cómo es que el poder
del estado, tras dos años
de guerra interna, es incapaz
de poner orden y paz en Sinaloa?
Por Miguel Tirado Rasso
Conforme se acerca la fecha de las elecciones en los Estados Unidos (EUA), los comentarios negativos del gobierno estadounidense sobre México en el combate al narcotráfico serán más frecuentes y más agresivos. Cosas de la política interna de Washington, que busca mejorar la imagen de su presidente, ahora en caída libre, por lo que urge recurrir a cualquier tema que pueda repercutirle votos favorables a los republicanos para retener su mayoría en el Congreso.
Por su vecindad, México y la guerra contra los cárteles de la droga, ahora catalogados como organizaciones terroristas, es un tema relevante para la agenda electoral.
Hace unas semanas comentábamos las declaraciones de Marco Rubio, el secretario de Estado, sobre la lucha contra el narcotráfico en México, durante una gira por Ecuador, Perú y Colombia.
Los cárteles de las drogas son una amenaza transfronteriza creciente, señaló. Calificó de insuficientes los esfuerzos de México para enfrentarlos. Lo ideal, dijo, es combatirlos en coordinación con el gobierno mexicano, pero “eventualmente, tendrán que ser enfrentados de una u otra forma”, fue la advertencia.
A partir de que en más de cinco meses no ha habido respuesta positiva por parte del gobierno mexicano a la demanda de detención con fines de extradición de ocho funcionarios sinaloenses (dos más optaron por entregarse para ser juzgados en los EUA), acusados por las autoridades norteamericanas de presunta colaboración con los cárteles de la droga, la molestia y la desconfianza de las autoridades norteamericanas es inocultable. De ahí que el tono de los mensajes sobre una acción directa de las agencias de seguridad estadounidenses se haya elevado.
Comentarios como el del secretario de Estado, que dejan abierta esa posibilidad, se repiten en declaraciones de otros altos funcionarios del gobierno.
“Los buscaremos y los haremos rendir cuentas”, dijo Sarah Carter, la zarina antidrogas.
Terrance Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), señaló que Washington no se detendrá en su lucha contra el crimen organizado, independientemente si cuenta o no con el aval formal de las autoridades mexicanas.
Kash Patel, director de la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés), sostiene que la cooperación mexicana histórica ha sido incoherente y desigual, por lo que el FBI actuará basado en sus carpetas de investigación si detecta complicidades en el aparato estatal.
Quzás en México, en Palacio Nacional, observen estas declaraciones sólo como una estrategia política en tiempos de campaña, sin intención de llevarlas a la práctica.
Efectivamente, tienen algo que ver con una campaña política, pero también es cierto que para la Casa Blanca la lucha contra las drogas y sus colaterales va en serio, y que si el gobierno de México no reacciona en el tema de los narcopolíticos, nada garantiza que en un arrebato del mandatario estadounidense sorprenda con “una operación Maduro” y se lleve a cualquiera de los dos peces gordos: el gobernador con doble licencia o el senador rebelde y sin partido.
La presidenta rehuye el tema de investigar a los presuntos narcopolíticos. Primero, con el argumento de que no hay pruebas fehacientes que justifiquen la urgencia de su detención, y luego enarbola una bandera nacionalista: la defensa de la soberanía, y califica como injerencista la solicitud de detención de funcionarios públicos (morenistas) acusados por los EUA de presuntos actos criminales.
Ya de plano en una increíble interpretación extensiva de la perversidad del injerencismo, en tono de campaña, la mandataria Sheinbaum atribuye a la intervención norteamericana la causa de la violencia que sacude a los sinaloenses, ya que fue la razón de la fractura y el enfrentamiento mortal entre los dos grupos del cártel de Sinaloa: los Chapitos y La Mayiza, afirmó. Y es que, dijo la mandataria, los agentes norteamericanos actuaron sin avisar ni coordinarse con el gobierno mexicano. Golpearon el avispero y ahí están las consecuencias.
Según se deduce de la interpretación de las palabras de la mandataria, antes del secuestro de lsmael “Mayo” Zambada, en Sinaloa reinaba la paz. El narcotraficante vivía tranquilamente, sin amenaza de autoridad alguna, porque no existía ni una carpeta de investigación en su contra. Lo que acabó con la calma que reinaba en el estado fue la injerencia de los EUA con el secuestro y detención del “Mayo” en julio de 2024. El cártel de Sinaloa se dividió y ardió Troya.
Sin embargo, de acuerdo a la declaración de los propios protagonistas, en el operativo para el secuestro del “Mayo” no participaron agentes extranjeros. Entonces, habría que achacar la violencia a otro factor y no a la injerencia extranjera que, según afirman los que saben, no existió.
Peor aún, si antes no había violencia era porque existía una pax narca, algún arreglo inmencionable entre autoridades y capos del narco. Ningún mérito de las fuerzas de seguridad locales ni federales.
Dos años después del secuestro, el enfrentamiento abierto entre los dos grupos sigue sin control. A la fecha, la violencia registra casi cuatro mil homicidios dolosos, 4 mil 400 personas desaparecidas y 12 mil 400 vehículos robados.
El gobierno federal ha enviado cerca de 20 mil elementos, de los cuales 15 mil corresponden al Ejército y a la Guardia Nacional.
Aunque se dice que los homicidios han disminuido considerablemente, la realidad que viven los sinaloenses todavía es de terror.
¿Habrá quien pueda explicar cómo el poder del Estado, tras dos años de guerra interna, aún es incapaz de poner orden y paz en Sinaloa?
Septiembre 30, 2026
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