Actos anticipados de campaña
Por lo pronto, ya eligieron a
quienes van por las gubernaturas
y la autoridad, con su silencio,
avaló la legalidad del proceso.
Por Miguel Tirado Rasso
A finales de septiembre, Morena concluyó su proceso interno para designar a sus “Coordinadores Estatales para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” en los 17 estados donde habrá elecciones para gobernador en junio de 2027.
Se trata, simple y llanamente, del nombramiento anticipadísimo de los candidatos a las gubernaturas de 2027 que Morena procesó al incurrir en actos anticipados de campaña con la aquiescencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral (TEPJF).
Las autoridades, lejos de cumplir su función de imponer el respeto a la ley, ante las denuncias formuladas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), encontraron una salida para justificar la legalidad del proceso morenista:
Si los aspirantes ofrecen el oro y el moro en sus campañas proselitistas pero no piden el voto ciudadano, las actividades no se consideran actos anticipados de campaña ni sus actores pueden ser calificados como candidatos, de acuerdo al criterio de las autoridades electorales,
Y es que el eufemismo de “coordinadores”, para sustituir el calificativo de candidatos a quienes todo el mundo sabe y reconoce como candidatos, resultó eficiente y suficiente para convencer a las autoridades electorales de permitirles hacer campaña para ser elegidos a un cargo interno del partido, aunque en realidad trabajen para ser candidatos a una Gubernatura.
Una triquiñuela ideada por la 4T para acelerar el destape de sus “corcholatas” antes de los plazos marcados por la ley, bajo el disfraz de coordinadores para la defensa del partido en el poder, como si lo necesitara. Los eventuales candidatos, ya designados, tienen tiempo extra, recursos y los apoyos necesarios para arrancar en la carrera electoral con ventaja sobre sus contendientes.
La infracción que comete Morena con el destape anticipado de sus “corcholatas” no es menor. Las sanciones son severas y pueden llegar hasta la pérdida o cancelación del registro de la candidatura.
Pero la autoridad se hace de la vista gorda para no sancionar los procesos internos de elección de quienes eventualmente serán postulados a cargos de elección popular en las elecciones de 2027. Como no los considera candidatos, tampoco tiene control sobre el origen, manejo y destino de los recursos, tema muy sensible por el riesgo del uso de dineros públicos y, ni qué decir, del crimen organizado.
Por lo pronto, ya Morena eligió a quienes van por las gubernaturas y la autoridad, con su silencio, avaló la legalidad del proceso.
Ahora toca a quienes aspiran para otros cargos del proceso electoral 2026-2027: 300 diputaciones federales y mil 98 estatales, correspondientes éstas a la renovación de los congresos de 31 entidades federativas, con excepción de Coahuila.
También habrá elecciones para mil 768 presidencias municipales en 30 estados de la República y 16 alcaldías de la CDMX. Sólo Durango y Veracruz están excluidos de esta elección porque su calendario es diferente.
Consumado el destape, los elegidos estarán ocupados en cumplir con las tareas que les imponen los estatutos de Morena y en evitar incurrir en actividades que tienen estrictamente prohibidas.
Primero, las tareas que deben cumplir como “coordinadores”: organizar reuniones —al menos cada 30 días— para difundir los logros de la Cuarta Transformación; convocar a la unidad; operación “cicatriz” con quienes resultaron perdedores; consolidar la estructura partidista en su estado, al coordinar la conformación de comités locales y de base para asegurar la movilización de la militancia de cara a los procesos futuros.
Y lo prohibido, para evitar que los confundan con “candidatos”: no contratar, promover ni permitir la difusión de su imagen en espectaculares o bardas; no llamar al voto en sus discursos de asamblea y enfocarse en el partido y el movimiento; no usar recursos públicos ni entregar apoyos en especie para conseguir simpatías. Está prohibido el amiguismo, nepotismo o corporativismo en la conformación de sus redes y estructuras territoriales.
Ignoro si los elegidos estén dispuestos a destinar tiempo, esfuerzo y recursos en el desempeño de las actividades propias de su papel como coordinadores para defender al movimiento. Habrá que revisar de cuando en cuando si cumplen con ese compromiso.
Lo que es claro y fácil de comprobar es lo que tienen prohibido, ya como “corcholatas” destapadas, para que la ley no los alcance, que es precisamente lo que hicieron todos los contendientes desde que iniciaron sus campañas “para las coordinaciones”.
Su imagen en bardas, carteleras y espectaculares fue lo más común. Se veía en todos lados. El reparto de regalos en especie en mítines no se limitó. El uso de recursos públicos, aunque no es fácil de comprobar, puede intuirse en las movilizaciones masivas de personas o en las caravanas de unidades móviles de salud.
Pregunta el ingenuo si con la postulación casi en la bolsa los “coordinadores” dejarán de hacer lo que han hecho en los últimos meses, en desacato a lo ordenado en los documentos internos de su partido, ahora que van a entrar en la auténtica competencia electoral, que es cuando más necesitan hacerlo.
Octubre 7, 2026
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