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La obra insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el llamado Tern Maya, viola los derechos de la naturaleza y de la comunidad maya del sur del país, por lo que se considera un ecocidio y un etnocidio, sentenció el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. “El veredicto del Tribunal destaca la violación de los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya, quienes han sido y continúan siendo guardianes de su territorio, cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales. Se considera un crimen de ecocidio y etnocidio, y el Tribunal responsabiliza al Estado mexicano”, señala la sentencia, dada a conocer el 26 de julio.
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución internacional creada por ciudadanos para investigar y difundir violaciones de los derechos medioambientales.
El veredicto, firmado por juristas, economistas y ambientalistas internacionales, declara que el Tren Maya vulnera los derechos de la tierra a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a continuar sus ciclos vitales sin alteraciones humanas.
También lesiona el derecho al agua como fuente de vida, a la salud integral y a estar libre de contaminación y desechos tóxicos, todos ellos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
La construcción del Tren Maya, que según el gobierno mexicano se inaugurará en diciembre, se ha visto rodeada de polémica por denuncias de destrucción de la biodiversidad del sur de México, en especial de humedales, cenotes, ríos subterráneos, selva y del patrimonio cultural de la región.
La obra consta de 1 554 kilómetros de vía para un tren turístico, de carga y pasajeros locales en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
Debido a los amparos presentados por organizaciones ambientalistas, López Obrador declaró a la construcción como un proyecto de seguridad nacional e interés público, medida con la que bloqueó la información y las investigaciones sobre posibles irregularidades.
Entre las afectaciones señaladas en la sentencia destacan la contaminación de acuíferos, la deforestación -se estiman 10 millones de árboles talados-, la extinción de flora y fauna o la destrucción de cenotes.
Por lo que toca a los derechos de las comunidades indígenas, el Tribunal denuncia la falta de consulta para que el Tren Maya atraviese sus territorios o la militarización de la región para construir y supervisar el proyecto.
El Tribunal pide al Gobierno mexicano una auditoría independiente, en colaboración con comunidades afectadas, para evaluar los impactos de la obra; reparar y restaurar los ecosistemas afectados, y suspender la expropiación de tierras ejidales.
El Tribunal entregará el veredicto a la Presidencia de la República, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos México (CNDH), al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
El veredicto, divulgado en Quito, Ecuador, donde se ubica el tribunal, incluye también la desmilitarización de los territorios indígenas donde se desarrolla el proyecto.
El Tribunal también llamó al titular del Poder Ejecutivo a “terminar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación contra las personas defensoras de la naturaleza”.
La sentencia, producto de una audiencia que el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza realizó en Valladolid, Yucatán, del 9 al 12 de marzo de 2023, considera que el Tren Maya viola los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya.
Leído por la presidenta del tribunal, Maristella Svampa, el veredicto condena a las autoridades mexicanas a la suspensión inmediata “del megaproyecto Tren Maya con todos sus componentes”.
La sentencia ordena también varias medidas de reparación integral, entre ellas una auditoría independiente, interdisciplinaria e intercultural, con la participación de las comunidades afectadas en los diferentes tramos del Tren Maya, y exige al gobierno entregar el Plan Maestro de la obra, que no ha sido presentado hasta ahora.
Además, instruye “reparar y restaurar integralmente” todos los ecosistemas afectados por la ejecución del proyecto y sus instalaciones colaterales, así como “todos los impactos sociales generados por esta obra en cuanto a la tenencia comunal de la tierra y los territorios”.
Aquí puedes consultar y descargar el veredicto final, firmado por los jueces Maristella Svampa, de Argentina, presidente del Tribunal; Raúl Vera, México; Yaku Pérez, de Ecuador; Francesco Martone, de Italia - Ecuador, y Alberto Saldamando, Chicano / Zapoteca, Estados Unidos, y los jueces honorarios Ashish Kothari, de India; Margaret R. Stewart, Esq., MPA, LL. M., de los Estados Unidos; Mario Melo, de Ecuador; Antonio Jaime Elizalde Hevia, de Chile; Rocío Silva Santiesteban, de Perú; Ana Laura Magaloni Kerpel, de México; Enrique Leff, de México; Carlos Larrea, de Ecuador; Alberto Acosta, de Ecuador; Atossa Soltani, de los Estados Unidos; Gabriela Cabezón, de Argentina; Terisa Turner, de Canadá; Nnimmo Bassey, de Nigeria; José Ramón Cossío Díaz, de México; Gael García Bernal, de México; Cormac Patrick Cullinan, de Sudáfrica; Juan Antonio Villoro Ruiz, de México; Fiona Wilton, del Reino Unido; Valerie Cabanes, de Francia; Felicio Pontes Jr., de Brasil; Osprey Orielle Lake, de los Estados Unidos; Ana Carolina Alfinito, de Brasil, y Verónika Mendoza Frisch, de Perú.