La Corte del pueblo

Por Miguel Tirado Rasso

mitirasso@yahoo.com.mx

No es extraño

que la percepción

ciudadana sobre

la “Corte del pueblo”

sea desfavorable.

“No venimos a hacer una obra de teatro a Chiapas” ni estuvo planchada la resolución del amparo que reconoce a las comunidades indígenas su derecho al autogobierno, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, en respuesta a los cuestionamientos surgidos con motivo de la “sesión histórica” —así calificada por el mismo ministro presidente—, de la sesión del Pleno del Tribunal celebrada en Tenejapa, Chiapas, y por la sentencia a favor de la comunidad de La Candelaria —por votación unánime de ocho ministros, seis presenciales y dos a distancia, con uno ausente—, en favor de la quejosa.

El ministro Aguilar parece más preocupado por la forma que por el fondo de las funciones y objetivo de la Corte. Esta institución constituye el Tribunal Constitucional de México, según se lee en su sitio oficial de la Internet, cuya principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos.

Además, “garantiza la separación de poderes, el principio democrático y los derechos fundamentales para beneficio de todas las personas que habitan el territorio nacional”.

Se trata de un organismo técnico-jurídico, idealmente alejado de la política porque sus resoluciones deben fundamentarse en los ordenamientos de ley, piedra angular para la certeza jurídica y el respeto al Estado de Derecho.

Por eso, trasladar el pleno de la Corte a una comunidad indígena “para llevar la justicia al territorio” y para que la población indígena “vea que somos de carne y hueso, que quienes hacemos justicia pertenecemos al pueblo” suena más a discurso de político en busca del voto popular que al de un juez impartidor de justicia. Una distorsión de la esencia de la Suprema Corte.

Como gira de candidatos, dice el reportaje periodístico, los ministros caminaron dos calles como celebridades, con capas de lana, huipiles y bastones de mando. “Esto es justicia cercana”, exclamaría una emocionada ministra, como si la justicia dependiera del lugar donde se administra. Los letrados fueron recibidos con música tradicional, al más puro estilo de un mitin político, con asistencia de grupos indígenas convocados por el Ayuntamiento.

Dadas las características del evento, no podía faltar el gobernador del estado, Eduardo Ramírez, quien recibiría a los ministros con un “¡Viva la Corte de México!” a todo pulmón. También estuvo Fabiola Ricci, la alcaldesa de San Cristóbal de las Casas. Los titulares del Ejecutivo, estatal y municipal, el otro poder, haciendo a un lado la incómoda separación de poderes.

En su debilidad por las formas, el ministro Aguilar ha buscado, desde un principio, dar su toque personal a la Corte, al renunciar a vestir la tradicional toga aunque, tras una reconsideración, aceptó usarla con bordados artesanales que representan la pluriculturalidad y un enfoque de justicia hacia las comunidades indígenas, según se dijo.

También hubo cambios en el inicio de la nueva Corte. Dos ceremonias previas a la toma de protesta de los ministros electos. Una “sagrada y secreta” para “purificar” las instalaciones de la Corte —seguramente para ahuyentar los malos espíritus y las vibras del pasado neoliberal— y otra para la “consagración” de bastones de mando y servicio, que representan el poder, la autoridad y la confianza que una comunidad deposita en sus líderes y simbolizan la responsabilidad de servir al pueblo y de impartir justicia. (La Jornada).

Pero ni con todas estas invocaciones al pasado tradicional de los pueblos originarios se ha logrado el milagro de que la Corte, integrada por ministros elegidos por el pueblo bueno y sabio, tenga mejores resultados, sea más eficiente, austera y democrática que su antecesora.

Un análisis de N+ sobre el desempeño de la actual SCJN frente a la anterior indica una baja del 40 por ciento en sentencias emitidas. La baja productividad de la actual Corte se explica por el cierre de las dos salas que operaban antes de la reforma judicial, no obstante los muy reforzados equipos de apoyo con que cuentan los togados, en cuya integración los ministros se despacharon con la cuchara grande.

Mientras el ministro presidente Aguilar inició su gestión con un ejército de más de 100 colaboradores, Norma Piña, su antecesora en la Presidencia, sólo tenía seis elementos de apoyo. Consciente de esto, el juez Aguilar decidió reducir su equipo, aunque no está claro qué tanto lo hizo.

La medición sobre la productividad de los ministros, señala al ministro Arístides Guerrero como el mejor, con 117 proyectos de sentencia. Eso sí, con un equipo de 91 integrantes. En contaste, su colega Lenia Batres aparece como la menos productiva, con sólo 40 proyectos, a pesar de sus 90 asesores.

Los escándalos del máximo Tribunal le han restado seriedad y respeto. La adquisición de vehículos blindados, con valor de más de dos millones de pesos cada uno; los vuelos en primera clase de algunos ministros; gastos superfluos como la compra de 12 togas por 300 mil pesos y el costo de la ceremonia de purificación, de un millón 254 mil pesos.

Ante este panorama, no es extraño que la percepción ciudadana sobre la “Corte del pueblo” sea desfavorable: 62.4 por ciento de la población desaprueba el desempeño de los ministros (México Elige).

Marzo 5, 2026