El laberinto de Santa Marta: cinco propuestas para abandonar los combustibles fósiles
- migueldealba5
- hace 12 minutos
- 9 Min. de lectura
En la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que reúne a 50 países, 400 científicos y más de mil organizaciones de la sociedad civil, emergieron entre las tensiones y debates cinco propuestas que buscan responder la pregunta más difícil del debate climático: no si hay que salir de los fósiles, sino cómo.
Por Francisco Parra / Santa Marta, Colombia
La primera conferencia multilateral dedicada exclusivamente a planear la salida de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), en Santa Marta, Colombia, tuvo múltiples asambleas, presentaciones, reuniones y manifestaciones, en las cuales científicos, gobiernos, comunidades indígenas y organizaciones sociales elaboraron un conjunto de propuestas concretas para lo que durante años ha parecido imposible.
No todas son parte de la misma propuesta, ni son anunciadas por las mismas personas. Son piezas de un rompecabezas sin forma definitiva todavía, pero cuyos bordes ya son visibles y serán material para el segmento de alto nivel, donde más de cincuenta representantes gubernamentales buscarán darles una salida concreta.
Las cinco ideas que aparecieron en la costa del Caribe colombiano son:
1.- Zonas Libres de Combustibles Fósiles: proteger el territorio ante la llegada de la industria
La idea es simple en su formulación y compleja en su implementación: delimitar permanentemente territorios donde la extracción de petróleo, gas y carbón esté prohibida, como decisión irreversible anclada en derechos territoriales, conservación de ecosistemas y justicia climática.
La propuesta circuló en tres idiomas durante la semana. Los científicos reunidos en Santa Marta para el primer panel internacional de ciencia para la transición energética la llamaron "Fossil-Free Zones" y la describieron como "áreas bioculturales designadas y protegidas permanentemente de la actividad relacionada con los combustibles fósiles", y señalaron que ofrece beneficios colaterales para la biodiversidad y los pueblos indígenas "al tiempo que evitan daños irreversibles a los bosques y los ecosistemas marinos". La sociedad civil latinoamericana, reunida para construir hojas de rutas concretas de salida de fósiles y de bosques, que entregará a Brasil para impulsar su compromiso de entregar hojas de rutas en la COP31, las denominó "Zonas de Vida", enfatizando que no se trata sólo de excluir actividades, sino de reconocer y fortalecer territorios que ya sostienen formas de vida distintas al modelo extractivo. Y la Declaración de los Pueblos, adoptada el 26 de abril por más de 900 organizaciones, las incluyó como demanda explícita vinculada al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.
Lo que distingue a esta propuesta es que ya existe en la práctica: hay territorios indígenas, parques nacionales y áreas protegidas que funcionan como zonas libres de facto. La propuesta no inventa una herramienta nueva, sino que la formaliza, la escala y la blinda jurídicamente. Los instrumentos disponibles serían la vía social —autodeclaración comunitaria—, la administrativa —parques y áreas protegidas—, la legal —litigios climáticos— y la política —moratorias nacionales.
La urgencia no es abstracta. En América Latina, Ecuador prepara subastas de bloques que cubren más de un millón de hectáreas de selva virgen en territorios indígenas; Brasil –a través de Petrobras– destinará 3.100 millones de dólares a explorar el Margen Ecuatorial, cerca de la desembocadura del Amazonas.
Ana Nango, representante de la nacionalidad indígena Andwa en la Amazonía ecuatoriana, lo formuló sin tecnicismos: "Alzamos la voz para que nada de esto siga avanzando. Queremos detener la explotación en cada territorio. Si sigue así, va a afectar todos los territorios conectados".
2.- Hojas de ruta nacionales con plazos diferenciados
Una de las críticas más frecuentes al debate climático es que las fechas globales ignoran realidades nacionales radicalmente distintas. No es lo mismo pedir a Alemania salir del carbón para 2030 que pedírselo a Colombia, cuyas exportaciones carboneras representan más de siete mil millones de dólares anuales y financian servicios públicos de municipios enteros.
La propuesta de hojas de ruta nacionales diferenciadas aborda esa tensión. El principio es la responsabilidad común pero diferenciada, y los plazos deben reflejar tanto la capacidad fiscal de cada país como su responsabilidad histórica en las emisiones acumuladas.
El Civil Society Equity Group Review analizó las temporalidades de salida de fósiles para países productores, con criterios como quienes requieren apoyo para transicionar y quienes deberían proveer de ese apoyo.
En América Latina, el escenario sería así: para el carbón, salida de Brasil y México hacia 2031; Colombia hacia 2032. Para el gas: Brasil, en 2031; México y Colombia, 2033, y Argentina y Bolivia en 2037. Para el petróleo, la gradualidad es mayor dado su peso en las finanzas públicas: Colombia hacia 2036; México y Argentina, 2037, y Venezuela, 2043. En todos los casos, la condición es que los países con menor capacidad recibirán financiamiento externo —no deuda, sino transferencias— para sostener la transición.
Alejandra López, de Transforma, el think tank colombiano que coordina el proceso junto a CAN-LA, explica por qué la región necesita su propia hoja de ruta: "Las hojas de ruta globales son útiles e importantes, pero pueden perder en el camino parte de la complejidad y las particularidades de las regiones. Y la principal fuente de emisiones de la región no es energía, sino el sector de agricultura, bosques y cambio de uso de suelo". Por eso el proceso latinoamericano abarca ambos mundos: transición energética y bosques en pie.
La hoja de ruta latinoamericana, construida en meses de trabajo colectivo entre organizaciones de Colombia, Brasil, Argentina, México, Perú, Chile, Bolivia y Centroamérica, se entregará a la Presidencia de la COP en Bonn, en junio. A partir de ahí, realizarán incidencia con los gobiernos de cada país.
Los científicos respaldan la arquitectura diferenciada. "Las hojas de ruta deben basarse en la mejor ciencia disponible, demostrar que la eliminación gradual es necesaria y factible, y adaptarse a las realidades nacionales en cada paso", dijo Claudio Forner, de Climate Analytics. Y advirtió: "No puede haber una transición justa sin un plan de sustitución de ingresos en los países dependientes de los combustibles fósiles".
3.- Diversificación económica planificada
¿Qué pasa con los trabajadores carboneros del César? ¿Con los municipios del Magdalena Medio que dependen de las regalías petroleras? ¿Con las finanzas públicas de Ecuador, donde el petróleo financia el 30 por ciento de los ingresos, o en Trinidad y Tobago, donde los fósiles representan el 51 por ciento de los ingresos?
Es la pregunta que los debates climáticos suelen esquivar. Y no es un dilema exclusivo de América Latina. Stientje van Veldhoven, representante de los Países Bajos (país co-anfitrión de la Cumbre), sinceró la tensión que vive el Norte Global: tras cerrar el yacimiento de gas más grande de Europa, la crisis energética los puso ante la presión de reabrir y expandir. "Asegurar luz y calor es importante", admitió, señalando que la alternativa a corto plazo es importar gas de regiones que usan fracking. "Queremos reducir la demanda, pero esto muestra los dilemas que todos enfrentamos".
La diversificación económica planificada —entendida no como un proceso espontáneo de mercado sino como una política activa de Estado apoyada internacionalmente— apareció en casi todos los documentos producidos durante la semana. El panel científico lo incluyó como una de sus recomendaciones. La hoja de ruta latinoamericana también, y la Declaración de los Pueblos la planteó como condición sin la cual la transición reproduce la misma lógica colonial que creó el problema: el Sur Global como proveedor de materias primas, ahora verdes en lugar de fósiles.
Los datos de fondo ayudan a entender la magnitud del desafío. América Latina concentra el 22 por ciento de las reservas mundiales de petróleo y el 3,53 por ciento del gas natural. Según la plataforma 'Así va la energía', de la organización colombiana Transforma (datos a 2024 actualizados en septiembre de 2025), los subsidios fósiles de Colombia pasaron del 0,18 al 1,93 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2020 y 2023, con un desembolso de 7.442 millones de dólares en 2023, mientras México —el mayor subsidiador de la región con 16,4 mil millones de dólares acumulados— logró reducirlos al 0,07 por ciento del PIB en 2023.
La respuesta tiene tres componentes. Primero, reconversión laboral con derechos: no solo reskilling técnico, sino garantías sindicales, pensiones y protección social para trabajadores de industrias fósiles durante la transición. Segundo, diversificación de ingresos fiscales a través de impuestos al carbono, impuestos a las ganancias extraordinarias de las empresas fósiles y eliminación gradual de subsidios —empezando por los que benefician a las industrias y no a los hogares vulnerables. Tercero, desarrollo de nuevas cadenas de valor vinculadas a la economía limpia: la región concentra el 45,6 por ciento de las reservas mundiales de litio y el 29,6 por ciento de cobre, pero exporta casi todo sin procesar. La propuesta es agregar valor local.
Andrea Cardoso, profesora de la Universidad del Magdalena que coordinó la pre-conferencia científica, lo demostró desde su propio territorio. En Santa Marta, en 2021, cerraron dos minas de carbón sin planificación previa. "Nos dimos cuenta de la crisis económica que se produce sin una eliminación gradual planificada. Ahora las comunidades, los trabajadores del carbón, los estudiantes y los académicos construyen medios de vida alternativos que demuestran que otro mundo es posible. Si Santa Marta puede hacerlo, la gente de todas partes puede hacerlo".
4.- Metano primero: la palanca más rápida
De las propuestas que circularon en Santa Marta, es la más accionable en el corto plazo y la que tiene el impacto climático más inmediato. Mientras la salida del petróleo o el carbón se mide en décadas, la reducción de metano puede dar resultados en años.
El metano es entre 80 y 86 veces más potente que el CO₂ como gas de efecto invernadero en un horizonte de 20 años. Su tiempo de permanencia en la atmósfera es mucho más corto que el del dióxido de carbono, lo que significa que reducirlo ahora tiene un efecto inmediato en el calentamiento global. Una parte significativa de sus emisiones proviene de fugas en la infraestructura de extracción y transporte de combustibles fósiles, que se pueden tapar con tecnología disponible hoy.
Carlos Nobre, uno de los científicos más reconocidos de América Latina, fue categórico: "La mitigación del metano debe ser la primera parada obligatoria en este viaje. Si no se da prioridad a este supercontaminante, la hoja de ruta para la transición fuera de los combustibles fósiles no nos llevará a ninguna parte a tiempo para evitar el colapso. Santa Marta es el momento de asegurar que se dé el primer paso".
La propuesta tiene una dimensión adicional que la hace relevante para América Latina: el metano fósil está en el centro del debate sobre el gas como "combustible puente". Si el gas natural tiene fugas significativas en su cadena de producción y transporte, desaparece su ventaja climática frente al carbón o se invierte. Anaid Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), lo articuló así: "La reducción de las emisiones de metano del sector energético acelerará la eliminación de los combustibles fósiles. Su potencial de calentamiento global, sus impactos en la salud y el clima y la disponibilidad de soluciones para reducirlo subrayan la urgente necesidad de incorporar el tema a la agenda pública".
El metano también conecta con la propuesta más amplia de las Zonas Libres de Combustibles Fósiles: detener la expansión de infraestructura de gas —gasoductos, plantas de regasificación, terminales de GNL— es la forma más directa de reducir emisiones futuras de metano. Y un nuevo reporte de Ember confirma que el sector eléctrico global ya sustituye el gas y el carbón con renovables a velocidad creciente, lo que hace que la excusa del gas como puente sea cada vez menos sostenible.
5.- Tratado internacional vinculante: cerrar el vacío que del Acuerdo de París
El Acuerdo de París regula las emisiones, no la producción ni el uso de combustibles fósiles. No obliga a un país a dejar el petróleo o el gas bajo tierra.
La propuesta de un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles —complementario, no sustituto del Acuerdo de París— tiene como antecedente la Convención de Ottawa sobre minas antipersona: un proceso que comenzó con países dispuestos a negociar al margen del bloqueo de las grandes potencias, terminó convirtiéndose en norma global. El modelo importa porque la conferencia de Santa Marta se diseñó deliberadamente con esa lógica: una coalición de voluntarios que avanza sin esperar a quienes bloquean.
El 27 de abril, una coalición de 18 países participantes en la Iniciativa del Tratado de Combustibles Fósiles —más 10 estados observadores incluyendo España, Ghana, Kenia y Jamaica— publicó una declaración conjunta para exigir que la conferencia reconozca formalmente la necesidad de negociar ese instrumento. La ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez Torres, presidió la reunión: "Colombia es honrada de ser parte de este momento histórico, donde una coalición de países listos para actuar deja claro que la transición más allá de los combustibles fósiles es más urgente que nunca, y que los países del Sur Global no deben pagar el precio de una crisis que no causaron".
Maina Talia, ministra de Asuntos Internos y Cambio Climático de Tuvalú, fue más directa: "Tuvalú no espera que el resto del mundo actúe, lidera el camino. Esta no es una posición negociadora. Es una cuestión de supervivencia". Tuvalú acogerá la segunda conferencia de salida de los fósiles, en 2027.
El tratado propuesto contendría obligaciones vinculantes sobre el lado de la oferta fósil —no solo emisiones—; mecanismos de financiamiento para la transición, un fondo global de transición justa y un mecanismo de resolución de deuda soberana para los países más dependientes. También incluiría protecciones explícitas contra el sistema de arbitraje inversor-Estado, que ha permitido a empresas fósiles demandar a gobiernos por tomar medidas climáticas.
El cronograma que impulsan es: reconocimiento en Santa Marta 2026, mandato negociador en 2027 y tratado en vigor en 2028.
El rompecabezas incompleto
Falta la pieza que ninguna conferencia puede fabricar: la voluntad política de los países que más producen y que no estuvieron en la mesa. Estados Unidos, China, Rusia, India y Arabia Saudita concentran más de la mitad de la producción mundial de petróleo y gas. Están ausentes en Santa Marta.
Johan Rockström, al abrir el segmento científico, no ocultó la paradoja: "Nunca más dejaremos que los combustibles fósiles caigan de la agenda de la política climática global".
Los organizadores intentan cambiar la métrica del éxito. Van Veldhoven fue clara al respecto: "No vamos a negociar un resultado". Para la representante neerlandesa, el peso de la conferencia radica en que la coalición representa el 30 por ciento del PIB global. Su objetivo no es convencer a los ausentes, sino servir como un "acelerador de los procesos de la COP" para los países que ya decidieron transicionar, volviéndose económicamente más resilientes.
Este texto fue producido por Climate Tracker América Latina con el apoyo de Heinrich Böll Stiftung.