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Por Omar Garfias
@Omargarfias
El objetivo de la “Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo” está inscrito en el “Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”: “En 2021 deberá cumplirse la meta de alcanzar la autosuficiencia en maíz y frijol”.
Son palabras ilusionantes, pero no cumplidas.
El consumo de maíz blanco y amarillo, en 2021, fue de 44.8 millones de toneladas; en tanto, las importaciones en el mismo período fueron de 17.7 millones de toneladas, 3.6 millones de toneladas más que en 2017.
En lugar de avanzar, se retrocedió.
Las 17 millones de toneladas que se importaron fueron de maíz amarillo, usado para la producción de carne, leche y huevo.
De frijol se importaron 143 mil toneladas, es decir, el 8 por ciento del consumo nacional.
¿Porqué solo fue un lindo discurso dicho con mucha vehemencia?
Básicamente, porque no se desarrollaron políticas y programas para aumentar la eficiencia por hectárea.
Este gobierno no aplica, en dimensiones significativas, políticas que incrementen la productividad, y menos los campesinos pobres: la adopción de paquetes tecnológicos, el uso de semillas mejoradas, la introducción de sistemas de riego y demás prácticas que incrementan el rendimiento.
Las medidas no deben ser sólo entregas de dinero en efectivo, sino productivas, pues sólo estas últimas logran que los productores sean más eficientes.
Lo que sí hicieron no resolvía el problema... Y, encima, lo hicieron mal.
En 2019 implementaron el Programa de Precios de Garantía a Alimentos Básicos (PGPAB).
Si no tenían más tierra y no recibían apoyo para mejorar su productividad, era ilógico suponer que pagándoles más por tonelada, los campesinos pobres iban a producir más maíz y más frijol.
Además, ese apoyo, el precio de garantía, se lo dieron a muy pocos.
De los 2 millones cien mil pequeños productores que hay en el país, en 2021 solo apoyaron a 97 mil.
Muchas palabras bonitas, pero muy poco presupuesto.
Sobre el ejercicio de los recursos asignados al PGPAB, la Auditoría Superior de la Federación observó que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ejerció 1 mil 148 millones de pesos en gastos administrativos de operación, 14 por ciento del presupuesto ejercido, cifra superior al límite máximo establecido del 5 por ciento para estos gastos. Por lo tanto, dictaminó que el Gobierno federal debe racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y reducir los gastos de operación.
También encontró que Segalmex acreditó el ejercicio de 3 mil 923 millones de pesos en subsidios para la compra de maíz, frijol, arroz y trigo panificable, y de 1 mil 148 millones para gastos de operación, pero quedó pendiente acreditar el destino de 3 mil 27 millones.
Por otra parte, el Programa Fertilizantes inició operaciones en 2019, y tuvo como población objetivo a 300 mil productores agrícolas del estado de Guerrero, y para 2020 se amplió a 69 mil de Morelos, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. Solo cubre al 18 por ciento de los campesinos que lo necesitan.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señaló: “el programa no dispone de información sistematizada sobre la demanda total de los apoyos que permita conocer las características y el perfil técnico y socioeconómico de los productores solicitantes y, en función de ello, fortalecer su planeación y definir una estrategia de cobertura adecuada”.
Eso significa que le van dando a quien se les ocurre y, al final, en 2020, sin justificación, excluyeron a los campesinos del Estado de México a pesar de que en las reglas de operación sí estaban mencionados.
La Auditoría Superior de la Federación reportó que el Gobierno federal no pudo justificar por qué 123 mil 118 sacos de fertilizante del programa 2020, con valor de 56 millones de pesos, seguían en sus bodegas en septiembre de 2021.
El ataque de Rusia a Ucrania no fue el factor del fracaso del gobierno de Morena para ser autosuficientes en maíz y frijol en 2021. En ese año todavía no sucedía.
Tampoco fue la pandemia, porque durante esta no se suspendieron las actividades agrícolas y, por el contrario, la elevación de precios que ocasionó pudo ser incentivo para producir más.
La causa del fracaso fue la implementación de políticas inadecuadas, sin el respaldo presupuestal necesario, improvisadas, ineficientes, ineficaces y orientadas solamente a adornar un discurso.
El día que tomó posesión el presidente López Obrador el precio promedio nacional del kilo de tortilla era de 14.33 pesos: ahora está en 20.54.
Es momento de abrir un diálogo nacional entre campesinos, académicos, empresarios, funcionarios y consumidores, para construir programas de alimentos baratos y de calidad para todos los mexicanos.
Se puede.
Nos urge.