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@Omargarfias
Lo más corrupto… e ineficiente.
En los primeros dos años del gobierno de AMLO, la población con rezago educativo pasó de 23.5 a 24.4 millones de mexicanos.
Creció en casi un millón de personas.
Son niños y adolescentes que no asisten a la escuela; adultos jóvenes que no concluyen la secundaria y mayores de 40 años que no tienen primaria completa, de acuerdo a información del propio gobierno, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En los treinta años anteriores, el número de personas que padecían rezago educativo venía disminuyendo hasta que llegó López Obrador.
Lo obvio es que si un gobierno bueno substituye a uno malo, el ritmo de disminución del problema habría sido más rápido.
Eso no sucedió. El problema, por el contrario, en lugar de seguir disminuyendo, aumentó. Lo dice el Coneval.
En 1990, el 26.6 por ciento de los mexicanos sufría rezago educativo; en 2000, disminuyó a 22.5 por ciento; en 2010, a 19.4 por ciento; en 2018, a 19 por ciento. Entra López Obrador y, en la medición del año 2020, sube el problema, por primera vez en 30 años, a 19.2 por ciento, lo cual significa cientos de miles de personas más.
Algunas de las causas de los malos resultados están en la corrupción que priva y en lo malos que son los programas de este gobierno.
El gobierno federal no pudo comprobar que 18 mil millones de pesos del programa “La escuela es nuestra” de los años 2019, 2020 y 2021 se hubieran usado honestamente para equipar y construir infraestructura escolar.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recibió, como respuesta, que el 93 por ciento de los expedientes de comprobación del gasto se le perdieron a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En los expedientes que sí estaban se muestra que, con recursos de ese programa, se pagaron préstamos personales, servicios de televisión por cable, tarjetas de crédito y compras en tiendas de conveniencia, de acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2021.
La Auditoría también identificó que se pagaron apoyos por 1.5 millones de pesos a ciudadanos que habían fallecido un año antes, según la información proporcionada por el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo).
Este programa no fue heredado “lleno de corrupción”. Es un programa nuevo. Todas las malas prácticas son propias del gobierno del presidente López Obrador.
“La Escuela es Nuestra” absorbió los recursos del programa “Escuelas de Tiempo Completo” y con ello lo desapareció en la práctica.
Al desaparecerlo, 128 mil 133 niños sinaloenses perdieron la mitad de sus horas de clase y su almuerzo diario.
Según datos del propio gobierno federal, las escuelas de tiempo completo agregaban entre 1.5 y 3.5 horas adicionales al horario escolar. Ahí, los maestros les ayudaban en tareas y hacían otras actividades educativas.
Beneficiaban, en todo el país, a 3.5 millones de niños y niñas. El 51 por ciento vive en zonas de alta y muy alta marginación.
Estudiar con hambre es imposible. Las escuelas que tenían jornadas de ocho horas daban alimentación a los niños.
Un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) muestra que para 66 por ciento de los alumnos, el alimento que recibían en las escuelas de tiempo completo era el primer alimento del día.
Las mamás podían trabajar, pues sus hijos estaban bien cuidados. El programa elevaba la participación laboral de las madres de familia en cinco por ciento, y sus ingresos en 36 por ciento.
Con estas escuelas se redujo la proporción de alumnos que no logra aprendizajes básicos y aumentó la que alcanza niveles altos.
Si se ampliara el programa a todas las escuelas de alta y muy alta marginación, se podrían reducir en 20 por ciento las diferencias de aprendizajes entre ricos y pobres.
Por otro lado, en la más reciente revisión a las becas que se entregan a estudiantes de preparatorias y colegios de bachilleres, la ASF encontró que se otorgaron, supuestamente, 27 millones 155 mil 200 pesos a 8 mil 515 familias, “sin que se proporcionara evidencia de que éstas los hubiesen cobrado”.
Esas becas para estudiantes de preparatoria sólo dedican el 7 por ciento de sus recursos para los más pobres; en cambio, destinan el 4 por ciento a los más ricos. Por eso no evitan la deserción por razones económicas.
No dan suficiente al estudiante pobre porque le dan al rico.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal (SHCP) es la fuente de este último dato, mismo que expone en su estudio “Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas. Resultados para el año 2020.”
En educación no hay ninguna transformación para bien de los pobres; las cosas están peor.
Remplazaron lo que se debía corregir, con funcionarios más corruptos y programas más ineficientes.
La realidad es la detractora del discurso del gobierno.