¿Por que es imposible la justicia en Sinaloa?

El Poder Judicial de Sinaloa es una institución deliberadamente debilitada por intereses políticos asociados con el crimen organizado.

En Sonora hubo 7.94 empleados en el Poder Judicial por cada 10 mil habitantes en 2025; en Morelos, 8.14; en Nayarit, 9.32; Chihuahua, 10.73, y en la Ciudad de México (CDMX), 11.56. En Sinaloa, apenas 5.08, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2026. En los peores lugares, como si no hubiera problemas de impunidad ni fuera necesario aplicar la ley.

En 2024, el Poder Judicial contaba con 1 mil 579 empleados. El 9 de septiembre estalló la mayor crisis de violencia e inseguridad de la historia. En lugar de fortalecerlo, en 2025 tuvo cuatro empleados menos.

La asimetría entre las capacidades de recursos humanos para impartir justicia en cada estado evidencia que la impunidad no es un accidente, sino una estrategia de abandono institucional.

Sinaloa se encuentra de forma sistemática en el fondo, entre las instituciones más débiles.

En Sonora, en 2025 el Poder Judicial estatal ejerció un presupuesto de 600 pesos por habitante; en Quintana Roo, de 627; en Querétaro, 730; en Chihuahua, 913, y en la CDMX, 951. En Sinaloa, apenas 293. En los peores lugares, como si no hubiera problemas de impunidad ni fuera necesario aplicar la justicia.

Menos presupuesto se traduce en menor capacidad operativa, mayor impunidad y más inseguridad.

Para que un sinaloense tenga el mismo acceso a la estructura de la justicia que un habitante de la capital del país, sin aspirar a la de los países desarrollados, el presupuesto local en 2027 debería ser de 2 mil 952 millones y no de 909 como en 2025.

Los gobernadores morenistas han negado al Poder Judicial estatal la posibilidad de igualar la media de capacidades del de la Ciudad de México.

La deliberada descapitalización de recursos y personal funciona como el diseño perfecto para colapsar el sistema y no pueda aplicar la justicia.

En cuanto a juzgadores locales, el estándar internacional recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fija un piso mínimo de gobernanza de 18 jueces por cada 100 mil habitantes. En Sinaloa sólo hay 4.61.

No es simple ineficiencia burocrática. Debilitar al poder judicial es la coartada idónea de un narcogobierno: al privar a la institución de la capacidad humana y técnica mínima, el Estado renuncia a la aplicación de la ley y garantiza impunidad automática al crimen organizado.

La justicia no es lenta por ineficiencia; está paralizada por diseño. Cargar la resolución de la crisis de violencia y el tejido social a un cuerpo de apenas 143 juzgadores no es una política pública para reconstruir Sinaloa, sino la garantía institucionalizada de que la impunidad seguirá ganando la partida.

Para que Sinaloa abandone la simulación institucional hace falta contratar 415 juzgadores más. Mantener a la entidad con un déficit del 290 por ciento frente al umbral internacional no es una limitante burocrática, sino el diseño estructural idóneo para perpetuar el vacío de Estado, la falta de gobierno.

Durante 2025, el Poder Judicial estatal acumuló un ingreso masivo de más de 40 mil nuevos asuntos jurisdiccionales. Si se divide ese universo de causas entre las 143 plazas de personal juzgador y magistraturas reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cada impartidor de justicia enfrentó una carga promedio de 280 nuevos expedientes complejos al año.

Eso significa que para no generar rezago, un juez tendría que revisar, desahogar audiencias y sentenciar un expediente cada día hábil del año. Humanamente imposible.

La saturación procesal es la mejor aliada del narcogobierno. Un tribunal sepultado en papel y expedientes inconclusos es inofensivo para el crimen organizado. El derecho a una justicia pronta y expedita se vuelve una gran mentira.

Es en la causa penal donde se retrata directamente la impunidad en delitos de sangre y patrimoniales de la crisis de inseguridad que padece Sinaloa.

En 2025 ingresaron 4 mil 399 nuevas causas penales, que se sumaron a las 11 mil 295 rezagadas de años anteriores. El Poder Judicial concluyó o determinó 3 mil 315, por lo que el rezago aumentó a 12 mil 379 a finales de año.

El rezago pendiente es cuatro veces más grande que la capacidad de resolución anual.

Los jueces sinaloenses no abren sus juzgados en enero para impartir justicia sobre el presente, sino para administrar una pesada herencia de impunidad. El raquítico presupuesto tiene un impacto destructivo acumulativo. Al no crecer al ritmo de la delincuencia, el Poder Judicial genera una deuda procesal perpetua con las víctimas.

El narcogobierno no necesita clausurar los tribunales. Le basta permitir que el arrastre histórico de causas penales actúe como un freno que congela cualquier intento real de castigar el delito en Sinaloa.

Una evidencia más de que Sinaloa padece un narcogobierno es que no hace lo necesario por sacar al Poder Judicial estatal de la asfixia operativa que lo condena a ser un aparato de justicia penal que avanza lentamente, ahogado en papel y privado de las mínimas capacidades humanas, presupuestales y técnicas.

De esa manera, el Poder Judicial jamás tendrá la fuerza, la independencia y el tiempo para sentar al crimen organizado en el banquillo de los acusados.

Sinaloa padece los cárteles del crimen organizado más fuertes del mundo, pero tiene las instituciones de impartición de justicia más débiles del país y del mundo, por decisión del gobierno y del congreso morenistas.

Así, es imposible que el dolor humano encuentre respuesta en la justicia.