¿Cómo gobiernan Sinaloa?

Por Omar Garfias

@Omargarfias

El 96.31 por ciento de los delitos en Sinaloa en 2024 no se denunciaron, según informa la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las respuestas más frecuentes de la población fueron que es una pérdida de tiempo y no confiaban en las autoridades. Lo poco que se denuncia tiene como motivación cubrir un requisito de las aseguradoras.

El 92.46 por ciento de los casos que se denunciaron y debió resolver la Fiscalía de Sinaloa en 2024 no tuvo una solución efectiva: sentencia o salida alterna, según el Índice de Impunidad de “México Evalúa”, que utiliza exclusivamente datos reportados por las autoridades al INEGI para el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) y el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE).

De cada mil delitos, 37 se denunciaron y se resolvieron tres. Impunidad.

El porcentaje de casos pendientes por resolver en las fiscalías del país subió de 49 por ciento en 2019 a 64 por ciento en 2024. Desde que inició el Morenato. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, INEGI.

El 81.3 por ciento de los contratos que celebran los ayuntamientos de Sinaloa se otorgan por adjudicación directa, esto es, a quien decide el funcionario, sin ningún tipo de concurso. En Michoacán es el 26 por ciento. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CDMX). CNGMD 2025. INEGI.

En 2020, el porcentaje de contratos otorgados por adjudicación directa fue de 62.3 por ciento. Ha aumentado la asignación de contratos por decisión personal de los servidores públicos, la forma más vinculada a actos de corrupción.

El 48 por ciento del presupuesto de los ayuntamientos sinaloenses para contratar empresas privadas se otorga sin ningún tipo de concurso, mientras en Yucatán esa proporción sólo es 3 por ciento.

En Sinaloa, los ayuntamientos entregaron de la forma menos transparente 1 mil 235 millones a las empresas privadas de su preferencia. En Yucatán, sólo 95 millones.

Por la forma más transparente, la licitación pública nacional, las presidencias municipales de Sinaloa entregaron 27 por ciento del presupuesto, mientras las de Quintana Roo, 57 por ciento.

En 2024, en Sinaloa se presentaron 645 denuncias procedentes contra servidores públicos de los ayuntamientos, mientras en Jalisco, 642. Sin embargo, en Sinaloa sólo fueron suspendidos o destituidos nueve funcionarios, al tiempo que en Jalisco lo fueron 47.

La tasa de elementos de las corporaciones policiacas municipales por cada mil habitantes en Baja California Sur fue de 2.3 en 2024, mientras en Sinaloa fue de 1.2. Sólo nueve estados tienen una peor proporción entre el número de policías y la cantidad de ciudadanos que deben cuidar para prevenir el delito y garantizar la paz pública.

El Certificado Único Policial (CUP) es un documento oficial obligatorio en México que acredita que los miembros de las instituciones de seguridad pública, custodios y policías de investigación cuentan con el perfil, conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para desempeñar sus funciones, garantizando confiabilidad y profesionalismo.

En Querétaro, 97 por ciento del personal de las corporaciones policiales municipales cuentan con el Certificado Único Policial; en Coahuila, 99 por ciento, y en Campeche, 100 por ciento. En Sinaloa, sólo 66 por ciento.

La Evaluación de Control de Confianza es un proceso en el que los integrantes de las instituciones de seguridad pública se someten a exámenes periódicamente para contar con servidores públicos confiables, competentes, con vocación de servicio y alejados de la corrupción.

En Querétaro, 90 por ciento del personal de las corporaciones policiales municipales obligado a presentar evaluaciones de control de confianza cuenta con evaluación aprobatoria vigente; en Colima, 94 por ciento, y en Coahuila, 97 por ciento. En Sinaloa, 67 por ciento.

En Nayarit, el presupuesto de las corporaciones policiales municipales fue de 15 mil 489 pesos por habitante, a la vez que en Sinaloa fue de de 2 mil 765.

Con una cantidad de habitantes similar a Sinaloa, en Hidalgo, en 2024, las policías municipales presentaron ante el ministerio público a 2 mil 144 presuntos delincuentes; en Sonora, a 8 mil 850, y en Coahuila, a 14 mil 447. En Sinaloa, a 394, ya iniciada la narcopandemia.

En los ayuntamientos de Sinaloa existen 40 programas sociales propios. Sólo 30 se entregan con reglas de operación; únicamente 32 tienen registros de a quién se entregaron y apenas siete cuentan con contraloría social.

Los espacios de participación social son los ejercicios, instancias o acciones de relación gobierno-sociedad; es decir, no incluyen experiencias de relación privada gobierno-sociedad, ni las que se lleven a cabo sólo desde la sociedad sin una relación expresa y pública con el gobierno; se constituyen por la participación de actores sociales para la incidencia (directa o indirecta) en decisiones públicas por parte de la ciudadanía.

Los ayuntamientos de San Luis Potosí abrieron 1 mil 276 espacios de participación social; los de Oaxaca, 1 mil 527. Los de Sinaloa, 405.

De las 20 corporaciones policiales municipales, sólo cinco cuentan con unidad de inteligencia y análisis, y únicamente tres con unidad especializada de proximidad social.

¿Cómo gobiernan en Sinaloa?