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El INE bajo asedio: botín de muchos

hace 14 minutos
3 min de lectura

Una institución no es instrumento de intereses políticos.

La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad,

a identificar responsabilidades y a exigir

que el dinero público se utilice correctamente.

 

Hay instituciones cuya importancia va más allá de las personas que las dirigen. El Instituto Nacional Electoral (INE) es una de ellas. Su trabajo, estructura y recursos tienen una responsabilidad que no pertenece a ningún partido: garantizar las condiciones para que los ciudadanos elijan a sus representantes.

Por eso los señalamientos de presunta corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei no deberían reducirse a una disputa entre quienes buscan responsabilizarla y quienes intentan deslindar al proyecto político que la llevó a la Presidencia del organismo.

El problema es mucho más amplio.

Las investigaciones sobre posibles irregularidades en contrataciones, conflicto de intereses y manejo de recursos públicos colocaron al INE bajo un escrutinio que no puede resolverse con declaraciones políticas ni con el cambio de una persona.

La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación de oficio y el Órgano Interno de Control reportó expedientes relacionados con posibles anomalías. Posteriormente, el propio INE presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar los hechos y deslindar responsabilidades.

Es importante no confundir las investigaciones con culpabilidades demostradas. Por eso deben conocerse los resultados.

Sin embargo, hay otro asunto que merece atención: la forma en que los actores políticos aprovechan una crisis institucional para acomodar las responsabilidades según sus conveniencias.

Desde el gobierno federal se han expresado argumentos para cuestionar las interpretaciones que vinculan a Taddei con Morena. La oposición, por su parte, encuentra en el escándalo elementos para cuestionar al oficialismo. Cada grupo tiene su propia narrativa y sus propios intereses, pero ninguna posición sustituye una investigación.

No hay que perder de vista que el INE no funciona desde su Consejo General. Detrás de sus decisiones hay una estructura administrativa, presupuestal y operativa que involucra áreas directivas, contrataciones, proveedores y organismos electorales locales.

Quien conoce y controla los mecanismos internos de una institución de esta naturaleza tiene acceso a decisiones y recursos sujetos a vigilancia permanente. Aquí aparece una responsabilidad que no puede quedar fuera de la discusión: la de los partidos políticos.

Todos participan de un sistema electoral que requiere recursos públicos, infraestructura y personal especializado. Todos necesitan reglas confiables para competir y tienen la obligación de respetar a las instituciones que hacen posible esa competencia.

Convertir una denuncia en bandera partidista ofrece ventajas momentáneas, pero no resuelve las fallas. Tampoco basta con exigir castigo para los adversarios mientras se guarda silencio frente a las irregularidades propias.

Y en medio de todo está el ciudadano. El que financia con sus impuestos el funcionamiento, acude a votar y tiene derecho a confiar en que su decisión será respetada. No tiene por qué convertirse en defensor de una expresidenta, de un gobierno o de una dirigencia partidista. Su obligación no es escoger una versión política, sino exigir que los hechos se esclarezcan.

La salida de una persona no garantiza que desaparezcan las prácticas que pudieron originar el problema. Si las investigaciones no alcanzan a quienes autorizaron, supervisaron, ejecutaron o se beneficiaron de posibles irregularidades, el cambio solamente será administrativo.

El INE necesita controles que funcionen, auditorías oportunas, contrataciones transparentes y responsabilidades claramente identificadas y definidas. Necesita que sus decisiones no dependan de intereses particulares. La confianza pública no se hereda ni se impone. Se construye.

El dinero que administra el INE no pertenece a sus consejeros, a Morena. o a la oposición. Pertenece a los ciudadanos. Y una institución que pertenece a todos no puede terminar por trabajar para los intereses de unos cuantos.

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