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Los partidos y sus narcopolíticos

hace 6 minutos
4 min de lectura


@Omargarfias


El tema es de la mayor importancia. Hablamos de la participación del crimen organizado en el proceso electoral que ya empezó.

Hablamos de la posibilidad de liberar a Sinaloa de la gobernanza criminal. Liberarnos es la condición necesaria para pacificar y reconstruir Sinaloa.

Hablamos de dejar de estar bajo el yugo de un narcogobierno.

El tema trasciende a la competencia entre los candidatos. No es materia para divertirse mirando cómo intercambian insultos y acusaciones. Se decide el futuro de los sinaloenses.

El fin mayor en la elección es la reconstrucción de Sinaloa. Para ello es fundamental impedir que el crimen organizado mantenga capturado al gobierno.

El fin no es que el narcogobierno morenista sea sustituido por un narcogobierno de chaleco rojo, azul, naranja, rosa o morado.

La clase política debería exponer cómo va a impedir que los narcopolíticos sean candidatos; cuál es su proyecto para limpiar el aparato gubernamental de gente vinculada al crimen organizado y cómo fortalecerá las instituciones responsables de prevenir, investigar y perseguir el delito y de aplicar la justicia.

Es reprobable que un tema tan importante se aborde de manera tan superficial y se convierta en la escenificación de un pleito de cantina. La política debe ser una construcción de soluciones, no un espectáculo de pastelazos.

Morena mantiene una relación umbilical con el crimen organizado. Hay evidencia operativa de ello. Un ejemplo es que la autocelebrada operación enjambre no se ha aplicado en Sinaloa. La implacable política de García Harfuch, luego de 24 meses, no ha detenido a ninguno de los más de 50 mil elementos de ayuntamientos y del ejecutivo estatal. La estructura de colaboración entre el gobierno y crimen organizado está intacta. Hasta Rocha está protegido.

Otra evidencia es de carácter presupuestal: en 2024 había 228 peritos para apoyar la investigación de los delitos en Sinaloa. En 2025, estallada la crisis de inseguridad y violencia, redujo la cantidad de peritos a 217.

Ante la narcopandemia (iniciada en septiembre de 2024) que multiplicó los delitos, la Fiscalía decidió reducir el número de trabajadores y, sobre todo, de peritos que apoyan el trabajo de investigación y persecución de los delincuentes.

En consecuencia, en 2024 el número de solicitudes de apoyo pericial para la investigación que quedaron pendientes fue de 18 mil 843; en 2025 el número de pendientes aumentó a 26 mil 61.

En plena narcopandemia, cuando se necesitaba más y mejor investigación y persecución de los delitos, la Fiscalía trabajó menos y peor.

Una evidencia más, de carácter ético: Imelda Castro no condenó ni rechazó el apoyo electoral del crimen organizado —ni siquiera los secuestros—,en favor de las campañas de su partido y de ella.

No se puede esperar que los candidatos de Morena rompan el pacto criminal. Comparten fuentes de ingresos y territorios.

Por parte de la oposición, la senadora Paloma Sánchez asentó tres aspectos muy preocupantes.

Primero: hay narcopolíticos en todos los partidos. Hay evidencia histórica de ello. Todos han tenido candidatos vinculados al crimen organizado y ni el caso más claro, Lucero Sánchez, derivó en una rendición de cuentas, sanciones públicas o cambios institucionales para prevenir que volviera a suceder.

Segundo: el crimen organizado desarrolla un fuerte cabildeo para obtener candidaturas. A ella misma se le han acercado. Quienes han presumido sus relaciones con los capos aparecen sonrientes en cuanta foto política pueden meterse. Hay evidencia fotográfica. Narcoselfies.

Los partidos deben exponer qué mecanismos implementarán para evitar que postulen narcocandidatos y las personas a quienes en la opinión pública se menciona como vinculadas con el crimen organizado deben aclarar abiertamente esas acusaciones. ¿Exhibirían, por ejemplo, la evolución patrimonial de los candidatos y sus familias; los resultados de pruebas toxicológicas de uso de drogas prohibidas o de un examen de salud mental?

Tercero, quizás el más grave. Hay dentro de los partidos quienes alientan la tolerancia a involucrarse con el crimen organizado. “Alianza sin límites” significa alianza con una fracción de la mafia.

El partido que reedite el pacto criminal estará diciendo que no quiere pacificar y reconstruir Sinaloa, sino sólo sustituir a Morena en el aparato mafioso.

Al pactar con el narco no pueden garantizar la seguridad pública porque, a cambio de su apoyo para ganar las elecciones, el crimen organizado pide impunidad. Cuando necesite robar y asesinar lo hará con base en el pacto establecido.

Al pactar con el narco no pueden impulsar la recuperación económica porque la economía criminal premia el lavado de dinero, la complicidad, y no la eficiencia empresarial. El mercado se distorsiona y no hay una acertada asignación de recursos; gana el violento, no el trabajador. El gobierno no tiene incentivos para promover el desarrollo económico porque el poder criminal está de su lado. No necesita atender al empresarial. La inseguridad aleja empleos e inversiones.

Al pactar con el narco no puede abatirse la corrupción. El crimen organizado ya tiene en Sinaloa un aparato de empresas que extrae los recursos públicos que incluirá en el pacto.

Varios casos exitosos de pacificación han contado con clases políticas de gran nivel que hicieron pactos políticos para no llevar al poder a personajes vinculados con el crimen organizado.

La clase política sinaloense debe una deliberación pública de altura que parta de escuchar bien el clamor del electorado por paz, empleo y honestidad, y el rechazo a seguir viviendo en una narcosociedad.

Es decepcionante ver el intercambio de insultos, la falta de propuestas y el cinismo de quienes evidencian su apetito de administrar un narcogobierno por el partido que sea. No es realismo político, es rendición y contubernio.

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