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El presidente no propone pensiones dignas


Por Omar Garfias

@Omargarfias


Esto prometió:

“Vamos a hacer una propuesta porque es completamente inhumano, injusto, que después de 30 años de estar laborando, cuando terminan ni siquiera reciben… su salario cuando estaba activo sino la mitad, si le va bien, de ese salario. Eso ya no va a continuar así. Voy a enviar una reforma a esa legislación antiobrerista, contraria a los intereses de los trabajadores”. (7 de enero).

No cumplió.

Excluyó a la mayoría. Su propuesta no resuelve la falta de pensión del 55 por ciento de los trabajadores mexicanos. Están fuera de su texto los 32 millones 613 mil mexicanos empleados en la informalidad.

Esos trabajadores no reciben nada. No tienen pensión por retiro, invalidez ni cesantía. No comen si dejan de trabajar cuando están viejos, cuando se enferman o cuando, por ejemplo, pierden la capacidad de ver o de caminar.

La transformación no alcanza para incluirlos; ni siquiera para mencionarlos.

La iniciativa presentada tampoco revierte la reforma que llama neoliberal y antiobrera.

No cambia ni una coma de las reformas de Ernesto Zedillo a la ley del IMSS, y de Felipe Calderón a la ley del ISSSTE. Siguen las Afores, las cuentas individuales, los mismos niveles de aportaciones obligatorias, las semanas mínimas y las empresas que las administran.

No sustituye el modelo “neoliberal” de pensiones ni lo cambia por un modelo de seguridad social propio de un Estado de Bienestar.

Lo que propone es compensar a algunos de quienes ya tienen pensión, con poco, mediante un fondo que no va a alcanzar para eso.

La iniciativa del presidente sólo plantea apoyar a quienes tienen ingresos por debajo del promedio de salario del IMSS, que hoy es de 16 mil 778 pesos, y que hayan empezado a trabajar después de 1997 en las empresas privadas, y de 2007 en el gobierno.

Les completaría la pensión del último sueldo anual que aparece en la nómina, sin considerar prestaciones ni compensaciones, con el tope máximo de 16 mil 778 pesos.

No es la jubilación para todos con el cien por ciento del último salario integrado.

Además, la herramienta para apoyar a esos trabajadores no va a servir para dar tal compensación a la población objetivo, pues no tiene fuentes de financiamiento suficientes ni permanentes.

Los recursos provendrían de los fideicomisos del Poder Judicial –que ni siquiera los tiene el gobierno, están en litigio, y ya habían sido prometidos para la reconstrucción de Acapulco–.

Habría otras fuentes de recursos, por una sola ocasión: la liquidación de la Financiera Rural y la venta de inmuebles del Fonatur. Aparte, primero hay que venderlos.

Otros proveedores de presupuesto serían: los ahorros por la desaparición de los organismos autónomos, que no pueden ser muchos, porque prometen no despedir a nadie y seguir haciendo el trabajo, esto es, hay un gasto irreductible en personal y materiales.

También el 75 por ciento de los ingresos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Ingresos que no son fijos ni constantes, sino sujetos al vaivén de lo que se decomisa y lo que se vende.

Igualmente, se financiaría con el 25 por ciento de las ganancias de los bienes que administran el Ejército y la Marina (Tren Maya, aeropuerto Felipe Ángeles, Mexicana de Aviación, entre otros); ganancias que no existen. Al contrario, operan con pérdidas, funcionan gracias a un subsidio de 22 mil millones de pesos del presupuesto gubernamental. Los cálculos menos exigentes creen que dejarán los números rojos hasta el 2030.

El gobierno dice que en mayo de 2025 juntarán 64 mil millones para iniciar la entrega de los apoyos, pero no detalla cuánto de cada fuente. La Comisión Nacional para el Sistema del Ahorro (CONSAR) dice que eso no alcanza ni para pagar un bimestre de aportaciones, que es insignificante.

La iniciativa no presentó cálculo de impacto presupuestal y las estimaciones externas sostienen que el fondo mencionado sólo alcanzaría para pagar la mitad de las compensaciones del primer año.

El retiro justo de los trabajadores es un problema importantísimo que se debe resolver.

Aún con el programa del gobierno federal Bienestar para adultos mayores, el 31 por ciento de ellos están en situación de pobreza, según los datos oficiales.

Millones de adultos mayores no pueden dejar de laborar porque les significaría no poder comprar los alimentos básicos y otros gastos vitales.

El actual programa federal Bienestar para adultos mayores no resuelve este problema porque da una cantidad igual a los desiguales. No son primero los más necesitados.

A los pobres, los tres mil pesos les ayudan, pero no les evita estar en la pobreza. Al mismo tiempo, el programa entrega, según INEGI y CONEVAL, más de 49 mil millones de pesos al conjunto de personas de la tercera edad que tienen ingresos de más de 60 mil pesos mensuales, al 10 por ciento más rico, entre ellos empresarios, políticos y hasta gobernadores.

Debemos deliberar para fijar una cantidad plausible como retiro garantizado a todos los mexicanos sin pensión y de bajos ingresos y encontrar fuentes de financiamiento suficientes y seguras.

Ningún anciano en la miseria. Ningún anciano trabajando por necesidad.

Aprovechemos estas campañas para debatir el tema y encontrar soluciones.

Los trabajadores informales son un pendiente mayor, necesariamente debe incluírseles. Ahí están los más pobres.

Deliberemos con seriedad. ¿De dónde se obtendrán los recursos para pagar esas pensiones justas?

El presidente sostuvo, el 8 de febrero, que no es necesario que los ultramillonarios aporten más dinero, mediante una reforma fiscal.

¿Es cierto? ¿Hay que endeudarse? ¿Hay que quitar presupuesto a otras necesidades sociales?

El problema no está solucionado.

Ni para los empleados del gobierno, para lo que no necesita reformar la Constitución.

Quien piense que el presidente envió una propuesta de reforma constitucional para que todos los trabajadores se retiren con el total de su último sueldo, está engañado.

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