El sinaloense común, ausente en las decisiones (1)

Por dónde empezar

Por Omar Garfias

@Omargarfias

Los representantes de los ciudadanos en el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) son nombrados por el gobernador. Algunas organizaciones hacen sugerencias. Intervienen no más de 10 personas para definir la representación de tres millones de habitantes.

Este procedimiento ocasionó que Ricardo “Pity” Velarde representara a los ciudadanos en el CESP.

La manera como funciona Sinaloa ha llevado al fracaso.

Una evidencia rotunda del fracaso la dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): de enero de 2025 a junio de 2026 hay 85 mil habitantes menos. Otra la publicó Caminos y Puentes Federales: de octubre de 2022 a diciembre de 2023, el aforo de las casetas de Culiacán fue de 4 millones 98 mil vehículos. En el periodo similar, estallada la narcopandemia, el aforo fue de 2 millones 774 mil.

En esta sociedad, la mayor parte de las personas no encuentra soluciones y prefieren irse o no venir (los que pueden).

No es necesario apelar al número de asesinatos, desapariciones y pérdida de empleos para demostrar la obsolescencia del modelo de sociedad.

El factor central del fracaso es que han gobernado los corruptos y vinculados con el crimen organizado sin mayor problema, sin contrapesos.

Se ha consolidado una gobernanza criminal donde el Estado no cumple su función de garantizar la seguridad pública e impartir justicia, pues se ha fusionado con el crimen organizado. Las actividades económicas están afectadas por la impunidad de la delincuencia y el gobierno es incapaz de implementar políticas eficaces para resolver los problemas de la sociedad sinaloense.

Un grupo ha tomado el poder político apoyado por la hegemonía de un proyecto nacional y lo ejerce sin contrapesos.

En una democracia, los contrapesos corrigen, limitan, critican, evalúan y acotan las malas decisiones gubernamentales.

Las instituciones y las élites no han tenido el programa, la estrategia ni la fuerza para redireccionar a los malos gobiernos.

El Poder Judicial estatal está subordinado al gobierno y no administra en forma independiente la justicia, por lo que no garantiza los derechos ciudadanos frente al poder.

El Congreso no es una instancia de deliberación de las necesidades de la sociedad, sino una oficina de trámites del Ejecutivo. En la designación de las gobernadoras interinas, claramente funcionó como protocolo de las decisiones de otros.

El gran ausente en la mesa del poder, donde se toman las decisiones, es el ciudadano. No tiene un lugar ahí.

La opinión pública y la sociedad civil, que en otros sitios han corregido el rumbo, no pesan en Sinaloa por su escasa organización.

Hablamos del ciudadano directamente, no de quienes dicen representarlo.

En Sinaloa, el ciudadano no ha desempeñado el papel de contrapeso, de protesta, demanda, propuesta, ni tampoco de castigo y premio a la gobernanza.

En la escenografía, el ciudadano sí está: es el público de festivales, mítines, etc., pero no lo invitan a las reuniones de “líderes”. Le toca aplaudir y escuchar, nunca hablar. Son quienes “no piensan”, argumenta un promotor de esas reuniones “de líderes”.

Existe la sociedad civil cuando los ciudadanos que no forman parte de la sociedad política (no son partidos, gobierno, Congreso o instituciones) irrumpen en la escena pública (medios, redes, calles, plazas, cafés, Congreso, locales de gobierno) para intervenir (quejarse, opinar, proponer, exigir o hacer) sobre los asuntos que atañen a todos, sobre la cosa pública.

El ciudadano con voz y acción se convierte entonces en sociedad civil.

En Sinaloa no hay una tradición de existencia de sociedad civil, pero sí de grupos de presión, que no es lo mismo aunque lo parezca. Las élites con más poder —agricultores, potentados, partidos— negocian en privado con el gobierno. Funcionó durante el priato porque el corporativismo buscaba incorporar sectores y estaba en proceso de apertura. El gobierno se autolimitaba en algunas decisiones y accedía a algunas peticiones en esas reuniones no públicas.

Ese modelo de grupo de presión ya se agotó. No da tantos resultados negociar con un gobernante populista que recarga su fuerza en las masas que controla y no tiene problema en excluir grupos, y que además está en proceso de endurecimiento autoritario.

El poder y las élites se han ocupado de que el ciudadano sólo sea escenografía. Las instituciones no lo buscan ni le dan espacio en las decisiones. Impostan su representación.

El corporativismo priista atrofió el músculo asociativo y demandante del ciudadano. Bloqueó la organización independiente: a los recursos públicos sólo podía acceder la organización oficial reconocida por el gobierno.

Impidió un esquema donde diferentes organizaciones competían por representar mejor a las personas: estableció un monopolio de la representación para sus organizaciones.

Anuló la democracia en las organizaciones: las autoridades nombraban a los dirigentes y controlaban las demandas.

El morenismo da acordeones a su base para que sepa por quién votar. Eso lo dice todo.

Algunos empresarios apoyan iniciativas ciudadanas para solucionar problemas sociales, pero restringen su actuación en la escena pública, los condicionan a que no les creen problemas con el gobierno; no les permiten pedir un espacio en la toma de decisiones.

La unión de los ciudadanos para evaluar, criticar, corregir, impedir y limitar a los malos gobiernos es incipiente. Hay esfuerzos loables, pero todavía son germinales. Hay mucha simulación, muchos membretes y muchos jefes, pero pocas organizaciones amplias, abiertas, actuantes y democráticas. Pocas marchas, desplegados, conversaciones masivas, publicaciones, investigaciones, análisis, acciones colectivas, denuncias unificadas, defensas conjuntas, causas comunes, metas agrupadoras…

Se acabó el espacio. Continuaremos la siguiente semana con las propuestas de rutas para que aparezca más la sociedad civil, ese actor que hace valer su interés ante el poder, y tome el lugar que le corresponde en la mesa.