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En Sinaloa, el reclutamiento criminal venciĆ³ a la prevenciĆ³n social
- migueldealba5
- hace 7 minutos
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Por Omar Garfias
@Omargarfias
El reclutamiento criminal es el mecanismo de reproducciĆ³n del crimen organizado. Sin adolescentes y jĆ³venes reclutados no hay capacidad operativa, control territorial ni una fuente inagotable de combatientes para que las guerras duren al antojo de los capos.
Por su importancia, el reclutamiento criminal es un sistema planificado.
La decisiĆ³n de ingresar al crimen organizado no es un acto individual. Es uno de los nodos de un entramado social muy amplio de personas y acciones que producen, sostienen y encubren a la delincuencia.
Ante el nuevo fenĆ³meno de la militarizaciĆ³n de las mafias, que necesitan construir capacidad para desencadenar una constelaciĆ³n de diferentes tipos de violencias, el gobierno carece de unaĀ Ā polĆticaĀ de prevenciĆ³n social eficaz como respuesta.
La prevenciĆ³n social acciona los factores no punitivos que detienen la incorporaciĆ³n de los jĆ³venes al crimen organizado: el empleo, la cultura cĆvica, la familia, la salud mental y de adicciones, la integraciĆ³n social mediante el deporte y el arte,Ā la educaciĆ³nĀ como expectativa de oportunidades de desarrollo, la rehabilitaciĆ³n de primodelincuentes.
Marisol Ochoa, de la Universidad Iberoamericana, hace una distinciĆ³n, sintetizada en el documento āGeografĆas de la Crueldadā, entre reclutamiento urbano y rural. En las zonas urbanas, el reclutamiento funciona entre pares, de joven a joven, mediante seducciĆ³n y promesas de ingreso econĆ³mico. En las zonas rurales, el reclutamiento tiende a ser mĆ”s directo y forzado: la presencia del grupo criminal en el territorio es visible y la negativa tiene consecuencias inmediatas.
En los Ćŗltimos dos aƱos, alrededor de 80 mil jĆ³venes sinaloenses tuvieron la necesidad de incorporarse al mercado laboral. De febrero de 2024 a febrero de 2026 se perdieron 26 mil empleos formales en Sinaloa.
El desempleo no es una determinante automĆ”tica que lleva al reclutamiento, pero sĆ un factor de riesgo.
La precariedad laboral tiene un primer efecto de desvaloraciĆ³n del joven: āno trabajo - no valgo / tengo poco - valgo pocoā.Ā La doctora Ochoa encontrĆ³ que los jĆ³venes reclutados consideran vivir en un mundo donde se puede vivir extremadamente bien, pero tambiĆ©n extremadamente mal, y piensan que nacieron en entornos marginados con menores recursos y oportunidades para salir adelante.
La variable explicativa de la violencia homicida no es la pobreza, sino la desigualdad, la comparaciĆ³n social.
Cada caso individual presenta una combinaciĆ³n diferente de factores de riesgo. Familias disfuncionales y hasta con miembros de la delincuencia; adicciones y enfermedades mentales; fracaso escolar; valores Ć©ticos basados en la impunidad delictiva que advierten y en la notoria vida de riquezas de los capos.
No hay una polĆtica gubernamental que identifique a los jĆ³venes con riesgo de ser reclutados.
Las acciones gubernamentales no son focalizadas, evaluadas, contĆnuas ni con los programas especĆficos para casos concretos.
El gobierno trabaja bĆ”sicamente con plĆ”ticas esporĆ”dicas con contenidos iguales para jĆ³venes con riesgos como para los sin riesgos. Muchas plĆ”ticas, pocos resultados y miles de reclutados.
No hay un programa de empleo especial para los jĆ³venes con mayor vulnerabilidad para ser reclutados.
Las instituciones deĀ educaciĆ³nĀ pĆŗblica no tienen una estrategia para evitar que los niƱos, adolescentes y jĆ³venes que desertan de la escuela sean cooptados por el crimen organizado.
Los jĆ³venes de familias con antecedentes de violencia intrafamiliar, de delincuencia de los padres u otras caracterĆsticas de disfuncionalidad no reciben un acompaƱamiento especial. Tampoco hay un sistema de cuidados para los hijos que pasan mucho tiempo solos porque sus padres trabajan horarios incompatibles con la vida familiar.
No hay un trabajo integral con los adictos que aborde su problemĆ”tica de empleo y educaciĆ³n.
En los territorios de reclutamiento forzado no hay presencia gubernamental para impedirlo.
No hay mecanismos de desvinculaciĆ³n para jĆ³venes reclutados.
El gobierno del estado no ha cumplido su responsabilidad de fomentar los valores, la formaciĆ³n cĆvica y la cultura de la legalidad.
Una ley estatal lo obliga a hacer un diagnĆ³stico preciso del tema por territorios y grupos de edad. No lo ha hecho. Le mandata a definir acciones, responsables y tiempos. No lo ha hecho. Le obliga a apoyar e impulsar la participaciĆ³n de la sociedad. No lo ha hecho.
La Universidad Iberoamericana, El Colegio de MĆ©xico y MĆ©xico EvalĆŗa convocaron a las Jornadas para la ReducciĆ³n de la Violencia, donde se concluyĆ³ que es condiciĆ³n necesaria para cualquier proceso de construcciĆ³n de paz, la participaciĆ³n de las vĆctimas organizadas, la academia, el periodismo de investigaciĆ³n, las comunidades religiosas, el empresariado y las organizaciones de la sociedad civil. La misma ley responsabiliza al gobierno de crear un espacio institucional de coordinaciĆ³n. Tampoco lo ha hecho.
En Sinaloa no hay unaĀ polĆticaĀ de paz. Prueba de ello es que no hay un programa eficaz de prevenciĆ³n social del reclutamiento.
Al gobierno, a losĀ polĆticosĀ y a muchas organizaciones les gusta realizar acciones con los niƱos, adolescentes y jĆ³venes sin riesgo de ser reclutados. Con ellos hacen festivales, excursiones, fiestas, plĆ”ticas y un sinfĆn de eventos con las palabras āpazā, āfuturoā y āvaloresā como eje central.
A los jĆ³venes con riesgos, los desempleados, adictos, desertores de la escuela, con padres en la cĆ”rcel, que no creen en las instituciones, irreverentes, forzadosā¦ muy pocos se acercan.
Cada uno de los miles de jĆ³venes presos, asesinados y reclutados son una prueba del fracaso de la prevenciĆ³n social que se ha hecho.
Sinaloa padece la guerra porque el crimen organizado es eficiente para reclutar y la prevenciĆ³n social es insuficiente, integral, cientĆfica, evaluada y coordinada. Ha ganado a miles de jĆ³venes.