El fracking no es el problema: es cómo se discute en México

Imagen ilustrativa creada por Aria (IA).

Por Miguel Ángel de Alba

@migueldealba

La reciente apertura del Gobierno de México para evaluar la explotación de gas no convencional mediante fracking (fractura hidráulica) reactivó un debate que combina ciencia, política energética y conflicto social.

Mientras la Alianza Mexicana Contra el Fracking y diversas organizaciones civiles advierten sobre impactos irreversibles, el analista energético Ramsés Pech (@economiaoil) defiende la técnica como una herramienta necesaria y evolucionada en la industria.

Rechazo social: “no al fracking” y cuestionamientos a la política energética

Las organizaciones consideran que la decisión del gobierno federal es un giro político que contradice compromisos previos de no permitir el fracking en México. Señalan que, tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la posible explotación de gas no convencional y la creación de un comité científico, se abre de facto la puerta a la práctica.

Desde su perspectiva, el fracking profundiza la dependencia de México a los combustibles fósiles, particularmente al gas, cuyo principal componente —el metano— contribuye significativamente al calentamiento global.

Las ONG sostienen que no hay evidencia que respalde la viabilidad de un “fracking sustentable” y citan compilaciones científicas internacionales que documentan más de dos mil estudios sobre los riesgos a la salud pública y al clima.

Además, advierten que la estrategia energética basada en el gas es insuficiente para cubrir la demanda nacional y podría generar un “encierro fósil”, al comprometer inversiones de largo plazo que dificulten la transición hacia energías limpias.

El argumento social es igualmente contundente: acusan que la expansión del fracking implicaría sacrificar territorios, particularmente de comunidades indígenas y campesinas en regiones como la Huasteca, Veracruz y el norte del país. También cuestionan el uso intensivo de agua en un contexto de crisis hídrica y los altos costos asociados a su tratamiento.

En el plano internacional, subrayan que organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han llamado a abandonar los combustibles fósiles, e incluso han señalado la necesidad de prohibir el fracking, lo que colocaría a México en una posición contradictoria ante sus compromisos climáticos.

La visión técnica: eficiencia, evolución tecnológica y menor impacto

En contraste, el analista Ramsés Pech plantea que hay una confusión generalizada sobre la fractura hidráulica y el fracking. Explica en su cuenta de X (@economiaoil) que la fractura hidráulica es una técnica de estimulación utilizada desde hace décadas para permitir el flujo de hidrocarburos en rocas de baja permeabilidad, mientras que el fracking es su evolución moderna, aplicada principalmente en pozos horizontales con múltiples etapas.

Desde esa óptica, la técnica no es nueva ni experimental. Su desarrollo industrial data de mediados del siglo XX y ha sido ampliamente utilizado en países como Estados Unidos, donde se implementó a gran escala con avances tecnológicos y regulatorios.

Pech sostiene que el fracking ha generado una transformación económica y energética global, al incrementar la producción con menor número de pozos. Argumenta que al concentrar múltiples fracturas en un solo pozo horizontal se reduce la intervención superficial del territorio, así como algunos riesgos operativos y costos.

En términos ambientales, señala que la industria ha evolucionado en tres frentes: reducción de emisiones en superficie mediante equipos más eficientes, reutilización de agua en procesos de fractura, y mejoras en materiales y químicos para minimizar impactos. También enfatiza que los pozos cuentan con recubrimientos de acero y cemento que evitan la contaminación de acuíferos.

Destaca, sin embargo, que México no ha desarrollado plenamente su potencial en yacimientos no convencionales, ya que los pozos perforados han sido principalmente pilotos sin alcanzar una producción comercial sostenida.

Debate abierto y sin consenso

La discusión sobre el fracking en México refleja dos visiones difícilmente reconciliables. Por un lado, organizaciones civiles lo consideran incompatible con la justicia ambiental, los derechos humanos y los compromisos climáticos. Por otro, una visión técnica lo presenta como una herramienta probada, optimizada y necesaria para garantizar la producción energética.

En medio, el gobierno federal enfrenta una decisión estratégica: apostar por el gas como palanca de soberanía energética o acelerar una transición que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles. El margen de maniobra es estrecho y el costo político, ambiental y económico de esa decisión será difícil de ignorar.