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Por Juan David Amaya
La implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia y la protección de los defensores de derechos humanos, especialmente las infancias, jóvenes y las comunidades marginadas, son dos temas cruciales que ocuparon el centro de atención en la reciente Tercera Conferencia de las Partes (COP3).
Este evento destacó tanto los progresos realizados como los desafÃos pendientes en ambos frentes, y subrayó la necesidad de un compromiso continuo y acciones concretas para avanzar hacia un futuro más sostenible y equitativo en la región.
El Acuerdo de Escazú representa un hito importante en el camino hacia la protección del medio ambiente y los derechos humanos en América Latina y el Caribe.
Sin embargo, su implementación en Colombia enfrenta obstáculos significativos que requieren una atención meticulosa.
La evaluación detallada de los ocho puntos propuestos para su aplicación es fundamental, asà como la identificación de los actores relevantes en la sociedad colombiana. La coordinación interinstitucional y una estrategia de participación ciudadana inclusiva son elementos clave para garantizar que los derechos de acceso consagrados en el acuerdo sean respetados.
Por otro lado, la aprobación del Plan de Acción para la Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en la región durante la Conferencia de las Partes es un paso adelante, pero aún hay desafÃos importantes por superar, especialmente en lo que respecta a la protección de los defensores indÃgenas y las infancias.
Si bien el plan establece una base sólida, es necesario desarrollar un protocolo complementario que fortalezca las disposiciones existentes, particularmente en áreas como las medidas de protección, el acceso a la justicia y la reparación.
Es alentador ver la participación activa de la sociedad civil en la formulación de polÃticas y hojas de ruta para la implementación nacional que acoge cada paÃs en el Acuerdo de Escazú.
Esta inclusión no solo fortalecerá la protección de los derechos de las personas, sino que promoverá una gobernanza ambiental más sólida y cumplirá con los compromisos internacionales en materia de participación indÃgena.
En última instancia, la COP3 ha proporcionado un espacio valioso para discutir y abordar estos temas cruciales.
Sin embargo, es imperativo que los compromisos y las promesas hechas en este evento se traduzcan en acciones concretas a nivel nacional e internacional.
Sólo a través de un esfuerzo conjunto y un compromiso continuo podemos avanzar hacia un futuro donde se protejan tanto el medio ambiente como los derechos humanos, y donde los defensores de estos principios sean valorados y protegidos en toda su diversidad y valentÃa.