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Por Omar Garfias
@Omargarfias
No hay un gobierno con sentido social en Sinaloa.
El gobierno del estado prometió servicios básicos y vivienda a los trabajadores del campo, a las comunidades indígenas y a las familias que viven hacinadas o en casas precarias.
En el Plan Estatal de Desarrollo se comprometió a apoyar el desarrollo social de esos grupos especialmente vulnerables.
Lamentablemente les fallaron a todos ellos.
No hicieron una sola acción prometida, no invirtieron un sólo peso para cumplir su palabra.
“Una deuda social pendiente lo constituye la población de jornaleros agrícolas que migran cada año a los campos de Sinaloa, para emplearse en las temporadas de siembra y cosecha de hortalizas.” Así dice el Plan Estatal.
“Promover con las asociaciones agrícolas un programa de construcción y mejoramiento de alojamientos temporales con servicios básicos.” Fue el compromiso.
En la temporada agrícola otoño-invierno 2021–2022, según datos de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, arribaron a los campos agrícolas 180 mil jornaleros y jornaleras.
El primer informe de gobierno reporta que no se construyó ningún alojamiento temporal, no se mejoró uno sólo ni se construyó ningún servicio básico para jornaleros agrícolas con inversión del gobierno del estado.
A su vez, para los 245 pueblos y comunidades indígenas sinaloenses, el objetivo planteado por el plan estatal fue disminuir los indicadores de carencias sociales de servicios básicos y vivienda.
El primer informe de gobierno nos da cuenta que no se construyó, con recursos del gobierno del estado, ningún servicio básico y ninguna vivienda en esas poblaciones habitadas por los pueblos originarios de Sinaloa.
A cambio, el informe presume, como logro, que se les levantó un censo a los indígenas de nuestro estado.
Por su parte, a las familias pobres que no tienen una vivienda digna, en el Plan Estatal se les promete abatir el rezago que afecta a 212 mil sinaloenses, según datos del gobierno federal.
El primer informe nos indica que no se construyó un sólo piso firme, techos, muros ni cuartos adicionales con inversión del gobierno del estado.
Dar apoyos monetarios y entregar despensas es pertinente, resuelve algunas necesidades inmediatas, sobre todo en emergencias.
Pero sólo dar apoyos monetarios y no invertir en las causas estructurales de la pobreza, como los servicios básicos y la vivienda, es propio de políticas gubernamentales que quieren que los pobres lo sigan siendo y dependan siempre del dinero o la despensa que se les entrega.
Lamentablemente se está desarrollando una política social electorera, que no toca los problemas de Sinaloa, que no crea capacidades para salir de la pobreza y que dedica recursos insuficientes o, en el peor de los casos, inexistentes.
Los programas sociales con más recursos en Sinaloa establecen una relación de dependencia entre funcionario y beneficiario, uno arriba, el que da, y uno abajo, el que recibe.
El de abajo debe congraciarse con el de arriba porque, si no, puede desaparecer el apoyo.
Las obras de infraestructura y de vivienda no pueden ser recogidas, a veces ni se ven. En cambio, los cheques sí pueden ser retirados cuando los beneficiarios no cumplen el “amor con amor se paga”.
No se están construyendo caminos de salida de la pobreza, sino una estrategia política que construye dependencia.
Si se construyeran servicios básicos y viviendas, esos grupos especialmente vulnerables tendrían condiciones de vida que les permitirían salir de la pobreza por su propio esfuerzo.
El primer informe de gobierno reporta que no les cumplieron eso que les prometieron en el Plan Estatal de Desarrollo y que les fortalecería su capacidad de generar riqueza.
Los indígenas, los jornaleros y los sin techo tendrán que seguir formados en la fila de solicitantes de despensas o de pequeñas cantidades de dinero.
No se han elaborado programas estatales que atiendan los problemas propios de Sinaloa.
La situación específica de las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas es una particularidad de nuestro estado que el gobierno federal decidió ignorar, desapareciendo los programas que había para ello, y que el gobierno estatal no ha cumplido en atender.
Se implementan los programas que diseña el gobierno federal en la Ciudad de México.
El gobierno federal no da recursos para dignificar vivienda en Sinaloa; el gobierno estatal, tampoco.
Algunos diputados del PRI y una diputada de Morena impulsaron una modificación de la propuesta de presupuesto enviada por el Ejecutivo para incluir 25 millones de pesos para acciones de vivienda para 2023.
Lamentablemente, la propuesta del Ejecutivo era de cero pesos para vivienda de los sinaloenses necesitados.
No son primero los pobres.
No hay sentido social.