INE comprometido
Temas Centrales de la Política en México
Hay desconfianza en el INE
desde la forma en que han
nombrado a los más recientes
consejeros y por la inocultable
cercanía de algunos con la 4T.
Por Miguel Tirado Rasso
Entre gritos, porras y reclamos, Morena continúa el proceso de destape de sus “corcholatas” (léase candidatos) a las 17 gubernaturas en juego en los comicios de junio de 2027. Pura felicidad para quienes resultaron elegidos para obtener el eufemístico título de Coordinador (a) de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, o sea —para que nos vayamos entendiendo— el derecho a competir por una Gubernatura como candidatos de Morena.
El gobierno de la 4T ha impuesto formas y tiempos en los procesos electorales que se han convertido en prácticas consuetudinarias, a ciencia y paciencia de las autoridades electorales. Los tiempos de precampañas, destapes y campañas de candidatos, de acuerdo a la ley electoral vigente, inician en enero, marzo y abril, respectivamente, del año de la elección.
Desde que asumió el poder, Morena consideró que necesitaba más tiempo para sus campañas. Reformar la ley para alcanzar este objetivo no era ningún problema, ante su dominio mayoritario en el Congreso. Sin embargo, la propuesta no resultaba popular ante el alud de críticas que generaría el alto costo de las campañas.
Se buscó entonces una triquiñuela para alargar las campañas, al cambiar la designación de “candidatos” a quienes competirían por Morena para las gubernaturas, por el eufemismo de “Coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”.
La estratagema, sumada a la complicidad de una autoridad que finge demencia en vez de hacer cumplir la ley, permitió que Morena iniciara la selección de sus candidatos a las gubernaturas desde mayo pasado, con una ventaja significativa sobre sus competidores en la contienda electoral.
Conforme a su calendario, Morena está en pleno destape de sus “corcholatas”, las que, una vez definidas, continuarán en campaña, todavía con cuatro meses de anticipación a los tiempos legales.
Además de los ajustes al orden jurídico a través de reformas de ley y sus prácticas consuetudinarias a modo, la 4T cuenta con una autoridad electoral condescendiente, que se niega a reconocer la eufemística estratagema.
Sólo para esa autoridad (Instituto Nacional Electoral —INE—), quienes se presentan como candidatos, declaran y actúan como candidatos y hacen campaña, mítines y recorridos casa por casa como candidatos, no son candidatos porque no hacen llamados al voto. Por lo mismo, según el INE, no incurren en actos anticipados de campaña.
Algo más. Extrañamente, el INE dio marcha atrás a la emisión de reglas adicionales para regular los procesos internos de los partidos políticos, por lo que Morena y los partidos que se le sumen podrán continuar con la práctica de disfrazar a sus candidatos con el cargo partidista interno de “coordinadores”.
El INE no comienza este proceso en su mejor momento. Desconfianza, quejas, reclamos, acusaciones, desacuerdos internos, renuncias inoportunas, nombramientos provisionales y problemas presupuestales distraen su atención.
Son circunstancias muy distintas y distantes del INE que mereció reconocimientos internacionales por su modelo operativo y el servicio profesional de su personal civil, o del que fue distinguido como una institución clave para garantizar el respeto al sufragio y la voluntad popular bajo altos estándares de certidumbre legal, entre otros.
El actual Instituto Nacional Electoral genera más dudas que certezas en la imparcialidad de su desempeño como árbitro electoral. Hay desconfianza desde la forma como ha nombrado a los más recientes consejeros, además de la inocultable cercanía de algunos consejeros con el gobierno de la 4T.
Sin la menor preocupación por cuidar la cualidad más preciada del INE, que es su autonomía, en la ceremonia de inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, sus autoridades consideraron conveniente tener como invitada de honor a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Algo que se evitó durante 30 años, a partir de la reforma electoral que desvinculó al gobierno del manejo y conducción de los procesos electorales.
Una evolución importante en el fortalecimiento de la democracia mexicana, que no fue fácil ni rápida y que habría que cuidar para que el gobierno se mantenga, respetuosamente, ausente y ajeno al desarrollo de los procesos electorales del país, y evitar tentaciones.
23 de septiembre de 2026
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