Infame distorsión de los hechos

Texto e imagen: © Fernando Silva

Observar la subordinación y/o perversión en buena parte de los comunicadores (lectores de noticias) que desempeñan su labor en la mayoría de los medios privados de comunicación masiva permite considerar que, posiblemente, padecen distorsión cognitiva, ya que no es normal que estos profesionales de la mentira y la desinformación manipulen los hechos con cinismo y el brutal objetivo de embelesar a sus audiencias, socavando su confianza hacia quienes dirigen las instituciones públicas, tergiversando todo lo que tenga relevancia y/o conexión con justos programas y obras de bienestar social.

De esta manera, acatan disciplinadamente los mezquinos objetivos de grupos de empresarios que discriminan, menosprecian y marginan a quienes no consideran sus pares basándose en su valor económico, posición social y origen de clase.

Evidentemente, buscan debilitar la certidumbre de ese sector de la población e influir particularmente en los procesos electorales, aunque ello suponga propagar infundios, hipérboles o usar a los mentados bots, que realizan con alguna aplicación de software automatizada que lleva a cabo tareas repetitivas —rápidas y precisas— con específicas instrucciones, a ejemplo o semejanza del comportamiento humano, especialmente en las plataformas digitales que permiten conectarnos, comunicarnos y compartir contenidos en tiempo real.

Asimismo, la extralimitación en el uso de la inteligencia artificial, que permite simular procesos con la pérfida ambición de alterar la percepción, el aprendizaje, el razonamiento y la toma de decisiones, embaucando con textos, audios e imágenes a un cuantioso número de personas.

Infaliblemente, ninguno subsana en bien de dedicar un trato de respeto a sus espectadores. ¿Será porque los consideran ignaros o crédulos? Si es así, urge sensato saneamiento en los medios masivos de comunicación privada para que —mediante un código ético común— la transmisión de la información sea veraz y con encomiable credibilidad.

En ese sentido tenemos —como público mediático y no meramente como agentes de producción de sentidos— los Derechos de las Audiencias, que integran los lineamientos de orden público con el objeto de regular, en el marco de competencia, los alcances y mecanismos para la defensa de nuestra facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor.

Tal potestad debe garantizar el ejercicio de los derechos en cuanto a noticias fidedignas, asimismo con el legítimo acceso a la información pública y de protección de datos personales, a través de una promoción de la transparencia y rendición de cuentas como base de una democracia participativa, entrando al sitio del órgano autónomo, Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la siguiente dirección electrónica: https://somosaudiencias.ift.org.mx/derechos-de-las-audiencias.php.

Por ende, podemos denunciar con sólidos y demostrables argumentos a un medio de comunicación, así como a cualquier informador, redactor, articulista, columnista, reportero, corresponsal, cronista, comentarista o editor de imágenes de mapa de bits que, de manera regular, generen o trasmitan noticias falsas, violencia digital o cibernética…

En este entendido, la profusión de noticias falsas que se propagan principalmente por la prensa, la radio, la televisión y las redes sociales, dificulta que los diversos públicos encuentren fuentes confiables en favor de las pautas de razonamiento que no distorsionen el debate público, polaricen a la sociedad ni dificulten tomar decisiones informadas, libres de interferencias y manipulaciones.

Tener presente que la trascendencia que tiene la veracidad en el desarrollo de las sociedades radica en la salvaguardia de la dignidad, tanto individual como colectiva, así como de la soberanía, ya que esta pundonorosa cualidad se encuentra fundamentada en la habilidad de cada uno para involucrarse en los razonamientos y las juiciosas disertaciones de las normas sociales, culturales, políticas y judiciales.

Por ello, el daño generado en la distorsión cognitiva al transmitir maliciosamente hechos alterados, los asentimientos, conformidades y los sentimientos de la gente tiene mayor peso cuando se descubre que lo comunicado —que debería permitir ampliar o precisar el entendimiento— es falso. Así se condiciona lo que creemos o sabemos, teniendo en cuenta que una información con alto grado de emocionalidad recibe más atención y credibilidad que la de contenido racional.

Lamentablemente, la distorsión cognitiva se presenta como uno de los factores criminógenos al difundir una percepción perjudicial del entorno social, lo que contribuye a propiciar mayores conflictos interpersonales. A partir de estas deformaciones o interpretaciones sesgadas de los hechos, un preocupante porcentaje de personas elige ser agente de brutalidades y violencia de todo tipo, ya que conceptúan sus conductas infractoras de forma egocéntrica, aminorando los resultados de sus transgresiones, su responsabilidad y, peor aún, atribuyendo hostilidad contra ellos por parte de sus víctimas.

En tal paradigma que ha alterado las normas profesionales y supuesto un cambio drástico en lo que concierne a la comunicación, particularmente en la Internet, el funcionamiento de las redacciones y el replanteamiento del tradicional rol del «informador», atribuido esencialmente a periodistas, tiene en este entorno un claro espacio para la mejora.

Por consiguiente, quienes ejercemos este noble oficio con capacidad y aplicación relevante, debemos ser conscientes de lo trascendental que es velar por nuestra reputación, ejerciendo con valores humanistas, ética, honestidad y claridad al decidir cómo enfocar la información, más allá del puro interés hacia una circunstancia temporal que afecta a una persona o grupo en un momento específico debido a factores externos como una crisis económica, una desgracia natural, un cambio de gobierno, manifestaciones socioculturales…

El papel social del periodista con acreditada probidad exige mantener un alto grado de integridad. Esto incluye el derecho y la responsabilidad para abstenernos de trabajar en contra de nuestras convicciones, así como evitar caer en las garras de los dueños de esos medios de comunicación que promulgan la infame distorsión de los hechos, además de declarar oficialmente el estado ilegal, irregular o inconveniente de sus actos.