La falta de medicinas es un problema moral

Culminar el tema de la falta de medicamentos no puede hacerse con un epílogo amable o con cifras redactadas en la comodidad de un escritorio. Para muchos lectores que nos han escrito, el problema no es técnico ni pasajero, es moral. Y no exageran: cuando el sufrimiento está en los hospitales, no en los discursos, la política pública deja de ser abstracta y se vuelve letal. “No entiendo cómo la gente no lo ve”, dice alguien con un dejo de frustración.

El castigo presupuestal no recae sobre quienes establecen prioridades, sino sobre quienes dependen de ellas para vivir. Esa es la paradoja más cruel de la modernidad administrativa: mientras se jubilan eslóganes y cifras alegres, la vida real se desangra en consultas canceladas y recetas que nunca se surtieron.

Los datos confirman esta percepción social. En 2025, el gasto público en salud cayó a niveles que no se veían desde hace más de una década: entre enero y marzo fue 14.3 por ciento menor a 2024, la cifra más baja para un primer trimestre desde 2010 (Mexico Business News).

Más aún: el presupuesto total destinado al sector salud para este año es alrededor de 918 mil millones de pesos, 11 por ciento menos que en 2024 (Mexico Business News). Este retroceso ocurre en medio de una creciente demanda de servicios, enfermedades crónicas y una población que envejece. Y aunque la estadística oficial de salud equivale a casi 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), sigue muy por debajo de lo que recomiendan los organismos internacionales para garantizar cobertura universal. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico —OCDE—.

En la práctica, significa que la atención pública funciona con los pulmones a medias. Medicinas esenciales —antirretrovirales, quimioterapias, antibióticos— continúan con un surtimiento intermitente, pese a la narrativa oficial de que la crisis de desabasto está “casi superada” (El País+1).

El caso del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ilustra con crudeza esta falla estructural. Desde hace décadas, el acceso gratuito y continuo a antirretrovirales ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces para contener el virus: cuando se toman de manera adecuada reducen la carga viral a niveles indetectables y frenan la transmisión, pero cuando los tratamientos son irregulares por falta de medicamentos, ocurre lo contrario: quienes viven con VIH dejan de recibir la terapia y la infección se propaga, lo que no sólo afecta a “grupos de riesgo”, sino a la población en general.

La interrupción de tratamientos también se ha correlacionado con aumentos preocupantes de sífilis, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual, lo que evidencia una insuficiente respuesta pública de salud (Infobae).

Más allá de los números, médicos y personal de salud han alertado del impacto de esta carencia en las mortalidades materna y perinatal asociadas al VIH, un fenómeno pocas veces nombrado en los informes oficiales, que ocurre ante la ausencia de tratamientos y pruebas oportunas.

Para los lectores que nos escribieron para recordar que “…en cultura, en educación, en ciencia… y en salud… siempre castigan lo esencial”, los datos no son sorpresivos: el gasto público sigue relegado, sobre todo cuando se trata de rubros que no generan réditos políticos evidentes ni campañas emocionantes.

El desprecio estructural por lo público no es casualidad ni accidente. Es resultado de prioridades que valoran la imagen sobre la sustancia: anuncian grandes cifras, inauguran plataformas digitales de compras y prometen transparencia, pero se permite que comunidades enteras enfrenten la falta de medicinas esenciales y el aumento de enfermedades prevenibles.

Tal vez la pregunta no sea cómo llegamos aquí, sino cuánto más normalizaremos la falta de medicinas, el corte de servicios básicos, la postergación de inversiones en salud pública, porque cuando el Estado reduce su compromiso con la vida de la población deja ver algo más profundo sobre qué y a quiénes considera valiosos.

Y esa, finalmente, es una discusión cultural antes que presupuestal.