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La vida de las mujeres en Sinaloa bajo el gobierno de Rocha Moya



Por Omar Garfias

@Omargarfias


El 72.3 por ciento de los hombres sinaloenses en edad de trabajar está incorporado al mercado laboral, mientras sólo 46.8 de las mujeres lo está. Hay una brecha de desventaja notoria en las condiciones de las mujeres para buscar empleo, mantenerse en un trabajo o emprender un negocio.

Cerrar la brecha que padecen las mujeres de participación en el mercado laboral requiere transformar la organización social de los cuidados para que puedan salir de su casa con la atención a niños, enfermos y adultos mayores resuelta y garantizar la seguridad pública para recorrer las ciudades y el estado sin peligro.

Es necesario instrumentar programas y acciones gubernamentales que amplíen la oferta de servicios de cuidado infantil y establecer condiciones laborales y de paz pública adecuadas para generar igualdad de oportunidades para las mujeres en la economía.

Desde la recuperación económica post pandemia, la participación de las mujeres sinaloenses en el mercado laboral ha empeorado, en lugar de mejorar. En diciembre de 2023 fue de 49.9 por ciento; en el mismo mes de 2024 bajó 2.6 puntos porcentuales, y en diciembre pasado disminuyó otro medio punto. Hay 11 mil 763 mujeres menos en el mercado laboral que hace dos años.

La calidad de los empleos también ha empeorado durante la administración del doctor Rubén Rocha.  El porcentaje de mujeres que trabaja en las peores condiciones de tiempo y salario subió de 18.5 a 21 por ciento desde que inició la administración.

Es información oficial de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La misma fuente expone que en el cuarto trimestre de 2025 había 105 mil mujeres sinaloenses que querían un empleo.

En su cuarto informe, el gobernador indica lo que ha hecho para resolver ese problema específico de más de 100 mil mujeres sin empleo: consiguió que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN) no cobre sus cursos a 1 mil 344 mujeres; ha dado pláticas sobre autonomía económica a 40 y sobre educación financiera a 20.

La evidencia dice que el gobierno del estado no ha hecho lo que debería para cerrar la brecha de participación laboral de las sinaloenses.

Antes de iniciar la administración del doctor Rubén Rocha, la tasa de mujeres que mueren por cáncer de mama en Sinaloa, por cada 100 mil habitantes, estaba 1.8 puntos porcentuales mejor que la tasa nacional. Cuatro años de gobierno morenista después, la tasa de mortalidad sinaloense está 3.1 puntos porcentuales peor que la nacional, según datos del propio informe de gobierno.

El gobernador prometió bajar la proporción de mujeres que mueren en el parto a 16.7 por cada 100 mil nacimientos. En 2022, el indicador fue de 24.8; tres años después (2025) es de 22.6. Faltan dos años y está muy lejos de cumplir su promesa.

La evidencia dice que el gobierno del estado se desempeña con insuficiencias e ineficiencias para atender la salud de las sinaloenses.

El delito de feminicidio sucedió más en Sinaloa que en cualquier otro estado en 2025. La tasa fue la más alta: 2.2 por cada 100 mil habitantes. En Nuevo León fue de 0.2 feminicidios, 11 veces menos.

Comparado con 2024, el feminicidio subió 145 por ciento. Respecto a 2018, aumentó 35 por ciento, y en relación con 2015 creció 367 por ciento.

La tasa de feminicidios en Culiacán fue la tercera más alta en los municipios del país: 3.6. Comparado con 2024, el delito subió 250 por ciento. Respecto a 2018, aumentó 26 por ciento, y en relación con 2015 creció 563 por ciento.

Sinaloa está peor que antes de la narcopandemia, peor que al inicio de la 4T y peor que hace 10 años.

Más grave es que, ante el aumento del problema, disminuyó la exigencia ciudadana para que el gobierno tenga una política eficaz contra el feminicidio.

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es un mecanismo de emergencia para erradicar la violencia feminicida en territorios específicos, al ordenar acciones gubernamentales inmediatas, en las que incluye medidas de seguridad, prevención y justicia.

En 2016 sucedieron 45 feminicidios en Sinaloa y las movilizaciones de colectivas y personas consiguieron que en marzo de 2017 se decretara la alerta de violencia de género en el estado. En 2025 hubo 72 feminicidios, pero la alerta está en pausa por trámites administrativos federales.

A pesar de ello, algunas colectivas y dirigentes feministas dejaron de exigir porque ahora tienen cargos importantes en el gobierno. Ya no protestan como antes. Sus marchas ahora son desfiles oficiales. No buscan más que el gobierno resuelva el problema; ahora buscan candidaturas. Dejaron solas a las organizaciones y luchadoras más consecuentes.

El gobierno de Sinaloa no tiene una política pública eficaz para disminuir las brechas de desigualdad que padecen las mujeres ni para mejorar sus condiciones de economía, salud y seguridad.

No realiza un trabajo profesional con diagnósticos serios, acciones eficaces y evaluación permanente de resultados. Finge trabajo al impostar una secuencia de eventos, firmas e inauguraciones con auditorios subordinados, sin seguimiento ni evaluación. Todo termina en la foto y el boletín de prensa.

Tras el café con galletas y las sonrisas de relaciones públicas hay una realidad terrible de desempleo, enfermedad y asesinatos de mujeres en Sinaloa.

Pero también hay grupos y colectivas admirables, con mucho pensamiento y acción, que están generando iniciativas importantes.

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