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Por Omar Garfias
@Omargarfias
Es la carencia social la mayor manifestación de pobreza y, a la vez, su causa más grande.
Son las personas que no tienen ninguna protección ni ingreso cuando se enferman, accidentan o llegan a viejos, y tampoco tienen servicio médico del IMSS, ISSSTE u otra institución pública.
Los que se las tienen que arreglar solos.
Son 64 millones de mexicanos, un millón 200 mil sinaloenses, según la encuesta del Coneval.
El 39 por ciento de los sinaloenses están en esa situación, el 65 por ciento de los mexicanos.
El ritmo de reducción es extremadamente lento, prácticamente inexistente.
Un millón 700 mil personas menos en cuatro años, tres puntos porcentuales.
A este paso se necesitarían 150 años para resolverlo, ya cuando hubieran muerto todos.
En México, poco más de 32 millones de personas se encuentran en condiciones de informalidad laboral, esto es, sin prestaciones, el 55 por ciento de la población ocupada, de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
“Alrededor de un tercio trabaja en empresas formales y paga el Impuesto sobre la Renta cada mes al SAT, sólo que no tiene seguridad social porque su empresa no los registra en el IMSS”, explica el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
Aquí resalta la falta de inspección de las autoridades laborales.
No ha sucedido la separación entre poder político y económico de modo tal que el primero haga acatar la ley al segundo.
La carencia de seguridad social afecta a tanta gente, devasta tantas vidas y provoca tal desigualdad que debiera tener un papel más visible en la conversación pública.
Para encontrar la vía hacia un futuro distinto es necesario deliberar sin dogmas que enceguecen y sin agendas que sólo incluyen lo inmediato y pasajero.
Las causas de tal desprotección social son muy de fondo de nuestra sociedad, temas estructurales del modelo de desarrollo del país.
Están imbricadas con las razones profundas por las que crece poco nuestra economía.
Residen en que tenemos un mal curso de desarrollo, una economía sin inclusión social.
Hay una disfuncionalidad que permite que en nuestra economía exista una alta cantidad de empresas de baja productividad que sobreviven con base en pagar salarios muy bajos y no cumplir con las prestaciones que marca la ley.
Desde el gobierno se fortalece esta disfunción al solapar a los que no cumplen la legislación y crear un sistema de salud y de pensiones de calidad más baja con la que se conforman quienes no están registrados en el IMSS o en el ISSSTE.
La escolaridad de la mano de obra ha aumentado de 6.8 años en 2005 a 8.7 años en 2018. Sin embargo, su productividad no se ha elevado.
Tenemos un mercado laboral incapaz de convertir la mejor calificación de la mano de obra en más productos y mejores empleos.
Una muestra es que hay miles de profesionistas haciendo labores de poca calificación. Están en empresas que no invierten en tecnología ni en capacitación, no procuran eficacia ni productividad. Su beneficio lo obtienen con base en bajar costos laborales.
Una gran parte de las empresas son de tamaño tan micro que no pueden hacer compras de mayoreo, mejorar procedimientos, digitalizar, acopio seguro de materias primas, llevar una contabilidad ordenada y tener sistemas de inventario, pero sobreviven porque sus empleados, que muchas veces son los mismos dueños y, por ejemplo, no tienen Afore, sólo esperan a ser beneficiarios de la pensión Bienestar con 2 mil 400 pesos mensuales.
En Sinaloa hay 67 mil ancianos cuyo único ingreso es el del programa federal y por eso no pueden salir de la pobreza. En todo México son 2 millones y medio.
Estas empresas improductivas mueren incesantemente, pero no para dar paso a empresas productivas sino para ser sustituidas por otras igualmente improductivas.
La economía está entrampada, asignando recursos humanos a empresas improductivas.
Nuestra población está condenada a no tener prestaciones de seguridad social.
Destrabar esta trampa disfuncional requiere muchas modificaciones legales e institucionales.
Entre ellas resalta la pertinencia de desligar el sistema de seguridad social de la condición laboral de las personas.
De ese modo ya no sería ventaja eludir las prestaciones.
La meta es construir un sistema de instituciones y programas que asegure un conjunto de derechos básicos a todos los mexicanos.
Un solo sistema de salud pública como derecho de todos los mexicanos.
No debe haber instituciones de seguridad social excluyentes.
Nada de que IMSS para unos e IMSS-Bienestar para otros.
Nada de prestaciones laborales para unos y asistencia social para otros.
Necesitamos un nuevo curso de desarrollo con una economía que incentive la productividad, que asigne los recursos en forma eficiente y una política social creadora de capacidades y protectora ante vulnerabilidades y catástrofes que evolucione hacia una renta básica.
Un sistema de seguridad social financiado con impuestos generales progresivos.
Que todos tengan, al menos, un mínimo digno de condiciones de salud, educación, vivienda, ingreso, servicios básicos y alimentación.
Que nadie se quede atrás.
Que nadie crea que no nos importa.
Que todos tengan seguridad social, eso es una transformación.