¿Quién pacificará Sinaloa?
@Omargarfias
En 2021, antes de que Morena ocupara la gubernatura, en el 13.9 por ciento de los delitos denunciados la Fiscalía puso al delincuente a disposición de un juez.
Mes y medio antes de tomar posesión, Rubén Rocha Moya pidió al fiscal renunciar aunque le quedaban dos años cinco meses para ejercer el puesto. No es un rumor, lo declaró a la prensa el 15 de septiembre: “Platicamos Ríos Estavillo y yo. Quedamos que dejará el cargo”, proclamó su intervención para contravenir lo que mandata la Constitución del Estado de Sinaloa.
Con los fiscales puestos por Rocha, el porcentaje de delincuentes puestos a disposición de un juez fue bajando hasta llegar a 1.7 por ciento en 2024 y 2.5, en 2025, los años de la narcopandemia.
Son datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Desde 2010, cuando inició a levantarse la ENVIPE, nunca se habían presentado porcentajes tan bajos de delincuentes puestos a disposición. Es mentira que todos los problemas de seguridad venían del pasado. Esta debilidad específica tan grande de la Fiscalía la creó Morena y no tiene previsto remediarlo. Ni Graciela Domínguez ni Imelda Castro han tocado, siquiera, el tema.
En 2026, el 62.1 por ciento de los sinaloenses consideró a la inseguridad como el problema principal que aqueja al estado. En 2021 fue el 48.1 por ciento.
En 2026, el 24.7 por ciento de la población identifica que alrededor de su vivienda ocurrió un homicidio. Nunca en la historia registrada por el INEGI, una proporción tan grande de los sinaloenses vivió tal circunstancia. En 2021 fue el 14.4 por ciento.
El asesinato de personas ha sucedido en todos los horarios, en todo tipo de lugares: el Congreso, el Palacio de Gobierno, las cárceles, los ayuntamientos, las carreteras, las escuelas, los parques, los hospitales, las ambulancias, las calles, frente a la Fiscalía, etcétera. Todo el territorio estatal es campo tan dominado por el crimen organizado como para quitarle la vida violentamente a quien quieran. El gobierno no ha recuperado un solo espacio. No hay dónde la delincuencia no pueda operar.
En el dato más reciente sobre cambios de conducta, 2025, el INEGI informa que el 69 por ciento de la población ya no permite que los menores de edad salgan solos a la calle. En 2021, el porcentaje fue 42.7 por ciento.
El 24.8 por ciento ha dejado de ir a la escuela. En 2021 era el 2.4 por ciento. El problema se ha multiplicado por 10. En la historia registrada por INEGI nunca había sucedido tal golpe a la educación de la niñez y juventud sinaloenses.
El 47.1 por ciento ha dejado de visitar parientes y amigos. En 2021, el porcentaje fue de 17. Nunca en la historia registrada por el INEGI había sucedido un desgarramiento tan grande del tejido social. Los lazos de solidaridad por parentesco o camaradería se han roto y la comunidad sinaloense se ha desintegrado en ínsulas individuales cada vez más aisladas.
Otros datos confirman que se da esta ruptura civilizatoria y se fortalece la salida aparente de “sálvese quién pueda y cada quién por su lado”.
Mientras en Morelos el 14.5 por ciento de la población se organiza con sus vecinos para realizar acciones conjuntas de prevención, en Sinaloa sólo se une el 3.7.
Es lógico que la reacción sea aislarse y protegerse individualmente. Es un fenómeno recurrente en la historia. Es entendible, pero ineficaz para alcanzar la paz y la seguridad.
El primer actor que debería encarar el peligro que significa el crimen organizado para la seguridad ciudadana y aglutinar a la sociedad en torno a él es el gobierno y no lo ha hecho. Su actitud es desestimar el problema, decir que no es tan grave, que hay avances, que hay trabajos importantes, que hay mucha coordinación, que hay que festejar la independencia y así ha dejado vacío el liderazgo que necesita una comunidad tan amenazada.
Hay que agregar que la arena pública es desestimulante para el ciudadano pues ahí se da cuenta que la autoridad está vinculada al crimen organizado. Entrar a la política es sentirse rodeado de actores que son parte de la mafia y no hay espacios suficientes y confiables donde se pueda unir a otros ciudadanos para hacer más fuerte su presencia.
Lo paradójico es que el individualismo aislado como reacción a la inseguridad sólo hace más vulnerable al ciudadano.
Son la acción colectiva para exigir al gobierno o para cambiarlo democráticamente y la colaboración comunitaria para prevenir y protegerse lo que históricamente ha dado resultados para pacificar las sociedades.
Sinaloa pasa por un momento donde el ciudadano común reconoce que el gobierno no controla el territorio, no encuentra suficientes espacios de diálogo y unificación, las instituciones políticas no hacen un ejercicio de agregación de fuerza social ni de propuestas de solución, por lo que recurre al aislamiento y desconfía de todos.
Por eso las marchas son importantes, porque fortalecen la acción colectiva. En eso se abundará en la siguiente columna. Concluyo con un dato central:
El miedo afecta al 81.3 por ciento de los sinaloenses mayores de 18 años, quienes consideran que vivir en Sinaloa es inseguro. En 2025 el porcentaje fue 80.5. En 2021, 60 por ciento. Nunca en la historia registrada por el INEGI este problema ha sido tan grande.
¿Quién pacificará?
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