Santa Marta propone hojas de ruta para dejar los combustibles fósiles
- migueldealba5
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Calificada como el “inicio de una nueva democracia climática global”, la reunión a favor de una transición energética terminó con más tareas que resultados definitivos, aunque se mantiene la duda sobre un espacio que buscará empujar y complementar la implementación del Acuerdo de París.
Por Francisco Parra y Esteban Tavera / Santa Marta, Colombia
"Es mi primera conferencia multilateral no frustrante". La frase de Irene Vélez Torres, ministra de Ambiente de Colombia, sintetiza el espíritu de lo ocurrido en Santa Marta durante cinco días. No hubo texto negociado por unanimidad; no hubo compromisos cuantificados de financiamiento ni nuevas adhesiones formales al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Lo que sí hubo fue un acuerdo sobre el trabajo que sigue, mediado por la voluntad.
La Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, convocada por Colombia y Países Bajos entre el 24 y el 29 de abril, reunió a 57 países y más de 2.600 organizaciones registradas.
Su producto formal es "una representación factual de lo que los participantes pusieron sobre la mesa", que será complementada por un informe completo antes de las reuniones intersesionales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Bonn, en junio de este año.
El documento oficial identifica cinco resultados concretos. Dos son institucionales: la creación del Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET), copresidido por Carlos Nobre y Johan Rockström, y el anuncio de la segunda conferencia en 2927, que tendrá como coanfitriones a Tuvalu e Irlanda. Los otros tres son los grupos de trabajo temáticos, que estructurarán el proceso.
Hojas de ruta para abordar los puntos ciegos de las NDC
El primer grupo de trabajo aborda lo que Vélez llamó "el punto ciego más importante" del sistema climático actual: las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) –los compromisos climáticos de los países en el marco del Acuerdo de París– miden emisiones dentro de las fronteras, pero no contabilizan las emisiones exportadas a través de los combustibles fósiles que un país produce y vende al exterior, ni se hacen cargo de la transformación productiva que supone abordar una transición energética.
Este grupo de trabajo conectará a los países con el SPGET y con la NDC Partnership para desarrollar hojas de ruta específicas de salida de fósiles —por combustible, sector productor y consumidor, adaptadas a las circunstancias nacionales— que se articulen con las NDC existentes sin reemplazarlas.
Otro informe científico, el Santa Marta Action Repertoire (SMART), elaborado por 24 investigadores de diez instituciones, es el insumo técnico de partida: sus primeras dos recomendaciones son desarrollar esos planes integrales de transición y proteger los medios de vida de trabajadores mediante la reconversión laboral anticipada.
Otro trabajo académico presentado fue liderado por la Universidad de Leeds y establece una posible hoja de ruta para que Colombia transicione fuera de los fósiles a través de políticas que permitan reducir 90 por ciento de emisiones para 2050, según los niveles de 2015.
Desde la sociedad civil, 809 organizaciones convergieron en que las hojas de ruta deben incluir "calendarios legislados de eliminación progresiva con fechas de cierre claras y metas de descarbonización absoluta", junto con una moratoria a nuevas licencias de exploración, especialmente en ecosistemas sensibles como la Amazonía y el Gran Caribe.
Los sindicatos agregaron una condición no negociable: que las hojas de ruta se construyan con participación sindical vinculante e incluyan planes de reconversión laboral que puedan comenzar mientras las operaciones extractivas todavía están activas, para "evitar pérdida de ingresos durante la transición".
Los pueblos indígenas cuestionaron que las hojas de ruta energéticas —incluidas las de energía renovable— puedan diseñarse sin titulación territorial previa ni consentimiento previo, libre e informado con poder de veto. El sector Pueblos Indígenas advierte que "proyectos eólicos, solares o hidroeléctricos en territorios indígenas han reproducido los mismos patrones de imposición, desplazamiento y falta de beneficios locales que la extracción fósil".
Su propuesta alternativa tiene nombre propio: soberanía energética comunitaria, sistemas de pequeña escala diseñados y gestionados por las comunidades para usos que ellas mismas definen.
Las tres trampas del sistema financiero
El segundo grupo de trabajo parte de un diagnóstico que la ministra colombiana enunció: el Sur Global enfrenta simultáneamente una trampa fiscal —dependencia de ingresos fósiles para financiar servicios públicos—; una trampa de deuda —sin espacio fiscal para invertir en la transición—, y una trampa de subsidios —que mantienen a los fósiles artificialmente competitivos—. Las tres se retroalimentan.
Abordar la dependencia macroeconómica de los fósiles y su vinculación con la arquitectura financiera internacional es el segundo grupo de trabajo, apoyado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), e identificar mecanismos para desactivar cada trampa.
El documento de síntesis de la Conferencia menciona como opciones concretas los canjes de deuda por acción climática, la expansión del financiamiento concesional no condicionado a deuda, la reforma de las calificadoras crediticias para que valoren inversiones anticipadas en transición y la creación de plataformas de coordinación entre países exportadores e importadores de combustibles fósiles.
Los académicos del SMART identificaron el rol de los bancos centrales como una oportunidad subutilizada: sus mandatos de estabilidad de precios los habilitan a reducir el costo del financiamiento para energía limpia —lo que el documento llama protección contra la "fossilflation", los peaks inflacionarios generados por la volatilidad geopolítica de los mercados fósiles. Un grupo académico sobre la banca central que participó en Santa Marta anunció que continuará el trabajo en esa línea.
Las ONG señalaron un elemento estructural que los mecanismos de financiamiento suelen ignorar: la evasión fiscal de las empresas del sector fósil, que limita la capacidad de los Estados para financiar la transición con recursos propios.
Los sindicatos pusieron una condición: cualquier mecanismo de financiamiento climático debe incluir "cláusulas de transición justa con participación y monitoreo sindical" porque, de lo contrario, los recursos se dirigen a la descarbonización sin garantizar la equidad social.
Descarbonizar las balanzas comerciales
El objetivo del tercer grupo de trabajo es mapear cuánto del comercio internacional entre los países de la coalición se basa en combustibles fósiles, calcular la huella de carbono exportada de cada economía y diseñar mecanismos de coordinación entre productores y consumidores, que permitan reemplazar esos flujos comerciales sin destruir las economías que dependen de ellos.
Vélez afirmó que "queremos hacer un mapeo de balanzas comerciales en exportación y crear un mecanismo de matching que refleje la necesidad de dejar de exportar commodities fósiles y asegurar que con otros países podamos garantizar el cambio de la balanza comercial".
El concepto de fondo es el de un sistema de comercio libre de combustibles fósiles —un "fossil fuel-free trade system"— que alinee los incentivos económicos con los objetivos climáticos. No es una idea nueva, pero sería la primera vez que un proceso intergubernamental la convierte en un grupo de trabajo operativo.
El SMART recomienda implementar gravámenes armonizados a la oferta de combustibles fósiles para incentivar cambios en la demanda y financiar transiciones justas, y usar ajustes en frontera para productos intensivos en carbono para evitar la fuga de emisiones.
También propone que los sistemas de clasificación de reservas se conviertan en herramientas de transparencia que obliguen a divulgar pasivos de abandono, costos de desmantelamiento y trayectorias de declive.
El futuro
“En los próximos meses, países que no participaron en la conferencia podrían sumarse a la iniciativa, porque los combustibles fósiles ya no son sostenibles desde el punto de vista financiero. Representan el camino más costoso”, dijo Evelyn Hartig, directora de la Fundación Heinrich Böll, Oficina Bogotá, sobre las expectativas que abre la conferencia a futuro.
Mientras tanto, hasta que se haga la segunda conferencia en Tuvalu, en 2027, funcionará un grupo de coordinación que deberá garantizar la continuidad del trabajo de todos los grupos. Este grupo coordinador estará bajo el liderazgo de Reino Unido, Dinamarca, Brasil, Francia, Islas Marshall, Colombia, Países Bajos, Tuvalu e Irlanda, y contará con la asesoría del Grupo de Activación de la COP30.
Este grupo entregará un documento formal a Brasil como Presidencia de COP30, país que desarrolla una hoja de ruta global para la salida de fósiles, como anunció en la clausura de la cumbre climática de Belém, en 2025.
La estructura de los grupos de trabajo y su conformación se definirá antes de la segunda conferencia, en la pequeña isla de Tuvalú, en el Pacífico. Los tres grupos deberán informar de su progreso ante la segunda conferencia.
Santa Marta no dejó ningún compromiso vinculante que mandate a los 57 países participantes a hacer la transición más allá de los fósiles.
Si bien Colombia y Países Bajos insistieron en que no se trató de una negociación, se pudo confirmar que fueron los europeos quienes se opusieron a dar un carácter vinculante a los resultados de la reunión.
Este texto fue producido por Climate Tracker América Latina con el apoyo de Heinrich Böll Stiftung - Oficina Bogotá