Sin exigencia no hay justicia (III)
Por Omar Garfias
@Omargarfias
En 2024, la Fiscalía estatal de Sinaloa cerró el año con 85 mil 875 procedimientos registrados en las carpetas de investigación pendientes de concluir. En 2025, cerró el año con 106 mil 146 pendientes. Aumentó el rezago y, por lo tanto, la impunidad.
En 2024 quedaron pendientes de concluir 1 mil 309 órdenes judiciales (aprehensión, citación, etcétera). En 2025, mil 609. Aumentaron el rezago y la impunidad.
Lo anterior no es sorprendente porque antes de que estallara la crisis de violencia en 2024, la Fiscalía General del Estado (FGE) operaba con mil 997 trabajadores y, ya desatada la peor ola de inseguridad en la historia de Sinaloa, la respuesta del gobierno y el Congreso fue añadir, para 2025, apenas 17 empleados a la plantilla. Una cifra insignificante para hacer frente al aluvión de miles de asesinatos, robos y desapariciones que hoy azotan al pueblo sinaloense.
Son datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En 2021, antes de que Morena entrara a gobernar Sinaloa, la Fiscalía ejerció un presupuesto de 661 millones de pesos a precios de 2018. Estallada la mayor crisis de inseguridad y violencia de la historia del estado, para 2025 el poder morenista sólo agregó ocho millones (base 2018), respecto a aquel año.
El presupuesto de la Fiscalía de Baja California en 2026 es de 795 pesos por habitante; en Guanajuato, de 735; en Sonora, 826; en la Ciudad de México, 993; en Quintana Roo, 1 mil 345. El de la Fiscalía de Sinaloa, 397 pesos. Miserable, en comparación no con países desarrollados, sino con otros estados de México.
Descontada la inflación, para hacer la comparación correcta se usó la base de precios de 2018. El presupuesto de la Fiscalía incluso tuvo un descenso real de 60 millones en 2022. Lo primero que hizo el gobierno morenista que asumió el poder en Sinaloa fue quitar recursos a la institución responsable de investigar y perseguir el delito. Después le fue dando aumentos chiquitos.
El número de delitos registrados en Sinaloa por la FGE y la Fiscalía Feneral de la República (FGR) en 2021, antes de iniciar el gobierno de Morena, fue de 27 mil 425. En 2025, luego de cuatro años de la 4T, fue de 44 mil 416.
Las fiscalías son las instituciones responsables de investigar los delitos y llevar a los probables responsables a ser juzgados.
En Sinaloa no hay fiscalías capaces y autónomas. Ahí se asesina, roba y desaparece porque se pueden cometer esos y otros delitos sin ser castigados.
Para tener una Fiscalía capaz es necesario pasar de un presupuesto de 397 pesos por habitante a uno de 1 mil 345 (4 mil 169 millones de pesos de presupuesto total a precios corrientes, un aumento de 338 por ciento respecto al actual); pasar de 23 a 76 empleados sustantivos por cada 100 mil habitantes; alcanzar la certificación ISO 9001 e ISO/IEC 17025 para la adquisición de equipamiento, capacitación de ministerios públicos y el funcionamiento de laboratorios forenses; dotar de salario y prestaciones del mayor nivel internacional al personal y, aplicar los sistemas de control más estrictos para sanear de corrupción a la institución.
El primer campo de obstáculos para que el pueblo sinaloense cuente con una Fiscalía capaz es el del narcogobierno.
La actual gobernanza criminal necesita una Fiscalía débil, que no pueda impedir el funcionamiento del crimen organizado. Una prueba más de que la debilidad es planeada es que, en plena narcopandemia, redujeron de 228 a 217 el número de peritos. Como consecuencia, las solicitudes de apoyo pericial al trabajo de investigación sin atender aumentaron de 18 mil 843 en 2024 a 26 mil 61 en 2025. Hay ocho estados donde ninguna solicitud quedó sin atender.
La gobernanza autoritaria necesita una Fiscalía que no sea autónoma y que no aplique la ley en forma pareja, sino a conveniencia del gobierno; incluso, que sea su cómplice. Una prueba es el montaje que realizó la FGE en torno al asesinato de Héctor Cuén que la misma FGR evidenció.
El narcogobierno autoritario necesita una Fiscalía débil y dependiente de él. No está interesado en que sea capaz y autónoma.
El segundo campo de obstáculos para contar con una Fiscalía que acabe con la impunidad es la falta de un movimiento social que presione por ello.
Una parte de la élite económica, política y social está conforme con el hecho de que, cuando sea objeto del delito, pueda comunicarse con el gobierno y se resuelva su caso expeditamente, y que cuando sean ellos quienes cometan los delitos se comuniquen con el gobierno y sean disculpados.
La élite asume, además, que es menos vulnerable que el resto de la sociedad a ser víctima.
Otra parte de la élite está genuinamente preocupada, pero prefiere que no suceda una movilización social amplia que trastoque mucho el orden de las cosas. Lleva su acción a reuniones y comidas privadas con las autoridades para solicitar no lo necesario, sino lo que no les incomode. Sin mucha urgencia. Ese nivel de presión es muy manejable para el narcogobierno, que en cinco años se ha movido confortablemente en los márgenes que le permiten continuar con la debilidad institucional y la gobernanza criminal.
Otra parte de la élite y de los ciudadanos no han podido generar aún una movilización social que imponga un mayor costo político al gobierno y lo presione con un conjunto de exigencias concretas no evadibles.
Las marchas han sido un gran paso, pero todavía no derivan en una organización que comunique y vincule permanentemente a los ciudadanos, combine los recursos de todos para realizar acciones de presión y defina sólidamente las peticiones.
Faltan espacios de reunión horizontales, sin autoritarismo; mejorar la capacidad de diálogo antes de gritar; sistematizar los procesos y trabajar el análisis y la propuesta.
La sociedad civil se está organizando. Hay que juntarse y acudir a las convocatorias, porque sólo a los ciudadanos les importa tener paz.
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