Sin justicia nunca habrá paz ni seguridad

Por Omar Garfias

@Omargarfias

En tres años del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, la impunidad del delito de asesinato ha estado arriba del 93 por ciento: en 2022 quedaron impunes 452 homicidios; en 2023, 505, y en 2024 quedaron 925 sin castigo.

En los tres años del gobierno de Rocha Moya la impunidad para el delito de desapariciones ha sido del 100 por ciento: tres mil 244 víctimas y ningún sentenciado, según los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía estatal no es eficiente para investigar y perseguir el delito, y el Poder Judicial estatal no imparte justicia.

Debido a que es posible violentar impunemente, el delito de desaparición creció 77 por ciento en 2024 con respecto a 2021, cuando aún no gobernaba Morena en el estado.

El delito de asesinato creció 64 por ciento en 2024 con respecto a 2021.

Vivimos los peores tiempos; nunca antes hubo tantos delitos contra la vida de los sinaloenses en el periodo de septiembre a diciembre.

La impunidad del delito por robo a comercio en 2024 fue de 96 por ciento, y por robo a vehículo, de 99. Ambos aumentaron respecto a 2021, cuando aún no gobernaba Rocha Moya.

El daño de la impunidad a la economía dificulta el funcionamiento de los negocios porque los consumidores no salen, no vienen los de fuera e incluso se van los de aquí; aumentan las pérdidas por robo a las empresas; baja el poder adquisitivo del mercado interno y muy difícilmente llegan nuevas inversiones. Además, la impunidad es ideal para la corrupción en trámites gubernamentales.

Lo paradójico es que el gobierno del estado no se propone ni hace nada por mejorar la capacidad de las fiscalías para investigar y perseguir el delito.

En marzo de 2025, el gobernador y el congreso morenista cambiaron la Constitución estatal para, dijeron, “mejorar el acceso a la justicia”, pero dejaron intacta a la Fiscalía.

En diciembre decidieron un presupuesto para investigación y persecución del delito, que vuelve a poner a Sinaloa entre los estados que menos invierten en ello.

La Fiscalía estatal es señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) no sólo por no combatir efectivamente el delito, sino por tratar de encubrir a los delincuentes con montajes.

Considerando la carga de trabajo y los presupuestos para atenderla, la Fiscalía de Sinaloa tiene 10 por ciento de los recursos de que dispone la Fiscalía de Coahuila. No es sorprendente, en consecuencia, que la tasa anual de asesinatos por cada 100 mil habitantes fue de 32.28 en Sinaloa, mientras la de Coahuila fue de 3.90.

No se proponen reformar la Fiscalía ni fortalecerla, quieren que siga igual.

“El Poder Judicial no imparte justicia al pueblo”, fue un diagnóstico del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Sinaloa, ese Poder Judicial se extendió a ocupar los puestos del gobierno estatal morenista y se convirtió en poder político. Morena es ese Poder Judicial estatal ineficiente que denunciaba AMLO.

Lo que sí hizo el gobierno estatal fue aumentar su control sobre el Poder Judicial.

La función del Poder Judicial no es representar políticamente, sino administrar la justicia, por lo que debe integrarse no por personas populares, sino por personas con conocimientos jurídicos.

El cambio constitucional que hizo Morena no fortalece la independencia ni la autonomía del Poder Judicial; lo termina de subordinar a quienes tienen poder económico o político para ganar una elección.

El pueblo no va a elegir de entre los que quieran participar en un proceso abierto. Habrá comités que harán una criba antes de que se presente la lista a los electores, de forma que sólo podrán participar las personas que propongan el gobierno, los diputados o la cúpula judicial morenistas.

Los votos no los van a contar los ciudadanos sino los funcionarios electorales morenistas.

Sin pluralidad de participación y sin certeza de conteo, la elección judicial no será un proceso democrático. Previsiblemente, servirá para expulsar a los pocos funcionarios judiciales que no son de Morena.

Coincido con quienes advierten que cuando los funcionarios roben, van a tener de su lado al juez que ayudaron a ganar la elección.

Cuando el poder económico abuse de alguien, va a tener de su parte al juez al que ayudó a ganar la elección.

Cuando un criminal asesine a una persona, va a tener de su lado al juez al que ayudó a ganar la elección.

Destruyeron la poca paz que encontraron. Ahora van a destruir la poca justicia que hay.

Necesitamos una Fiscalía con una cantidad adecuada de policías de investigación y agentes del Ministerio Público, no cooptados por el crimen organizado; capacitados y equipados al más alto nivel; con salarios que les permitan muy buena calidad de vida; con apoyo de servicios de peritaje y con autonomía respecto a cualquier otro poder para que antepongan la captura de delincuentes por sobre cualquier otra consideración.

Necesitamos un Poder Judicial integrado por personas con conocimiento, no por ganadores de elecciones amañadas por el poder político y el crimen organizado.

Necesitamos una mejora regulatoria y legislativa que facilite la operación de las empresas, combata la corrupción y conforme relaciones equitativas y confiables entre los agentes económicos.

Necesitamos justicia, para no seguir siendo víctimas de delitos.